Suspendida por cuarta vez la declaración ante la jueza de Alberto González Amador

La magistrada del número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha suspendido la declaración como investigado por fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, prevista para el 7 de febrero. La noticia, adelantada por El Mundo, ha sido confirmada a este periódico por uno de los abogados de Amador, Carlos Neira. La pareja de Ayuso había solicitado, entre otros motivos, no acudir al juzgado por tener un viaje profesional a México y Estados Unidos. La jueza aún no ha señalado una nueva fecha.

Es la cuarta vez que se suspende la declaración de Amador ante la magistrada. Las anteriores ocasiones fueron citas que iban a tener lugar el 20 de mayo, 24 de junio y 29 de noviembre. Dos de los cuatro aplazamientos han sido solicitados por el empresario investigado.

La primera vez, la jueza retrasó la comparecencia porque no había podido coordinar la cita de Amador con la de sus cuatro supuestos colaboradores en el fraude. En la segunda ocasión, las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid solicitaron la suspensión porque pidieron a la instructora que estudiara si la causa debía ser ampliada a nuevos delitos, una pretensión que acabó prosperando. Y en el tercer caso, fue el empresario quien pidió aplazamiento porque no consideraba apropiado que esta pieza por fraude fiscal avanzara mientras tiene vivo un recurso ante la Audiencia Provincial para tumbar la segunda pieza, por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

Esta última suspensión se ha producido porque Amador informó de que tenía “un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero a los Estados Unidos y México”. Además, los abogados del empresario informaron a la jueza de que uno de ellos tenía una citación en otro juzgados también el 7 de febrero. Y por último, los letrados insistieron en que la causa por fraude debe detenerse hasta que la Audiencia resuelva su recurso para desactivar la nueva investigación por otros delitos.

La jueza no ha citado aún a Amador. Ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre si aceptan la suspensión de las actuaciones hasta que la Audiencia se pronuncie, según una providencia de este viernes a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y los partidos de izquierda personados como acusación popular tienen ahora cinco días para responder.

Casi un año de investigación

En marzo se cumplirá un año desde que comenzó la investigación. Ese es el plazo previsto en la ley para las instrucciones, de modo que la jueza debería decretar una prórroga.

La jueza investiga desde marzo a Amador, por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Los hechos se remontan a las declaraciones del impuesto de sociedades por los ejercicios 2020 y 2021, cuando Hacienda detectó gastos sospechosos de ser falsos, presentados para reducir la carga fiscal. La empresa de Amador, Maxwell Cremona, es una pequeña consultora dedicada a hacer evaluaciones a empresas que buscan obtener sellos de calidad del tipo ISO. En aquellos años, Amador había aumentado considerablemente sus ingresos, primero por un negocio de mascarillas en el que intermedió, y después por el aumento de lo que percibía por sus trabajos para el grupo sanitario Quirón.

Hacienda le atribuyó un fraude de 350.910 euros, una cuantía superior a los 120.000 euros que, según la ley, suponen la línea roja entre el delito y la sanción administrativa. La Agencia Tributaria remitió el caso a la Fiscalía de Madrid en enero del año pasado y el abogado de Amador planteó en febrero un pacto para reducir la condena. Ese acuerdo solo podía ser cerrado ante un juez y así se lo hizo saber el fiscal del caso en un correo del 12 de marzo: “Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto”.

Sin embargo, cuando la noticia de la investigación a la pareja de Ayuso vio la luz un mes después, la mano derecha de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, trató de confundir a la opinión pública, indicando que el acuerdo se podía cerrar en la propia fiscalía, pero había sido suspendido “por órdenes de arriba” para que “vayan a juicio”.

Los intentos de la Fiscalía para corregir este bulo han derivado en la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que está citado como investigado ante el Supremo el 29 de enero. Esa instrucción gira en torno a si fue García Ortiz quien filtró a los medios de comunicación el correo que el abogado de Amador, Neira, envió a la Fiscalía para proponer el pacto de rebaja de pena.

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