Nueva etapa en la guerra autonomista de Bolivia

Ansioso por consolidar una total hegemonía en Bolivia, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha comenzado ya su campaña electoral para los comicios regionales de abril de 2010 con la designación de candidatos para copar las nueve gobernaciones y las alcaldías de 327 municipios. Además, paralelamente, desarrolla una estrategia de acoso judicial a sus principales oponentes de la agónica media luna, compuesta por los cuatro departamentos autonomistas: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

Los resultados oficiales de la Corte Nacional Electoral establecieron que el 95% de los electores acudió a las urnas el 6 de diciembre para reelegir, con un 64% de los votos, a Evo Morales como presidente, a Álvaro García Linera como vicepresidente, y a los aspirantes a un escaño en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS obtuvo los dos tercios con los que aprobará un centenar de leyes para poner en práctica el cambio en Bolivia.

El líder del MAS, el presidente Morales, y sus principales colaboradores nombraron a los candidatos a gobernadores y alcaldes después de las reuniones mantenidas en las tres últimas semanas con sus organizaciones de base. En las últimas horas, sin embargo, han aflorado muchas protestas debido al descontento generado por tales designaciones, mientras aumentan las quejas ante la presunta ausencia de consultas a los llamados movimientos sociales y juntas vecinales para los nombramientos.

Pese a que los dirigentes del MAS han insistido en que los candidatos fueron proclamados con el apoyo mayoritario de las organizaciones sociales, la influyente Federación de Juntas Vecinales de El Alto ha cuestionado la designación del dirigente sindical Edgar Patana como candidato a alcalde de esa ciudad, al que acusan de vínculos con casos de corrupción.

El secretario de esa federación, Rubén Mendoza, ha solicitado la reconsideración del nombramiento y ha advertido que, si el presidente Morales no designa a otra persona con el consentimiento de las juntas vecinales, buscarán mediante alianzas un candidato propio. El Alto es el bastión del MAS, donde obtuvo las mayores y decisivas cifras de apoyo en las urnas.

Morales ha convocado a sus seguidores a que en las elecciones del 4 de abril de 2010 se logre una aplastante victoria, mucho mayor que la obtenida el 6 de diciembre. El vicepresidente García Linera anticipó ya el propósito de que el poder político consolidado en las urnas pueda expandirse a un control territorial para hacer efectivo el cambio revolucionario en Bolivia.

Ese propósito hegemónico aparentemente supone inhabilitar a sus principales adversarios con el inicio de procesos judiciales contra los prefectos de Tarija, Mario Cossío; Santa Cruz, Rubén Costas, y Beni, Ernesto Suárez, así como al detenido prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, esta vez por presunta malversación de fondos para financiar el referéndum de aprobación de los estatutos autonómicos, que fueron respaldados por el 80% de los ciudadanos.

Los tres primeros han confirmado que irán a la reelección de gobernadores, convencidos de que obtendrán al menos la misma votación -un promedio del 70%- lograda en el último referéndum revocatorio del 10 de agosto. El MAS obtuvo hace tres semanas el segundo lugar, con un 39% de votos en Santa Cruz y un 40% en Beni y Pando, respectivamente.

Costas, Cossío y Suárez pueden ser procesados por malversación de fondos, según confirmó el Ministerio de Lucha contra la Corrupción. Su titular, Nardy Suxo, rechazó la presunta persecución política de la que se han quejado varios de los candidatos. "No existe ningún tipo de persecución política ni nada que se asemeje a ello. Lo que existe es una persecución por delitos penales y lo que corresponde es asumir una defensa jurídica", afirmó la ministra Suxo, que persigue judicialmente a los gobernadores por haber utilizado, presuntamente, recursos no autorizados para financiar la consulta popular sobre los estatutos autonómicos.

El Gobierno de Morales convocó en julio de 2006 un referéndum sobre las autonomías, a cuyo término cuatro departamentos expresaron su voluntad de ser autónomos y cinco -La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba- mantuvieron su vocación centralista. Al amparo de estos resultados, los cuatro departamentos autonomistas procedieron a llamar a una consulta de aprobación de los estatutos autonómicos, que al final quedaron estrangulados en su aplicación ante el recorte de los ingresos económicos dispuesto por el Gobierno. Los otros cinco departamentos apoyaron mayoritariamente el régimen autonómico en las elecciones del 6 de diciembre, a instancias del propio Gobierno.