Las acusaciones populares del ‘caso Koldo’ denuncian que el Supremo limita su actuación

Tres de las acusaciones populares personadas en varias de las causas que afectan al Gobierno han reivindicado este jueves su papel ante prácticas restrictivas que consideran que les están imponiendo los tribunales. En una rueda de prensa conjunta, dos asociaciones de tendencia conservadora (Hazte Oír y Iustitia Europa) y una progresista (Asociación de Abogados Demócratas por Europa, Adade) han denunciado las limitaciones que, aseguran, están sufriendo por la unificación de todas las acusaciones populares personadas en un procedimiento que han acordado en casos como el de la investigación a Begoña Gómez o el caso Koldo. En la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, el juez Leopoldo Puente ha nombrado al PP como representante único de todas las acusaciones, ha impedido al resto entrar en los interrogatorios celebrados en los últimos días y ha instado a no notificarles ninguna de sus resoluciones. Las acusaciones asegura que esta decisión es “insólita” y no se ha dado en otros grandes casos de corrupción.

“La tendencia ha ido progresando hacia la expulsión”, según ha señalado Francisco Montiel, abogado de Adade y que ha participado en casos como Gürtel, Púnica o Lezo. La justificación del Supremo para unificar las acusaciones ha sido evitar dilaciones en el procedimiento, aunque las entidades afectadas apuntan que lo que “verdaderamente” ha buscado el juez es tener “un mayor control” sobre el procedimiento y “limitar las filtraciones”. “Se está fomentando incluso el ejercicio de un oportunismo jurídico”, asegura Montiel, quien advierte de que si los jueces optan por unificar la acusación y designar como representante de todas a la entidad que primero se persona, como ha hecho el juez del Supremo, habrá algunas que “se apresuren a personarse” para quedarse con la representación única.

La decisión del magistrado Puente contrasta con la adoptada por otro juez del Supremo, el que investiga al fiscal general del estado, que ha optado por mantener las acusaciones separadas. En la instrucción contra el hermano del presidente del Gobierno en un juzgado de Badajoz, la juez ha decidido unificarlas y darle la representación a Manos Limpias, pero ha explicado por escrito que los bogados de todas las acusaciones personadas podrán estar presentes en la declaración del hermano de Pedro Sánchez prevista el próximo 9 de enero.

Las acusaciones afectadas por la decisión del instructor del caso Ábalos han anunciado recursos ante el alto tribunal, quejas ante el Consejo General del Poder Judicial y peticiones de amparo ante el Colegio de la Abogacía de Madrid, un paso que ya ha dado otra de las entidades personadas en esta causa, Liberum, que no ha acudido la rueda de prensa de este jueves. El abogado de Iustitia Europa, Luis Pardo, ha asegurado que están dispuestos a llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Queremos poner en valor el concepto de las acusaciones populares en España, que han hecho posible destapar los mayores casos de corrupción”, ha afirmado Pardo. Otra forma de limitar la llamada acción popular en los casos judiciales que está siendo adoptada de forma habitual por los jueces es imponerles fianzas para poder personarse que llegan a los 15.000 euros, según Jesús María Pérez Roldán, de Hazte Oír.

El debate sobre las acusaciones populares llegará en los próximos meses al Congreso de la mano de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), cuyo anteproyecto alude a la posibilidad de que dar la instrucción penal a los fiscales sirva para limitar la actuación de las acusaciones populares.