Dos expertos de la comisión de la dana aseguran que los riesgos se habrían minimizado con las obras proyectadas

En una jornada mucho más tensa que la inicial de este lunes, por las críticas de PSOE y Compromís al primer interviniente de este martes, el Senado ha celebrado la segunda sesión de la comisión de investigación de la dana con la intervención de expertos técnicos. El primero en hablar ha sido el arquitecto Julio Gómez-Perretta, a instancias del PP, autor de un durísimo artículo de opinión bajo el título Sánchez y la izquierda miserable en Las Provincias en el que culpaba al expresidente valenciano Ximo Puig y su ley de la Huerta de ser “el máximo responsable de que no se ejecutara la conexión entre el barranco [del Poyo] y el nuevo cauce del Turia”. Este martes, Gómez-Perretta ha cargado en un primer lugar contra el Gobierno central por no haber acometido las infraestructuras planteadas para el barranco del Poyo desde 2010. Pero también ha asegurado que el presidente valenciano, Carlos Mazón, “se equivocó” por no “ceder el mando” a La Moncloa durante los días posteriores a la tragedia, al entender que la situación era claramente de nivel 3 de emergencia. El PP, que promovió la comisión parlamentaria con su mayoría absoluta impidió que los miembros de la Generalitat Valenciana, a excepción de Mazón, acudan a la Cámara alta.

Tras culpar al Ejecutivo central de haber “abandonado” a la Comunidad Valenciana en los días posteriores a la tragedia, y en el turno de preguntas del senador del PSOE Juan Antonio Sagredo (alcalde de Paterna), Gómez-Perretta ha sostenido que el president autonómico no tenía capacidad para gestionar la crisis. “Mazón tenía que haber cedido desde el minuto uno el mando, creo que el señor Feijóo también lo ha comentado”, ha respondido el experto. “Si el señor Mazón se equivocó y no cedió el mando y eso supuso que al día siguiente no tuviéramos una intervención del Estado, lo admito. Pero, al segundo día, cuando esto se ve que no funciona, no podemos estar viendo si cede el mando al cuarto día... los valencianos nos merecíamos una atención mayor por parte del Estado”, ha agregado. En su momento, el Gobierno sopesó declarar “emergencia nacional”, pero renunció para no despojar a Mazón de sus competencias.

Sobre las infraestructuras proyectadas desde 2010 y no ejecutadas ni en el Gobierno de Zapatero, ni de Rajoy ni de Sánchez, el arquitecto Gómez-Perretta ha considerado que “hubiera sido una catástrofe totalmente distinta” y el agua no habría alcanzado la altura que alcanzó. “Nos hubiésemos mojado los pies”, ha ilustrado el experto técnico.

“A cada Gobierno hay que atribuirle su responsabilidad, entre 2010 y 2016 se podría haber actuado”, ha continuado. Pero ha criticado directamente al Gobierno del Botànic porque, según leyó el arquitecto “en prensa”, ha dicho, la Confederación Hidrográfica del Júcar reconoció que los proyectos planificados eran incompatibles con parte del contenido de ley de la Huerta del anterior Gobierno de Ximo Puig.

En una comparecencia posterior, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana Javier Machí ha seguido la misma línea que su antecesor al considerar que dichas obras no acometidas habrían “laminado” antes el cauce del río, habrían provocado la “disminución de la punta de los caudales” y la gente “habría tenido tiempo (...) para reaccionar”. Aunque no ha acusado tanto a la ley de la Huerta como a quienes han gestionado su implementación.

Ante las insistencias del senador popular Luis Santamaría, que ha preguntado en “qué porcentaje” esas infraestructuras dependientes del Ministerio de Transición Ecológica habrían salvado vidas, Gómez-Perretta ha sido cauto. “No me puedo atrever, porque depende de otras circunstancias, por ejemplo, los vehículos que iban por vías secundarias y accedían a la A-3 no sabía que estaba rota, ¿quién les avisó? Nadie”, ha sentenciado el experto. “Se habrían salvado vidas, eso es de cajón”, ha zanjado más tajante Machí. “El problema se hubiera trasladado a otro sitio”, ha añadido.

Compromís y el PSOE han defendido que dichas actuaciones tampoco se materializaron con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que provocó, a su juicio, su retraso. “No se hicieron las obras necesarias porque Rajoy dejó caducar la declaración de impacto ambiental. ¿Y qué se tuvo que hacer? Cumplir con la ley y hacer una nueva declaración de impacto ambiental: la ha hecho el actual Gobierno”, ha añadido el parlamentario de Compromís. “En 2018 se encuentra que un proyecto que debía estar ejecutado se había paralizado. Desde ese momento se han rescatado los proyectos y actualmente están fase de tramitación medioambiental. El compromiso del Gobierno actual es retomar estas actuaciones”, ha remachado la senadora socialista Eva María Redondo.

Tanto el senador de Compromís Morera como el socialista Sagredo han persistido además en sus críticas contra el espíritu de la comisión promovida de los populares, que han descartado ahondar en las responsabilidades de la Generalitat Valenciana, alegando que ese extremo debe ser analizado en la comisión de investigación de la dana de Les Corts, controlada también por el PP, en la que han cedido la presidencia a Vox, que de momento no ha fijado el calendario. “El homenaje [a las víctimas y voluntarios] sería traer hoy aquí a los responsables de las emergencias, usted es un responsable de obra”, ha señalado Morera al arquitecto Gómez-Perretta. “La operación Salvar al soldado Mazón se está convirtiendo en una serie de catastróficas desdichas”, ha remachado Sagredo, después de que este lunes el primer compareciente de la comisión desmontara varios argumentos del Partido Popular contra el Gobierno central. Según la formación de Feijóo, la falta de limpieza por parte del Ministerio de Transición Ecológica agravó los daños personales y materiales de la dana en la zona cero. Pero el profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia Juan Bautista Marco descartó que fuese así. También defendió que con un único sensor en el barranco del poyo era “suficiente”.