Toledo limita las viviendas turísticas, pero las permitirá en todos los barrios y en edificios enteros

Buscar una vivienda de alquiler en Toledo se ha convertido, como en muchas otras capitales españolas, en toda una odisea. Un vistazo a cualquier portal inmobiliario muestra un mercado de alquiler raquítico, que en ningún caso supera las 100 viviendas disponibles, y una explosión de apartamentos turísticos que, en portales como Airbnb, suman cerca del millar. A esta disparidad, que restringe las opciones de quienes quieren o necesitan residir en la capital regional ―y que ha empujado el coste de los alquileres a cifras inéditas en esta ciudad de 86.000 habitantes―, quiere poner coto una ordenanza municipal que ha entrado en vigor este marzo, tras su aprobación en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La normativa, abordada a través de una modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (Pgmou), ha sido aprobada por el equipo de gobierno de PP y Vox in extremis, a pocos días de que expirara la moratoria de dos años aprobada en la pasada legislatura mientras no hubiera una regulación específica. La principal novedad respecto al borrador elaborado por el PSOE en su último mandato es que reduce del 20 al 12% el cupo máximo de viviendas turísticas y que este se hará extensivo, además, a todos los barrios de la capital y no solo al casco histórico, con diferencia el distrito más saturado. Ese tope, sin embargo, no es inamovible y se podrá modificar, por zonas concretas, con un informe favorable de Urbanismo.

La ordenanza, que no tiene carácter retroactivo ―ni siquiera para las licencias que iniciaron su tramitación antes de la moratoria―, es más restrictiva en el barrio amurallado, donde la proliferación de este tipo de viviendas, la falta de servicios y el abandono de numerosos inmuebles están expulsando a muchos de sus residentes. Aquí, los apartamentos turísticos solo podrán ubicarse en plantas bajas y primeras y nunca en antiguos locales comerciales, aunque sí se podrán destinar edificios enteros a este uso. En Los Cigarrales, una exclusiva zona residencial sobre las colinas del Tajo en la que abundan los chalés, solo se permitirán viviendas de uso turístico y no apartamentos. En el resto de barrios, las limitaciones, salvo el cupo máximo, son más laxas.

La nueva regulación, que según el Ejecutivo municipal busca favorecer la convivencia entre turistas y vecinos y frenar la gentrificación visible ya en muchas partes del casco histórico toledano, no gusta a las asociaciones de vecinos, sobre todo a las de este barrio, que cuestionan su eficacia al obviar las licencias que quedaron en suspenso con la moratoria ―unas 80, según datos municipales― y los apartamentos turísticos ilegales que se ofertan en las principales plataformas del sector. Según el Instituto Nacional de Estadística, la ciudad contaba en noviembre con 733 viviendas de uso turístico, la mayoría en el casco antiguo, aunque un informe del lobby hotelero Exceltur ―que incluye las viviendas que operarían sin autorización― eleva la cifra a 3.521.

En el casco histórico, donde la moratoria desplazó la concesión de nuevas licencias a otros barrios ―como los de Santa Bárbara y Santa Teresa― la proliferación de viviendas turísticas es evidente a pie de calle y sobre el papel. El mapa de saturación elaborado por el Ayuntamiento cifra en 588 los alojamientos extrahoteleros ubicados en la zona, con áreas, como el entorno de la Catedral, a punto de alcanzar el cupo máximo fijado en la ordenanza, y otras, como las situadas en las inmediaciones de la Diputación y la Puerta de Bisagra, al 8 y el 7%, respectivamente. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudad. Apenas se construye y la oferta de alquileres, según datos de Idealista, se ha contraído un 49% en los últimos años.

Un “cupo excesivo”

Los vecinos denuncian falta de participación en la elaboración del borrador final y piden que el casco histórico sea declarado zona tensionada para que no se concedan nuevas licencias. “Lo único que están consiguiendo es expulsar a la población residente”, explica a EL PAÍS José Luis Calvo, presidente de la federación de asociaciones vecinales de Toledo, al recordar que, además de los apartamentos turísticos, están también los nuevos hoteles que se han construido. Asegura que el cupo del 12% es “excesivo” y que hay zonas del casco en las que ese tope ya se ha sobrepasado. Que pueda haber edificios enteros dedicados a este uso, apunta, es “un mal menor”. “Si te alquilan el piso de enfrente como apartamento turístico, eres tú el que se traga todos los ruidos”.

IU-Podemos cree que la norma no frenará la turistificación que ya sufre la ciudad, al establecer un cupo máximo que parte de un análisis “erróneo e incompleto” por no tener en cuenta las viviendas sin regularizar. “Sin ese dato es inútil hacer una ordenanza y esta ordenanza de pisos turísticos ya nace inútil”, señala su portavoz, Txema Fernández, para argumentar el voto en contra de su grupo. El PSOE, que apoya la normativa, cree que ayudará a garantizar la convivencia vecinal, pero critica que haya estado “guardada en un cajón” durante dos años. “Nos preguntamos qué harán con su propuesta de limitar al 12% los distritos censales a sabiendas de que en muchos de ellos ya no se cumple”, dice la portavoz socialista, Noelia de la Cruz.

El concejal de Turismo y Vivienda, José Manuel Velasco, recuerda que las autorizaciones de pisos turísticos dependen del Gobierno regional y que el Ayuntamiento solo tiene potestad para cambiar el uso de un inmueble de residencial a terciario. Velasco asegura que la norma busca “conciliar la vida de los toledanos con el turismo de la ciudad” y que la labor de inspección de las viviendas ilegales que operarían en la ciudad corresponde a la administración autonómica. “Nosotros no tenemos ni medios ni competencias”, justifica el edil, que recuerda como el endurecimiento de los requisitos de las plataformas del sector para poder publicitarse en ellas está dando sus frutos. “Es algo que tenemos que trabajar todos, no solo Toledo”, defiende.