El 80% de los sanitarios andaluces han sufrido agresiones verbales y más de la mitad reconoce haber tenido miedo

Las agresiones a profesionales sanitarios en Andalucía se han convertido en un motivo de creciente preocupación en el gremio. Lo constatan los últimos datos publicados por la Consejería de Salud correspondientes al primer semestre de 2024 que establecen un incremento del 7% en las agresiones sufridas respecto del año anterior y lo acaba de certificar una encuesta realizada por el sindicato UGT que concluye que el 55% de los encuestados se ha sentido atemorizado ante la posibilidad de ser agredido en el último año.

“Las conclusiones no pueden ser más preocupantes y demuestran el desamparo que sufrimos los profesionales sanitarios ante la creciente ola de violencia que estamos sufriendo, su desprotección y la falta de apoyo que perciben respecto de la administración”, indica Antonio Macías, responsable del área de Salud de UGT Andalucía. La encuesta se realizó entre 2.000 profesionales de todas las categorías sanitarias y no sanitarias que trabajan en los centros de salud, entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, un mes, este último, en el que se llegaron a denunciar hasta nueve agresiones, cinco de ellas en 48 horas.

De acuerdo con los datos del sondeo, el 80% de los sanitarios consultados han sufrido más de una agresión verbal -el 63% solo una- y el 12%, al menos ha sido agredido físicamente una vez. De los colectivos, el de enfermeras es, con diferencia, el que más ataques verbales soporta, un dato que sobrepasa el 70% cuando afirman que los han sufrido en más de una ocasión, seguidas de los médicos y los auxiliares administrativas. Las profesionales de la enfermería son también las que reconocen sentirse más atemorizadas en sus puestos de trabajo por este motivo, junto con los Técnicos Auxiliares en Enfermería (TCAE).

Alegría Ledo es una de esas enfermeras que encaja en todas estas estadísticas. Después de 36 años como profesional, fue la pasada primavera cuando fue agredida físicamente por una paciente que estaba en la sala de espera del centro de salud de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), donde trabaja. “Empezó a gritarme, y como pensé que se equivocaba de persona, me fui a mi despachó, allí trató de agarrarme y al tratar de cerrar la puerta, la volvió a abrir y me empujó contra la pared”, detalla. Ella denunció el ataque ante los juzgados de lo Penal con el apoyo de la abogada del Colegio de Enfermería y sigue a la espera de una sentencia.

Los insultos y las agresiones verbales, cuenta Ledo, “son el pan nuestro de cada día”. “Tengo la costumbre de la indiferencia, si siguen, les pido que bajen la voz, y si continúan, me encierro en mi despacho”, resume su táctica para hacerles frente. El nivel de agresividad de los usuarios, sostiene, ha subido después de la pandemia. “La gente se ha vuelto muy dependiente de la sanidad, acuden por cualquier cosa y si no se les receta nada, lo exigen”, explica. Pese a esta situación recurrente, ella reconoce, que solo ha pasado miedo, como reconocen el 55% de los encuestados, tras ser agredida físicamente. “Miraba por el rabillo del ojo a ver si estaba la mujer que me empujó”, cuenta.

La encuesta destaca también que el 62% de quienes han sufrido una agresión lo comunica a sus superiores, un porcentaje que baja hasta el 14% para los casos en los que esas denuncias llegan a los tribunales. Aunque también seis de cada 10 dice sentirse respaldado por la administración cuando sufre cualquier tipo de ataque, los médicos son el único colectivo en el que ha una igualdad entre quienes también se sienten desamparados por la Junta. Ledo se sitúa en el 40% restante. “Esto tiene poco arreglo, para la administración no valemos nada”, se lamenta la enfermera.

El 95% de los encuestados considera que debería ser el Servicio Andaluz de Salud quien tendría que personarse como denunciante, porque muchas de las víctimas no acuden a los juzgados por miedo a represalias por parte de sus agresores. Los encuestados también sostienen que esa sensación de miedo podría atemperarse con la presencia de personal de seguridad de manera permanente en los centros de salud, mayor colaboración con Policía y Guardia Civil y la instalación de cámaras. “El 75% de los centros no cuenta con vigilantes de seguridad, y donde los hay, no están ni todos los días ni todas las horas”, recuerda Macías.

Desde UGT se responsabiliza de esa sensación de desprotección que proyecta la encuesta a la Consejería de Salud. “Exigimos que esa situación de desamparo sea tratada en profundidad y se ponga remedio a la creciente violencia que sufren los profesionales y culpamos a la Consejería de fomentarla con las listas de espera que sufren los pacientes, la dificultad de que sean atendidos con tiempo, lo que aumenta el malestar y la inquietud de los ciudadanos y algunos, descargan esa frustración sobre los profesionales sanitarios”, señala Macías.