Díaz Ayuso apuesta por el ladrillo para afrontar la crisis económica del coronavirus

Con las heridas abiertas por el estallido de la burbuja inmobiliaria aún sin cicatrizar, la Comunidad está centrando en el sector de la construcción su estrategia para afrontar la crisis económica provocada por el coronavirus. Isabel Díaz Ayuso apuesta por liberar suelo, quiere aprovechar el impulso del proyecto de Madrid Nuevo Norte, y acaba de enviar a la Asamblea una reforma legislativa clave: eliminar la mayoría de las licencias urbanísticas, modificando la ley del suelo para sustituirlas por una declaración responsable. La estrategia cuenta con el rechazo de toda la oposición, salvo Vox.

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Madrid, la región que más aporta al PIB de España, afronta un horizonte económico dantesco. En los últimos dos meses, 138.000 personas han perdido su empleo, 450.000 han sido incluidas en un ERTE, y uno de cada tres autónomos ha perdido su negocio, según detalló Díaz Ayuso el pasado jueves en la Asamblea. Cada semana de confinamiento, aseguró la presidenta, cuesta 18.000 puestos de trabajo, porque quiebran 1.000 empresas cada una. Una debacle, añadió, que ha provocado ya la pérdida “de 4.000 millones de riqueza” y que a la larga supondrá, como mínimo, un recorte del 10% del PIB regional y la pérdida de más de 400.000 empleos. Para frenar la crisis, e intentar reactivar la economía, su equipo tiene una primera apuesta: el sector de la construcción.

“¿Es inadecuado e incomprensible que queramos impulsar el sector de la construcción?”, se preguntó el jueves en la Asamblea Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, sobre una reforma que acabaría con la necesidad de tener licencia de obra, de reforma integral, demolición, primera ocupación, edificación… “Lo cierto es que supone el 20% del empleo en la Comunidad, y es el que presenta el mayor efecto multiplicador en términos de PIB”, argumentó la integrante del Gobierno regional, que también ha apostado por ceder suelo público a privados para construir en más de 40 municipios 15.000 viviendas con el precio del alquiler limitado. “¡De ahí la importancia de la reforma!”.

No es una mera declaración política. La memoria que acompaña al proyecto, publicada en el portal de transparencia, recoge argumentos parecidos negro sobre blanco, vinculando gran parte del futuro de la región al ladrillo. De hecho, los partidos madrileños tienen pendiente desde la legislatura pasada una reforma en profundidad de la ley del suelo. ¿La razón de la demora? Que ese texto es la clave de bóveda de una economía, porque marca por qué tipo de desarrollo se apuesta en el territorio.

Ayuso

“El pronóstico económico esperado para este año 2020 así como para los próximos ejercicios, señala un claro deterioro de los indicadores tanto macroeconómicos como sectoriales y de empleo, a raíz de la crisis sanitaria provocada por el virus covid-19”, se lee. “La expectativa de empeoramiento del ritmo de crecimiento de la economía española, así como de la economía mundial, auguran la concurrencia a corto plazo de una recesión, hecho este que obliga a tomar decisiones de política económica y sectorial con el objetivo de evitar una mayor desaceleración”, sigue. “La actual regulación de la técnica autorizatoria previa provoca unos plazos de espera para la realización de actuaciones urbanísticas muy dilatados”, detalla. Y remata: “Estos plazos tan extensos penalizan a nuestra Comunidad pues, o bien eleva de forma innecesaria el coste que soporta todo tipo de actividad económica para su desarrollo, o ahuyenta la inversión que puede migrar hacia regiones o países con marcos normativos más favorecedores”.

La oposición le recuerda la crisis de 2008

Esos argumentos suenan como un cuento de terror leído en voz alta para los partidos de la oposición. Cada palabra retrotrae a sus portavoces a la memoria de las colas del paro, los desahucios dramáticos, las grúas congeladas y los proyectos vitales destruidos por la crisis de 2008.

Es toda una declaración de intenciones que los dos únicos proyectos de ley que haya traído el Gobierno a la Cámara sean reducir los impuestos y liberar el suelo

Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid en la Asamblea

“Para todos los que ya sufrimos la crisis del 2008 cuesta entender que la receta económica de cualquier partido sea otra vez alimentar burbujas inmobiliarias apostando por liberalizar el suelo y quitar licencias”, afirma Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. “Mientras toda Europa trata de aprender de los errores de la anterior crisis, el PP debe ser el único partido que se propone tropezar dos veces con el mismo ladrillo”, sigue. “Es toda una declaración de intenciones que los dos únicos proyectos de ley que haya traído el Gobierno a la Cámara sean reducir los impuestos y liberar el suelo”, añade.

“El PP encuentra siempre una solución a todos los problemas, la pena es que siempre es la misma y siempre es errónea: el ladrillo”, coincide Jacinto Morano, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, partido que ha pedido a la Viceconsejería de Medioambiente que revoque la tramitación del anteproyecto de reforma de la ley del suelo, registrando un recurso de alzada al considerar un “fraude de ley” que se realice durante el estado de alarma. “Lo hicieron construyendo hospitales pero reduciendo camas o haciendo ciudades de la justicia sin juicios”, ironiza. “Lo que necesita Madrid es avanzar a un modelo productivo de alto valor añadido y estabilidad en el empleo, no volver a hinchar la burbuja inmobiliaria para facilitar el negocio de los amiguetes”.

“La presidenta ha manifestado que el modelo productivo debe anclarse nuevamente en el ladrillo, ignorando de lleno el modelo de Desarrollo Urbano Sostenible, que en el conjunto del país se puso en marcha con la Ley de Suelo de 2007 y que todas las Comunidades han reflejado en su legislación urbanística, salvo la de Madrid”, lamenta Rafael Gómez Montoya, del PSOE. “Esta iniciativa tiene también mucho de marketing y búsqueda de repercusión mediática, con un objetivo engañoso que dice contribuir a reactivar la actividad inmobiliaria como motor económico de la región. Paradójicamente, no va acompañado de un informe económico serio”, apunta. “Si de verdad se quiere solucionar el problema del tiempo en la concesión de licencias, deberían regularse con claridad los plazos en la ley autonómica y contratar más trabajadores en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad”.

El Ejecutivo ha formado un comité de expertos para organizar un plan con el que dinamizar la economía regional, y defiende que sus soluciones no están centradas exclusivamente en la construcción: este martes, por ejemplo, anunció que pretende crear 50.000 puestos de trabajo a través de casi 300 proyectos del Canal de Isabel II que movilizarán 1.700 millones de euros en 2020 y 2021.

Su margen de acción, sin embargo, es limitado, porque gobierna en minoría. Hasta ahora solo ha puesto en juego dos proyectos legislativos a la Asamblea. El primero, una modestísima rebaja fiscal, fue tumbado por el choque entre Cs y Vox. El segundo, que supone reformar la ley del suelo en lectura única, para acelerar los plazos y culminar el cambio este verano, volverá a depender de la decisión de la extrema derecha, en principio proclive a apoyar la reforma.

Así, la aritmética parlamentaria depara toda una paradoja. La eliminación de las licencias que persigue el Gobierno dependerá de Rocío Monasterio, arquitecta antes que política, y rodeada, precisamente, de una polémica por los visados de sus proyectos.

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