Acordado el traslado a una cárcel vasca de un preso de ETA partidario de seguir con la violencia
Iñaki Bilbao, crítico con la decisión de la banda de disolverse en 2018, cumple 68 años de prisión por el asesinato del concejal socialista Juan Priede
El Ministerio del Interior y el Gobierno vasco han acordado el próximo traslado a cárceles del País Vasco de otros seis presos de ETA. Entre los beneficiados se encuentra Iñaki Bilbao Goikoetxea, alias Txikito y Basur, condenado a 68 años de cárcel por varios delitos, entre ellos el asesinato en 2002 del concejal socialista de Orio (Gipuzkoa) Juan Priede. Bilbao, actualmente recluido en la cárcel de Topas (Salamanca), forma parte de la quincena de presos de la organización terrorista que sigue mostrando su frontal oposición a la disolución de la misma y que es encuadrado por los expertos de la lucha antiterrorista en la disidencia que propugna reanudar los atentados. Junto a él, también serán aproximados a cárceles de Euskadi los etarras Asier Badiola Lasarte, Orkatz Gallastegi Sodupe, José Ignacio Guridi Lasa, Fermín Vila Michelena e Íñigo Zapirain Romano. Un séptimo preso de la organización terrorista, Alberto Viedma Morillas, será traslado a la cárcel de Pamplona, de donde es originario.
Iñaki Bilbao ingresó por primera vez en prisión en 1983 y fue excarcelado tras cumplir cerca de 18 años en prisión después de que se considerara que había tenido una evolución positiva al mostrar “su rechazo a los postulados de la banda terrorista”. Sin embargo, tras su puesta en libertad, Bilbao volvió a la actividad terrorista y solo dos años después fue detenido por el asesinato de Priede. La condena por aquel crimen la extinguirá en 2032, según fuentes penitenciarias.
Desde su segunda entrada en prisión, Bilbao ha protagonizado diversos incidentes en la Audiencia Nacional. Así, en 2003 amenazó de muerte cuando le tomaba declaración el entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu apuntándole con una mano en forma de pistola y diciéndole: “Te queda menos que a Melitón Manzanas”, en referencia al comisario de policía asesinado por ETA en Irún en 1968. Unos meses antes había hecho lo mismo con el entonces magistrado Baltasar Garzón y su compañera Teresa Palacios. Amenazas similares repitió en 2006 y 2007, durante sendos juicios, contra los miembros del tribunal.
En septiembre de 2020 tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario de Cádiz por orden de la Audiencia Nacional tras permanecer cerca de 20 días en huelga de hambre. El etarra la había iniciado a principios de ese mes después de que agentes de la Ertzaintza acudieran al Centro Penitenciario de Puerto III, donde entonces estaba recluido, a requisarle por orden judicial objetos de su celda para obtener de ellos una muestra de ADN ante la sospecha de su participación en un atentado aún no resuelto. Bilbao se resistió sin éxito a que se llevaran la almohada para tomar esa muestra y tuvo que ser esposado. Tras concluir la diligencia policial, el interno anunció que comenzaba la protesta. El etarra fue uno de los últimos presos de la organización terrorista que permaneció en cárceles al sur de Madrid y de los que se les mantuvo en primer grado penitenciario, el régimen carcelario más duro.
Entre los otros cinco etarras que serán trasladados en breve se encuentran José Luis Guridi, Xabi, condenado a 30 años de prisión por haber asesinado a tiros al periodista y miembro del Foro de Ermua José Luis López de Lacalle en las proximidades de su domicilio en Andoain (Guipúzcoa), el 7 de mayo de 2000; Asier Badiola, con penas que suman 299 años de cárcel por la colocación de un coche bomba en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa el 21 de septiembre de 2008; y Orkatz Gallastegui, con una condena de 48 años por, entre otros delitos, facilitar la información que permitió a la banda asesinar al juez José María Lidón en 2001.
Los otros dos etarras que serán aproximados a cárceles vascas son Iñigo Zapirain, que acumula cientos de años de cárcel por los asesinatos del brigada del Ejército Luis Conde y del inspector de policía Eduardo Puelles y por el atentado con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos, entre otros atentados; y Fermín Vila, que fue entregado a España en 2014 por la justicia británica tras haber sido detenido años antes en Belfast, donde trabajaba como cocinero. Vila, que fue integrante del comando Madrid, cumple condena por asesinato, atentado, estragos, robo, lesiones, falsificación y depósito de armas. El séptimo etarra que será trasladado, en su caso a la prisión de Pamplona, es Alberto Viedma, condenado por asesinar al concejal de UPN en la capital navarra Tomás Caballero y al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova.
Cuando se materialicen estos siete movimientos, los presos de ETA recluidos en cárceles del País Vasco, que gestiona desde hace un año el Ejecutivo de Urkullu, serán 145. En las prisiones dependientes de Ministerio del Interior quedarán entonces 31, de ellos 11 en la prisión de Pamplona. Fuentes del Departamento de Justicia del Gobierno vasco señalan que no aceptan el traslado de todos los presos de ETA que lo piden y detallan que en ocho casos se ha rechazado solicitudes por falta de arraigo del recluso en Euskadi “y otras causas”.
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