Ayuso ve “odio” en el PSOE de Madrid y dice que Pedro Sánchez la quiere “matar” políticamente

Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, identificara a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la “multinacional ultraderechista” ―”todos ellos unidos por la pasta para hacer negocio con los derechos de la gente”, dijo―, la baronesa conservadora ha dicho este lunes ser víctima de una supuesta operación de Estado que busca su “destrucción personal” y “deshumanizarla”, y ha acusado al jefe del Ejecutivo de quererla “matar”. “Políticamente”, ha precisado un miembro de su equipo tras una intervención cargada de insinuaciones sin pruebas. El choque entre los dos líderes alcanza así un nuevo cenit en una escalada continua que el pasado fin de semana tuvo parada en el congreso regional del PSOE de Madrid, donde Óscar López fue proclamado nuevo líder entre referencias constantes a la baronesa conservadora, identificada con la extrema derecha a través de un video en el que se mezclaron imágenes suyas, y de otros políticos, como Javier Milei o Viktor Orbán, con las de movilizaciones de nazis. Una escenificación a la que ha contestado Díaz Ayuso con un discurso lleno de descalificaciones hacia los socialistas.

“Tenemos un presidente que está incapacitado para la política, que no tiene un proyecto para España, que vive de la confrontación, de utilizar todos los poderes del Estado contra todo el que se le ponga por el medio, especialmente, la Comunidad de Madrid”, ha dicho Ayuso este lunes durante una entrevista en Telecinco.

“Es un congreso del odio, de personas que han ido y decidido pues ni siquiera ocultar esas fobias con las que han estado trabajando contra nosotros, contra nuestro proyecto en los últimos cinco años y medio”, ha añadido sobre el cónclave del PSOE regional. “Creo que cualquier ciudadano que se ponga en mi lugar entenderá lo que puede significar que el presidente del Gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo… me quieren destruir”, ha seguido, tras lo cual su equipo ha precisado que se refería a “políticamente”.

Y ha rematado: “Como saben que por la vía judicial no pueden hacer nada porque es que yo no me he llevado ni un boli de la EGB por más que han estado durante años y años intentando crearme una imagen, como en las urnas no pueden hacer nada porque debe ser que la mayoría absoluta de los madrileños son de extrema derecha, lo que intentan es la destrucción personal”.

Ayuso llegó al poder en agosto de 2019. Desde entonces, ha estado en el centro de la polémica por casos que han afectado a su padre, a su hermano, y, ahora, a su pareja. En el primer caso, se puso bajo los focos que una empresa participada por su padre recibiera un aval de 400.000 euros de Avalmadrid, una sociedad de garantía recíproca participada por la administración regional, y que luego no pudo devolver al completo, por lo que se ejecutaron las garantías correspondientes. La Fiscalía no vio indicios de delito, pero el dictamen aprobado por el PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox en la comisión de investigación correspondiente en la Asamblea concluyó que Díaz Ayuso había recibido un trato “preferente” y “personalizado” cuando la entidad la informó sobre las condiciones del aval.

En el segundo caso, ni la Fiscalía española ni la europea vieron problema alguno en que el hermano de la presidenta hubiera cobrado una comisión de una empresa que había contratado con la administración regional por ayudarla a encontrar las mascarillas necesarias para cumplir con su contrato, valorado en 1,5 millones. La polémica, sin embargo, precipitó la caída de Pablo Casado como líder nacional del PP por haber criticado la operación. “La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros. Yo creo que no es ejemplar. Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno”, dijo.

En estos momentos, quien está en el centro de la actualidad es la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, que declarará ante la justicia el 24 de febrero por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal que superan los 300.000 euros y uno de falsedad en documento mercantil. Ese procedimiento ha derivado en el encausamiento de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por la presunta filtración a la prensa (que él niega) de un email confidencial perteneciente a la causa.

Sobre esos casos, Ayuso ha venido a decir que son “la cara visible” de una supuesta “operación de Estado” que “se les ha ido de las manos” y en la que, ha asegurado, sin aportar pruebas, están ocurriendo más cosas “de manera soterrada”. “Se roban ordenadores, se allanan viviendas, se destruyen pruebas y se persigue”, ha dicho sobre los abogados que representan a su pareja, que denunciaron el robo de un ordenador que la Guardia Civil atribuyó luego, tras localizarlo, a la delincuencia común. “No sé si tengo los teléfonos pinchados, pero en esas estamos en España, no hay garantías procesales, no hay garantías judiciales, mucho menos que ahora han decidido borrar de manera retroactiva muchas causas”, ha añadido sobre una propuesta legal patrocinada por el PSOE para modificar la acusación popular.

Ayuso incluso ha deslizado, sin aportar ninguna prueba, que La Moncloa ha borrado de su móvil las conversaciones “de poca importancia” que mantuvo en el pasado por WhatsApp con Sánchez. “¿Qué programas informáticos no estarán usando desde La Moncloa?”, se ha preguntado. “¿Qué medios no estarán utilizando? ¿Qué habrá que no se ve? ¿Qué otras barbaridades no estarán cometiendo?”.

Además, la presidenta de Madrid ha vuelto a decir que el Gobierno de Sánchez intenta restringir el agua o la electricidad a los madrileños, discurso que lleva entonando desde hace un año. Con esto, Ayuso se ha referido a dos supuestos agravios.

El primero se refiere al diseño del plan hidrológico del Tajo, que considera contrario a los intereses de Madrid, pues fija por primera vez un caudal mínimo para el Tajo, como exigían cinco sentencias del Tribunal Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas desde hace 22 años. Además, condiciona a una autorización previa del Estado que el embalse de Valmayor pueda recibir agua del río Alberche, a través del trasvase San Juan-Valmayor. El Tribunal Supremo desestimó el recurso del Canal de Isabel II al respecto en diciembre.

El segundo se refiere a que el nuevo plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026 pone en riesgo futuras inversiones en la región capital, como nuevos centros de datos, según Ayuso. Una afirmación que el Gobierno de España ha desmentido repetidamente.

“El Gobierno ha sacado a información pública una modificación puntual de la vigente Planificación de electricidad con horizonte 2026 que implica un incremento de inversión neta de 321 millones con modificaciones que responden a la urgente necesidad de adaptar la red a nuevos proyectos, muchos de ellos a su vez resultado del Plan de Recuperación y sujetos a plazos concretos de ejecución”, explicó un portavoz gubernamental en enero de 2024, la primera vez que Ayuso se quejó. “Las modificaciones permitirán el desarrollo de nuevos proyectos que no podrían ejecutarse con el diseño previsto anteriormente, y no responden, por lo tanto, a un reparto de fondos por población o por extensión territorial”, siguió. “Además, para dar cabida a todo el desarrollo del Plan de Recuperación, más allá de estas modificaciones puntuales, el Gobierno ha iniciado ya el procedimiento para elaborar una nueva Planificación con Horizonte 2030, adelantándose al ciclo de revisión habitual”, apuntó, en referencia a su intención de dar pronta respuesta a las necesidades de Madrid, y de otras zonas de España en las que hay proyectos de energías renovables.