El juez prorroga seis meses la investigación contra el fiscal general

El magistrado Ángel Hurtado, que instruye la investigación abierta en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, ha acordado prorrogar seis meses la instrucción para evitar su prescripción y señala a Álvaro García Ortiz como responsable de esta situación por haber eliminado el contenido de su teléfono móvil. Hurtado ha tomado esta decisión después de que algunas acusaciones hubieran pedido esta prórroga al considerar que el plazo de un año para la instrucción debía empezar a contarse desde la presentación de la querella que presentó una asociación contra Álvaro García Ortiz, el 24 de marzo de 2024, aunque en ese momento el Supremo no la admitió. En un auto dictado este miércoles, Hurtado señala que, de acuerdo con la doctrina de la Sala Penal, el primer plazo para concluir la investigación, abierta el 30 de octubre de 2024, se extendería hasta el 29 de octubre de 2025, sin necesidad de prórroga. Pero añade que es comprensible la cautela de algunas de las partes y opta por prorrogarla ya.

El Supremo encausó el 16 de octubre a García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico enviado al ministerio público por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. En ese mail, el letrado admitía que si cliente había cometido dos delitos contra Hacienda y proponía u pacto que le librara de la cárcel.

El nuevo plazo de la investigación se computará a partir del próximo 24 de marzo, por lo que la instrucción podrá extenderse hasta el 24 de septiembre. No obstante, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) contempla la posibilidad de acordar nuevas prórrogas. El instructor justifica la necesidad de prolongar la investigación en las comisiones rogatorias remitidas a Irlanda para intentar que Google y WhatsApp aporten los datos de las cuentas de García Ortiz eliminados por este de sus dispositivos.

En su argumento, el juez vuelve a reprochar al fiscal general el “haber hecho desaparecer” la información de sus terminales. “En efecto, en el caso, no obstante hacerse constar que, durante la práctica de la diligencia de entrada y registro realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho del investigado, Álvaro García Ortiz, se contó con su total colaboración, las diligencias practicadas han puesto de relieve que ha sido inexistente en orden al esclarecimiento de los hechos, por cuanto que, al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos, ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad, que, incluso, hace necesario, por ahora, en el momento en que se encuentra el avance de la causa, tener que estar a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda, cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025, y que, incluso, a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más”, indica el auto.