El Govern y los comunes duplican la carga tributaria en la compra de edificios

El Govern y los comunes presentaron este jueves los detalles de su acuerdo en materia de fiscalidad, que incluye duplicar la tasa turística, doblar la tasa turística, tal y como avanzó EL PAÍS y modificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP). El documento, presentado para favorecer una fiscalidad más justa que permita favorecer el acceso a la vivienda, comportará unos ingresos a las arcas de la Generalitat de unos 300 millones de euros, 200 millones a través del ITP y unos 100 de la tasa turística. A falta de Presupuestos y de ley de Medidas Fiscales y Financieras, el Ejecutivo aprobará el acuerdo en un decreto que precisará ser convalidado en el Parlament. El Govern y los comunes confían en que ERC vote a favor. Las tres partes negociando suplementos de crédito por valor de 4.000 millones de euros para suplir la falta de cuentas.

El documento pactado fue presentado ayer por la consejera de Economía, Alícia Romero, y la líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, que lo definió como un acuerdo contra la especulación y por el derecho a la vivienda. Las novedades más relevantes son las que afectan al ITP, que pasa de dos tramos a cuatro. La principal modificación comporta que se doblará, pasando del 10% al 20% del importe del tributo de la compraventa para los grandes tenedores (propietarios de 10 o más viviendas en zonas de mercado inmobiliario tensionado, cinco viviendas en las zonas tensionadas). La segunda modificación al alza es que las compras de edificios enteros paguen también el 20% del coste, el límite máximo legal, precisaron Romero y Albiach. Además, se suprimirá la bonificación en la transmisión de viviendas destinadas a la reventa para lograr beneficios.

La tasa de Transmisiones Patrimoniales pasa del 10% al 20% en el caso de grandes tenedores. “El objetivo es frenar la especulación”, aseguran las partes

El texto del acuerdo pone el acento en la necesidad de frenar a los especuladores. “Se ha entendido la vivienda”, sostiene, “como un bien de mercado donde los grandes especuladores han encontrado una fuente de enriquecimiento fácil. Han podido comprar y vender pisos sin ningún tipo de penalización mientras miles de personas han sido expulsadas del mercado u obligadas a vivir en condiciones indignas”. Incrementar el ITP en estos casos del 10% al 20% significa que si antes un gran propietario pagaba 100.000 euros en impuestos para comprar un edificio de un millón de euros, ahora pagará 200.000 euros, ejemplifican ambas partes.

“Es un cambio cambio cultural porque es disuasorio de la especulación”, advirtió Albiach sobre las modificaciones fiscales en la compraventa de vivienda. “Se trata de poner la fiscalidad al servicio de la vivienda, para que especular salga muy caro, ante los que juegan con las casas y siempre ganan, nosotros redistribuimos riqueza”, señaló Albiach, que añadió a título de ejemplo: “Casos como la compra de Casa Orsola por parte de inversores no saldrán a cuenta”. “Estamos poniendo límites a la piratería inmobiliaria que hasta ahora campaba a sus anchas”, dijo, remarcando que los 300 millones saldrán de los bolsillos de “especuladores y de los turistas”.

El Govern de Illa ha centrado la prioridad de su mandato en el acceso a la vivienda y Romero señaló que el acuerdo contempla “una fiscalidad más justa y solidaria” que implica que quien tenga más viviendas contribuya más a la caja común”. “Hasta ahora una persona que compra un piso para vivir paga exactamente el mismo impuesto que un especulador que compra un edificio entero para hacer negocio y eso no tiene sentido”, abundó. “Si quieren hacer negocio, que paguen más”. En paralelo a la modificación del ITP, Romero explicó que el acuerdo incluye también una deducción al impuesto de la renta para el alquiler de vivienda habitual para las víctimas de violencia machista. Con la voluntad de facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda a las víctimas de la violencia machista, se fija un nuevo tipo reducido del 5% en el impuesto de transmisiones patrimoniales.

La modificación tributaria comporta la reforma al alza de la tasa turística, que implicará unos ingresos anuales de 100 millones de euros, de los que el 25% se destinarán a fomentar las políticas de vivienda. En total, un hotel de cinco estrellas de Barcelona podrá aplicar una tasa de 7 euros que serán 6 en el resto de Cataluña o en el caso de los hoteles de cuatro estrellas de 3,40 y 2,40 euros respectivamente. Paralelamente, el Govern permitirá a los ayuntamientos habilitar en sus ordenanzas su propio recargo como ya hace Barcelona. La medida ha irritado al sector hotelero pero la consejera replicó que esa tasa se cobra en muchas ciudades europeas y con un importe mayor: 8,13 euros en París, 7,5 en Roma y en Ámsterdam se plantean aplicar un 12,5% sobre el precio de la habitación. “La tasa se aplicó en 2012 y los visitantes y el gasto no paran de crecer”, recordó.

La reforma al alza ha suscitado un rechazo unánime en los sectores turístico y empresarial. Agencias de Viajes, Pimec, el Gremio de Hoteles de Barcelona o la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Catalunya (Confecat) criticaron ayer unos cambios que alertan de que no han sido compartidos ni consultados y que entienden que incrementan la presión fiscal de la Administración hacia el sector. La líder de los comunes apuntó que alguien que puede pagar 300 o 400 euros por habitación no dejará de venir por pagar siete. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebró el acuerdo y vaticinó un incremento “razonable y razonado” para la ciudad. Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF)

El aumento de la tasa turística, y el hecho de autorizar a todos los municipios catalanes a implantar un recargo propio (como ahora tiene Barcelona), ha suscitado un rechazo unánime en los sectores turístico y empresarial. Agencias de Viajes, Pimec, el Gremio de Hoteles de Barcelona o la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Catalunya (Confecat) han criticado unos cambios que alertan de que no han sido compartidos ni consultados y que entienden que incrementan la presión fiscal de la administración hacia el sector. En Barcelona, su alcalde, Jaume Collboni, ha celebrado el acuerdo y ha vaticinado un incremento “razonable y razonado” para la capital catalana.