Junts carga contra el acuerdo sindical de Renfe tras colocar a un economista afín en el consejo de administración

El Ministerio de Transportes evitó ayer, absolutamente in extremis, una huelga ferroviaria que amenazaba con paralizar la red durante siete días, pero las cesiones a los sindicatos, en lo que respecta al traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, han abierto una brecha en las relaciones del Gobierno con las fuerzas independentistas catalanas en el Congreso de los Diputados. El portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha asegurado este lunes que el acuerdo para tranquilizar a las centrales sindicales es “el certificado de defunción” del pacto de 2023 para que Rodalies pase de manos de Renfe a la Generalitat. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede de JxCat un día después de la desconvocatoria de la movilización prevista en Renfe y Adif.

Pero mientras los posconvergentes critican las concesiones con las que se ha evitado la huelga, también ha trascendido que el partido de Carles Puigdemont colocó a un economista afín, Eduard Gràcia, en el consejo de administración de Renfe. Tal y como ha avanzado La Vanguardia, Gràcia ocupa un puesto en el órgano de decisión en pleno caos ferroviario en Cataluña. Gràcia, profesor de Economía Internacional en la Universitat de Barcelona, está muy vinculado a Junts y ha sido muy activo en la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Fuentes de Renfe explican que su nombramiento se produjo en diciembre.

Con la entrada en Renfe, Junts comenzó a tomar posiciones en empresas estatales o participadas por el Estado. Hace unas semanas el exconsejero de Empresa y exeurodiputado, Ramon Tremosa, dejó su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona para incorporarse al consejo de administración de Aena. Su nombramiento se produce cuando vuelve a estar sobre la mesa la ampliación del aeropuerto de Barcelona, pero el presidente de Aena, Maurici Lucena, desvincula el fichaje de cualquier motivación política.

Tremosa tiene una larga trayectoria contra la gestión estatal de Barcelona-El Prat, pero Lucena valora su tono personal y conocimiento técnico: “Ramon Tremosa se incorporará al consejo [de Aena] a título individual. Es decir, no entra ninguna formación política”, dijo el presidente de Aena el pasado 26 de febrero ante los medios de comunicación, “va a ser consejero independiente de una sociedad cotizada y eso reporta una enorme responsabilidad y un único objetivo: su deber será la defensa del interés societario de la compañía, y los debates son muy acotados”. El consejo de Aena ha hablado hasta ahora como una sola voz a favor de la ampliación del mayor aeropuerto catalán.

También el periodista que llegó a ser candidato al senado por Junts, Miquel Calçada, fue designado para formar parte del consejo de administración de RTVE. El exdirector de Mossos, Pere Soler, fue nombrado a finales del año pasado consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El voto favorable de ERC

Dar decididos pasos hacia un cambio efectivo de manos de las Cercanías de Cataluña (Rodalies) fue moneda de cambio del PSOE, en noviembre de 2023, para lograr el visto bueno de ERC a la investidura de Pedro Sánchez. Esta era una de las principales condiciones del Govern, entonces con Pere Aragonès al frente, para que la fuerza republicana facilitara la formación de un Gobierno.

La ruta de Rodalies se diseñó por fases y contempla la creación de una nueva sociedad, Rodalies Catalunya (segregada de Renfe Viajeros), que iba a ser participada por la Administración General del Estado, pero en la que la Generalitat se reservaba mayoría en el capital. El consejo de administración, por su parte, aseguraría una paridad entre las partes, pero la Generalitat se encargaba de nombrar a un presidente con voto de calidad.

El acuerdo alcanzado ayer con Semaf, CC OO, UGT, SF-I y SCF implica que las Cercanías catalanas no saldrán, de momento, del Grupo Renfe. Sí se mantiene el plan de forjar una empresa mixta, pero ahora será el Estado el que tenga mayoría.

La cesión de la titularidad de este brazo de Renfe también afectaba a la infraestructura de Adif (vías, catenarias y señalización), con más de 1.100 kilómetros de vías en Cataluña, aunque se delimitaba a los activos donde los servicios iban a ser prestados de forma exclusiva bajo tutela catalana y podían excluirse de la explotación conjunta del resto de la Red Ferroviaria de Interés General. Se apunta inicialmente al trasvase de la línea del Maresme del eje R1; la línea Papiol-L’Hospitalet-Vic-Puigcerdà de la R3, y la línea Sant Vicenç de Calders de la Línea R2.

En ambos casos, el pacto garantizaba el empleo de los trabajadores pero los sindicatos no han dejado de mostrarse contrarios al traspaso. La titularidad de Rodalies es de la Generalitat desde 2009 y 2010 en virtud de dos normas: el Real Decreto 2034/2009 sobre el traspaso a la Generalitat de Catalunya de las funciones de la Administración General del Estado correspondientes al servicios de transportes de viajeros por ferrocarril de alrededores, y, en segundo lugar, el Real Decreto 1598/2010 que dota a la Generalitat de Catalunya de las funciones de la Administración General del Estado correspondientes al servicios de transportes de viajeros sobre la red de ancho ibérico. Tras ello, Renfe mantuvo la operación y también continuó la inversión por parte de Adif en el mantenimiento de unas vías en la que abundan las incidencias desde hace años.