Las citaciones ante el juez de líderes del PP de Sevilla agitan la guerra interna en la formación

La cita en los juzgados de Carmona esta semana vuelve a agitar las aguas en el PP de Sevilla, que después de una inusitada calma, volvieron a agitarse a principios de febrero con las informaciones sobre supuestos sobresueldos a antiguos altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla hace una década y que han salpicado a la actual dirección del partido a la que algunos, dentro de la formación, señalan como responsables de las filtraciones de la contabilidad en la que figuraban esos pagos irregulares. Su presidente, Ricardo Sánchez, ha comparecido precisamente este lunes en ese tribunal en calidad de imputado en la causa que investiga la instalación de un tanatorio en la localidad de Mairena del Alcor, donde Sánchez fue alcalde entre 2015 y 2019.

El actual presidente del PP de Sevilla, que también es el delegado de la Junta de Andalucía en esa provincia, está investigado por un delito de administración desleal al haber “abandonado” un proyecto para la construcción de un tanatorio municipal en Mairena del Alcor, que él impulsó en 2015, cuando era alcalde, y en el que se invirtieron 21.118,76 euros. Esta iniciativa no se desarrolló porque no se modificaron las normas subsidiarias de Planeamiento General, porque los terrenos donde se pretendía edificar el complejo funerario estaban clasificados como “suelo no urbanizable”. En su auto de procesamiento, el juez considera que con su actitud, al no impulsar el proyecto, se produjo “un evidente perjuicio para los intereses públicos”, a tenor de la cantidad invertida.

A la salida del interrogatorio, Sánchez se ha mostrado “tranquilo y confiado”, ante el desenlace del procedimiento judicial. Fuentes conocedoras del caso han indicado a este diario que el presidente del PP sevillano solo ha respondido a las preguntas del juez, el fiscal y su abogado, negándose a contestar a las planteadas por la acusación particular, que ejerce el PSOE.

Mañana le corresponde declarar al actual alcalde de Mairena, Juan Manuel López, y el 13 de marzo, será el turno de otro miembro de la cúpula regional del PP, Francisco Rodríguez Roa, que ocupa el cargo de coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía de la ejecutiva popular, es consejero de RTVA por designación de su partido y que, además, y sobre todo en esta causa, es el apoderado de Pervipaz SL, la empresa que promovió el tanatorio privado que ahora se investiga. Ambos están imputados por sendos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Y es que, seis años después de que el proyecto de tanatorio municipal quedara aparcado, López, ya como alcalde de Mairena, decidió impulsar la construcción de otro, esta vez de carácter privado, adjudicando su construcción a la empresa familiar de Rodríguez Roa. Un proyecto que, a diferencia del anterior, se puso en marcha en tan solo seis meses, beneficiándose, de acuerdo con el auto de imputación del juez de “una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones todas favorables en muy cortos períodos de tiempo, así como por la permisividad continua y patente de todo lo ocurrido con los reiterados incumplimientos de los trámites de audiencia, permitiéndoles llevar a cabo obras de los reformados sin la preceptiva licencia de obra o declaración responsable”. Estas obras aluden a la construcción de una cafetería y a la instalación de un horno crematorio, para las que, supuestamente, no se otorgó autorización. Este nuevo complejo, aunque está terminado, nunca ha entrado en funcionamiento.

El PSOE, que fue quien denunció estos hechos ante la justicia, ha pedido este lunes al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, que cese a Sánchez de su cargo. El nuevo portavoz de los socialistas de Andalucía, Francisco Cuenca, ha sostenido que el barón popular se encuentra “rodeado” de casos de corrupción, entre los que ha enumerado la investigación en distintos juzgados de los contratos sanitarios adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud, por los que están imputados los tres gerentes del SAS que ha tenido Moreno desde que asumió el Gobierno autónomo; la indagación judicial sobre otro contrato firmado con el cantante José Manuel Soto o la situación del nuevo interventor general de la Junta que, como adelanto EL PAÍS, dejó sin justificar 116 millones en la entidad que gestionaba hasta que asumió su nuevo puesto.

Debilidad interna

La trascendencia de la investigación del tanatorio va más allá del mero hecho de que esté investigado el presidente del PP de Sevilla. Dentro de esa formación, dividida y enfrentada entre múltiples familias y muchos de cuyos miembros han ido cambiando de bando a lo largo de los años, hay quien señala a la debilidad interna de Sánchez como detonante de las filtraciones que hicieron aflorar los supuestos sobresueldos en la época en la que José Luis Sanz, el actual alcalde de Sevilla, era secretario general de los populares andaluces y su actual mano derecha en el consistorio, Juan Bueno —uno de los que recibió, supuestamente, esos pagos irregulares—, presidente del partido en esta provincia.

Las fuentes consultadas que defienden esa teoría sostienen que Sánchez —que fue colocado por Moreno para tratar de apaciguar al partido en un momento de fortaleza de la formación en una provincia tradicionalmente socialista—, al verse señalado con su imputación por el resto de facciones, decidió desviar el foco hacia Sanz. Y es que su número dos en el PP de Sevilla, el secretario general, José Ricardo García, fue quien retiró de la notaría la contabilidad del partido, que en 2018 había depositado la anterior presidenta de los populares sevillanos, Virginia Pérez. El nombramiento de Pérez en 2021, precisamente, había sido, hasta la fecha, la última evidencia pública de las enemistades en el seno del PP de Sevilla, hasta el punto de enfrentar directamente a Moreno con el entonces líder nacional de la formación, Pablo Casado. El barón andaluz avalaba como presidente a Juan Ávila, el alcalde de Carmona, de donde, precisamente García es concejal —conviene tener a mano lápiz y papel para no perderse en la madeja de entresijos políticos y familias de la formación— y Casado a Pérez, quien, finalmente, se impuso.

Tras conocerse que el joven concejal de Carmona había retirado de la notaría la contabilidad cuyos asientos había reproducido Diario de Sevilla, al informar de los presuntos sobresueldos, a la cúpula del PP andaluz no le quedó más remedio que reaccionar, asegurando que se iban a “depurar responsabilidades”. Pero el dedo que señalaba a García ha dejado de estar erguido en los últimos días. Otras fuentes, pertenecientes a otras facciones de la formación, creen la versión del secretario general del PP sevillano de que él no filtró nada y sostienen que esa documentación estaba en poder de ese periódico desde hace años y circunscriben las informaciones a diferencias entre ese medio y Sanz. Es una forma de tratar de parapetar al partido de la marejada que se ha vuelto a levantar en su seno, pero al regidor hispalense no le convence. “Nadie amenaza al alcalde de Sevilla”, dijo en el último pleno. Era una respuesta al representante del PSOE, pero también han tomado buena nota desde el PP.