Cuatro exministros de Justicia claman por la urgente renovación del Poder Judicial

Cuatro exministros de Justicia han insistido este viernes en el cumplimiento de la Constitución y la urgente renovación del Poder Judicial. En el acto de clausura del 425º aniversario del Colegio de Abogados de Madrid, los exministros socialistas Juan Fernando López Aguilar y Juan Carlos Campo, así como los populares Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá han considerado inaplazables los pactos parlamentarios no solo para permitir el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces, sino también para facilitar reformas y verdaderos cambios de fondo en el funcionamiento de la justicia, y que los ciudadanos dejen de percibirla como un poder del Estado falto de independencia y fuertemente condicionado desde la política.

La reivindicación no se circunscribió, pues, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, aunque estos acuerdos sí se analizaron como muy perentorios. López Aguilar —ministro entre 2004 y 2007— habló de “continuidad agónica” del actual Consejo, cuyo mandato terminó hace más de tres años y medio, y cuya renovación consideró “absolutamente inexorable”. Ruiz Gallardón —titular del departamento de Justicia entre 2011 y 2014— se mostró convencido de que habrá un acuerdo para renovar el Consejo “con la legislación vigente”, porque la situación es “crítica” en diversos órganos judiciales, pero que se hará en paralelo una “reflexión profunda” sobre el sistema de elección de los vocales, porque los sucesivos métodos empleados acabaron viciándose.

Para Juan Carlos Campo —ministro entre 2020 y 2021— hay una obligación legal de renovar el Consejo cada cinco años, y la propia ley prevé que ningún vocal puede repetir, lo que hace más injustificable la prolongación de mandatos. Rafael Catalá —titular del departamento entre 2014 y 2018— sostuvo que el próximo órgano de gobierno de los jueces tendrá que trabajar por una “recuperación de legitimación”, ante las sospechas de la ciudadanía sobre falta de independencia del poder judicial.

El diagnóstico compartido lo resumió López Aguilar con la constatación de que existe un “deterioro descomunal” en el ámbito de la justicia. Y lamentó que “en Europa se compare la situación de España con la de Polonia”, como si el riesgo para la independencia judicial en uno y otro país fuera semejante. El daño de imagen para España es “severo”, añadió, para acabar precisando que, en todo caso, el Consejo del Poder Judicial es “un órgano político”, como demuestran sus funciones.

Para Ruiz Gallardón, si la ciudadanía interpreta que la justicia está influida por los partidos es sobre todo porque PP y PSOE cayeron durante años en un uso desviado de sus competencias, e incurrieron en el “reparto” de cargos y cuotas de poder. De ahí que se identifique a los vocales como conservadores o progresistas, porque previamente los partidos se repartieron su grado de representación según afinidades, ha asegurado, para luego afirmar: “Prefiero el derecho al veto frente al reparto de puestos”. Es decir, la posibilidad de que los partidos puedan cerrar el paso a determinados candidatos, si el mérito principal para proponerle es su identificación con la formación que les propone.

Ruiz Gallardón fue quien más se extendió en describir la evolución negativa de la imagen de la justicia por los abusos de los partidos. Afirmó en este sentido que el poder político ha querido influir en el sistema judicial a través de los nombramientos. Esa es —explicó— la función del Consejo del Poder Judicial que más interesa a los partidos, con una “vocación de intromisión” en la función jurisdiccional de que la que “nos teníamos que haber abstenido”. Y criticó igualmente a las asociaciones judiciales, al manifestar que cuando han tenido más poder para elegir a los vocales del Consejo han primado a sus propias organizaciones corporativas, y han dejado a los jueces no afiliados en posiciones sumamente relegadas. Su tesis es que, por tanto, que “ese sistema fracasó, porque las asociaciones abusaron de él”.

El debate fue moderado por el decano del Colegio de Abogado de Madrid, José María Alonso, quien a su vez criticó que la abogacía sea “la última prioridad” de los ministros de Justicia, provocando una catarata de justificaciones de los cuatro intervinientes. Como es habitual, el refugio fue la limitación de los presupuestos.