Las asociaciones de víctimas de las sectas llevan 300.000 firmas en el Congreso para pedir que la persuasión coercitiva sea delito

Un grupo de colectivos especializados en la ayuda a víctimas de sectas han acudido este jueves al Congreso de los Diputados con un objetivo muy claro: pedir a los diputados que pongan todos los medios legales para que “nadie pueda ser manipulado” gratuitamente a cambio de un beneficio del tipo que sea. Para ello, han entregado 300.000 firmas recogidas en diferentes campañas con las que se reclama un cambio en el Código Penal para que la “persuasión coercitiva” o “el abuso de debilidad”, a los que también se ha denominado lavado de cerebro, sean considerados delitos y lleven aparejada una pena de prisión de hasta ocho años. Las rúbricas, recogidas a través de la plataforma Change.org, se han entregado en la Cámara baja y los representantes de estas asociaciones han simbolizado su entrega posando frente a los leones del Congreso.

“Esta iniciativa no la hemos centrado en absoluto en algo sectario porque el panorama ha cambiado drásticamente”, explica Juanxto Domínguez, presidente de la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE), que ha promovido la iniciativa. Y en el horizonte actual, en el que ya no solo se habla de religiosidad, sino también de realización personal, de éxito o sanación, el protagonismo de las redes sociales, asegura, es inmenso. “Para cada situación de vulnerabilidad, hay un grupo de coacción nuevo y a partir de ahí te cazan como a un pato”, resume Domínguez.

Esos ganchos consiguen atraer a personas que, en un momento de una necesidad vital o un problema de salud, obtienen la promesa de que le van a curar el cáncer, por ejemplo. También a gente que tiene problemas personales, familiares y se embarca en pseudoterapias como las constelaciones familiares, añade Domínguez. Cristina, que pide que no se la identifique con su nombre real, cuenta que lleva dos años y medio sin tener contacto con su hija, mayor de edad, y que fue captada en mitad de una crisis vital a través de internet por una coach que le prometió curar su malestar interno. Según su relato, su hija cortó toda comunicación con su entorno y se dedicó a recomendar a esta supuesta terapeuta a otras personas. No sabe nada de ella y confía en que los investigadores, a los que ha denunciado su caso, puedan demostrar la trampa en la que cayó su hija y reclamar una pena para la responsable.

La iniciativa de RedUNE intenta que todos los partidos políticos tomen conciencia de este fenómeno para que España no se quede rezagada en la protección de sus ciudadanos con respecto a otros países, como Francia, Bélgica o Luxemburgo, donde sí se castiga específicamente la persuasión coercitiva o el abuso de debilidad en cualquier tipo de relación social. “Cuando alguien deposita un problema mental o un problema de vulnerabilidad en alguien que no es experto en nada, ni es psicólogo, la responsabilidad máxima no está en esa persona, que libremente cree que hay algo de verdad, sino que el problema está en las instituciones que no han puesto freno a este tema”, reclama el presidente de RedUNE.

Hay miles de víctimas que denuncian abusos por personas o grupos aprovechándose de la confianza o de su autoridad, sin embargo, la mayoría se archivan o no llegan a juicio, entre otras cosas porque la familia o los afectados no encuentran amparo legal, explican en RedUNE. La propuesta de reforma legal presentada este jueves ha sido redactada por el letrado Carlos Bardavío, especializado en sectas. El abogado, que realizó su tesis doctoral sobre las sectas en el Derecho Penal, explica que muchas víctimas no denuncian porque se les desaconseja, en parte, por la dificultad que existe para que los jueces castiguen lo que les ha ocurrido. “Vienen muy tocados, sin recursos”, añade. Además, los casos suelen ser muy complejos. “No es que no exista un tipo delictivo definido, sino que los términos son ambiguos, y cuesta aplicarlo a algo tan específico. Los jueces buscan seguridad jurídica, pero son reacios a incluir la persuasión coercitiva, por ejemplo, en un delito de coacciones, porque no lo dice claramente”, detalla el jurista.

Hace apenas tres meses, los tribunales dictaron una sentencia en la que se reconocía por primera vez que se había alterado la personalidad de las víctimas de un falso líder espiritual, conocido como el lama Losel. Bardavío, que representaba a las víctimas, incide en la generosidad que tuvieron de llegar a un acuerdo de seis meses de prisión para que hubiera una sentencia pionera, después de 30 años, que reconoce el control de la personalidad.

Alberto Aguilar ―padre de Patricia Aguilar, la joven de Alicante captada en 2017 por un gurú a través de internet y que fue liberada un año después en la selva de Perú― ha arropado la iniciativa, ya que 212.000 de las firmas presentadas parten de la petición que su familia hizo en 2018 para que se legisle contra las sectas. “Si no hay una tipificación de esa presión coercitiva, no puedes sacar a la víctima de donde está, ni como mínimo investigar”, explica, comparándolo con la situación de su hija, que se marchó de casa cuando ya era mayor de edad. En el caso de Patricia, el detenido, fue condenado por trata de personas. “Al final el gurú comete un error que le hace ser ajusticiado, pero hay que esperar”, añade. “Lo que vivimos fue brutal. Se alinearon las estrellas y al final fue bien”, explica con perspectiva sobre tu caso. “De alguna manera lo que quiero yo ahora es devolverle a la sociedad el apoyo que nos dio”, añade.

Junto a él, han acudido representantes de otros colectivos, como la Asociación de Víctimas de Santería o de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ). Victoria Vélez, presidenta de la primera asociación, ha incidido en la necesidad de que los menores también se vean protegidos en estas situaciones. En su caso, tiene dos sobrinas frente a las que la justicia no puede actuar. “Siempre se habla de estafas, que es lo que se entiende”, incide, para dejar claro que hay más víctimas de las que no se habla. Israel Flórez y Enrique Carmona, presidente y secretario de AEVTJ, también ponen en evidencia la necesidad de que una legislación ampare a quienes deciden dejar estos grupos y poder denunciar que han sido engañados.