La Junta de Andalucía da un nuevo plantón a Hacienda en una reunión para abordar la quita de la deuda

El Gobierno andaluz ha dado un nuevo plantón al Ministerio de Hacienda. Si el pasado 26 de febrero, los 14 consejeros autonómicos de Hacienda del PP abandonaron todos juntos la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se aprobó la quita de la deuda a las comunidades autónomas, previamente pactada con ERC, este miércoles han sido dos altos cargos de la consejería los que han cortado la reunión a los cinco minutos de comenzada.

Según fuentes del ministerio que dirige la también vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, a la reunión han asistido el jefe de Gabinete de la consejera y flamante secretario general del PP de Sevilla y el secretario general de la consejería, cuando lo previsto eran que estuvieran los altos cargos andaluces en materia de Tesorería y Deuda. Por parte del ministerio han acudido siete altos cargos de dos Secretarías Generales: Tesoro y Financiación Internacional y Financiación Autonómica y Local. La minireunión ha sido telemática.

La Junta “ha cortado la reunión y se han negado a tratar los detalles técnicos de la medida” de la quita de la deuda, han asegurado fuentes del ministerio que ha traslado a través de una comunicación escrita “los elementos más importantes que se iban a trasladar en la reunión”.

La posición en contra de la quita de la deuda está más que ratificada por la Junta de Andalucía, que considera una “trampa fiscal”, según la consejera de Hacienda, Carolina España, la oferta del ministerio de condonar 18.791 millones de euros de la deuda contraída con el Estado a través del antiguamente llamado Fondo de Liquides Autonómica (FLA). El Gobierno andaluz entiende que esta medida, que nace del acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, no es necesaria para Andalucía, por cuanto mantiene que no tiene un problema de deuda, sino de financiación por lo que urge a negociar la reforma del sistema que lleva caducado 10 años. Otros argumentos facilitados por España para justificar su oposición a la quita son también políticos, como el de no contribuir “a ser cómplice de las cesiones que permanentemente se le están haciendo al independentismo”.

Aunque Andalucía no arrastra la deuda más abultada de España (Cataluña y Comunidad Valenciana, encabezan esta lista), sí debe 40.629,54 millones de euros, de los que 22.230,63 millones es deuda con el Estado y 18.398,90 millones es deuda de mercado (con terceros). Con la quita reduciría en un 85% la deuda con el Estado.

Según las tesis del ministerio, “con la condonación la comunidad volverá a recuperar plenamente su autonomía financiera y, por tanto, podrá ejercer con libertad su autonomía política”. Pese al plantón de los consejeros del PP en la reunión del CPFF, el acuerdo de la quita salió adelante ya que el Gobierno de coalición tenía el apoyo garantizado con las comunidades socialistas.

El ministerio de Montero mantiene que con el acuerdo de la quita “Andalucía podrá financiarse a través del mercado en su totalidad, dado que los vencimientos estimados para los próximos años no excederán de los 3.000 millones de euros (cifra que llevan años reflejando en el Plan Plurianual de Endeudamiento como necesidades a financiar en mercado)”. Según Hacienda, “la asunción de la deuda de Andalucía se hará en su totalidad con saldos vivos del FLA, ya que, como se aprobó en el CPFF, se va a dar prioridad absoluta a la asunción” del Fondo de Liquidez. El planteamiento del ministerio es que “lo idóneo es cancelar los préstamos desde 2016 hasta 2019 y, agotados éstos, comenzar con el FLA 2024 y de años anteriores por orden. La justificación es cancelar los préstamos que producen un mayor ahorro de intereses a la comunidad autónoma”.

El Gobierno central estima el ahorro en intereses futuros de Andalucía en 1.400 millones de euros porque “el tipo medio que Andalucía paga por los intereses al FLA desciende a la mitad con la medida, lo que le produce un ahorro en costes financieros futuros”.

La Consejería de Hacienda ha esperado a dar su versión de la cita a rueda de prensa que se ha celebrado esta tarde tras la reunión del Consejo de Gobierno. El Consejo habitualmente se celebra por la mañana, pero se ha retrasado por la entrega de una premios

Allí, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda ha sostenido que los miembros de su delegación no se han levantado de la mesa, sino que, como no se iba a discutir ni de financiación autonómica ni del fondo de compensación transitorio que habían solicitado por carta al ministerio, no han querido seguir en la reunión. “No nos hemslevantado de la reunión, pero es que no se ha presentado una propuesta de financiación ni del fondo compensatorio”, ha sostenido España que ha insistido en que los 1400 millones de ahorro en intereses que ofrece el Gobierno no van a servir para invertir en sanidad, educación o en infraestructura, porque la Airef no permite destinarlos a políticas públicas.

La portavoz ha vuelto a incidir en el argumentario político “¿Qué necidad tenemos en Andalucía de pagar la fiesta del independentismo, cuando aceptar la quita solo podría incrementar una solvencia financiera que ya tenemos?”, se ha preguntado para señalar como responsable de esas cesiones a la ministra de Hacienda y actual líder de la oposición a Moreno “que ha sido incapaz de plantarse ante Sánchez, Puigdemont y Junqueras”

Andalucía es la comunidad en términos absolutos más beneficiada por la quita. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) , en la reunión celebrada el 26 de febrero en el CPFF, puso pegas al planteamiento del Gobierno y consideró que la condonación de deuda autonómica debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal por los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales. También estimó que la condonación debería tener en cuenta la posición de partida de cada comunidad, así como su posición relativa respecto a un sistema de financiación cuya reforma todavía está pendiente.