Una década después, solo 18 de las 132 piezas del ‘caso ERE’ han sido elevadas a juicio

El dinosaurio judicial que supone el caso ERE cumple una década este martes y ha engordado tanto que camina a paso de tortuga. Su parsimonia se debe a un descomunal tamaño adquirido en 2015, cuando se separó en 187 piezas, una por cada ayuda del fondo para empresas en crisis de la Junta andaluza entre 2001 y 2010. De ellas hoy permanecen vivas 132 tras decenas de archivos y prescripciones. Desde que la juez Mercedes Alaya abriera el sumario el 19 de enero de 2011 solo se han celebrado dos juicios: el de una subvención a una empresa de aceitunas y la pieza política que condenó a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y otros 17 ex altos cargos de la Junta.

Un dato revela la larga vida que aún tienen por delante los ERE fraudulentos: la Audiencia de Sevilla no puede albergar más de cinco juicios al año, según apuntan varios magistrados y fiscales por la coincidencia de acusados en muchos juicios y porque solo hay tres secciones penales habilitadas, lo que arroja un cálculo abrumador de 25 años de procesos consecutivos en una macrocausa que se antoja casi eterna. El atasco se ha duplicado desde el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla a la Audiencia y todas las piezas incluyen la atenuante de dilaciones indebidas, dado el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos.

La causa llegó a acumular dos millones de folios y hoy hay 85 piezas en fase de investigación ―diligencias previas―, 29 con las pesquisas concluidas ―en fase intermedia― y 16 asuntos elevados a la Audiencia para su enjuiciamiento, según el recuento realizado por el propio juzgado. Y dos juicios celebrados y ninguna sentencia firme, ya que el Supremo está pendiente de resolver la causa política por la que se enjuició el diseño del mecanismo de pago del fondo, dotado con 680 millones durante una década. Las personas investigadas alcanzaron hace dos años el pico de 507. “Ingrato es un adjetivo que se queda corto para definir el trabajo empleado”, comenta uno de los siete jueces que ha instruido el caso y que pide anonimato.

La investigación judicial iniciada por Alaya y la Guardia Civil cuestionó la política de empleo de los Ejecutivos andaluces socialistas y supuso un punto de inflexión en la política de la comunidad, al sentar en el banquillo a dos presidentes y condenar a Chaves por prevaricación y a Griñán a seis años de cárcel por malversación y prevaricación. Los jueces, en una sentencia de 1.821 páginas, estimaron que la excúpula de la Junta urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones que, sin control, repartió fondo a empresas en crisis. Dos semanas antes de que concluyera el juicio, en diciembre de 2018, el PP arrebató el poder en Andalucía al PSOE tras 36 años de Gobiernos socialistas.

El Tribunal Supremo estudia ahora esa primera sentencia de la Audiencia sevillana y decidirá este año o en 2022 si la ratifica o si la tumba y pone patas arriba la tesis principal de la macrocausa: que el mecanismo de pago era “fraudulento” y fue pergeñado por la cúpula del Gobierno para pagar los ERE de 77 empresas y conceder ayudas directas a decenas de empresarios al margen de los controles de la Intervención General.

Tras los recursos presentados por una veintena de abogados la pasada primavera, el alto tribunal debe decidir en breve si celebrará una vista para que expongan sus argumentos de viva voz, algo que pocas veces sucede. “No se puede aspirar a que los cinco jueces de la Sala [Segunda de lo Penal] se conozcan el millón de folios”, describe un letrado que pide reservar su nombre.

“Estamos en un momento de expectación, ante el Supremo pero también ante Acyco [la otra pieza ya juzgada], ambos pronunciamientos condicionarán los juicios ya señalados [16] (…) ¿Duración del caso? Calculo 15 ó 20 años, y muchos más”, vaticina Luis García, abogado del PP, que ha ejercido la acusación popular en la macrocausa desde 2011.

Para Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero Antonio Fernández, el caso arrastra “la tara de origen de criminalizar a priori las transferencias de financiación [el instrumento de pago], a pesar de tratarse de una herramienta presupuestaria neutra cuyo empleo fue establecido por las propias Leyes de Presupuesto, en lugar de seguir el rastro del dinero y comprobar en cada caso si estaba justificada su disposición (...) El caso sigue en pañales porque a estas alturas no ha habido un descenso a la práctica de prueba en juicio sobre la corrección o incorrección de la concesión y pago de cada una de las ayudas, salvo Acyco, para poder dilucidar si medió delito en cada caso. Esto no se hizo en el juicio principal ya celebrado y, después de 10 años, es un fracaso de la justicia”.

Tras un calvario judicial con final incierto, uno de los miembros de la excúpula del Gobierno condenado estalla: “Malversar es un verbo transitivo y la sentencia solo presupone, es todo un disparate. La leo y no sé por qué me condenan… ¡Aún no sé lo que he hecho mal! Yo sigo orgulloso de todo”, dice antes de pedir anonimato para evitar señalarse ante el Supremo.

A lo largo de la tortuosa instrucción fallecieron decenas de investigados, el más reciente hace solo tres meses Javier Guerrero, considerado el principal responsable de las ayudas, y que concedió como director general de Trabajo subvenciones millonarias a empresarios amigos y a su exchófer. Al menos, el dinosaurio dejó de engordar hace un año cuando la Guardia Civil dejó de remitir nuevos atestados y la cascada de nuevas piezas se secó de una vez por todas.