Los criterios pendulares de la Justicia egipcia

Hubo un tiempo en el que los jueces egipcios se enorgullecían de mantenerse al margen del nepotismo y la corrupción que distinguían la dictadura de Hosni Mubarak. A falta de una alternativa política, la judicatura se convertía en ocasiones en una suerte de cortafuegos para las caprichosas medidas tomadas por el poder Ejecutivo. Pero tras el amago de infarto que provocaron los islamistas en el seno del aparato judicial, sus decisiones parecen ahora discurrir en paralelo a la política instaurada por el régimen de Abdel Fatah al Sisi.

La última de las polémicas decisiones proviene de un tribunal penal de El Cairo, que decretó a mediados de julio cadena perpetua para siete jóvenes y 20 años de prisión para otros dos menores de edad por su supuesta implicación en las agresiones sexuales contra mujeres que se produjeron hace un mes en la plaza Tahrir, coincidiendo con las celebraciones por la investidura de Al Sisi. Los asaltos empañaron la toma de posesión del flamante presidente, que se implicó de forma directa en acabar con la lacra del acoso. Una enmienda al Código Penal endurece las penas para estos casos, aunque la corte ha ido mucho más allá al endosar a los acusados una ristra de delitos que van desde la violación o el abuso, al robo y la posesión de armas blancas.

“En estos momentos no hay una ley que los jueces sigan, cuando alguien comparece en una corte no sabe qué va a pasar”, asegura Hassan Mosad, abogado del Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales. Ante cualquier asunto escabroso, el Gobierno enarbola la independencia de la Justicia y niega su implicación en estos asuntos. Pero según el letrado, el imperio de la ley en Egipto “se ha sustituido por las decisiones personales de los magistrados, que obedecen a sus ideas preconcebidas”.

Desde el derrocamiento de Mohamed Morsi, las principales víctimas de esta “justicia selectiva” -como la han venido a denominar organizaciones como Amnistía Internacional (AI)- han sido los islamistas. Los líderes de los Hermanos Musulmanes acumulan decenas de cargos, mientras que miles de simples simpatizantes del movimiento han sido incluidos en juicios masivos en los que las garantías procesales han brillado por su ausencia, según los equipos jurídicos de los colectivos de derechos humanos. El abogado Mohamed Lotfi, que ha trabajado para AI en alguno de estos casos, apunta que la tónica general es que “los detenidos pasen en prisión preventiva sin acusaciones más tiempo del que deberían, sin recibir tampoco asistencia legal”.

En el proceso más mediático, un mismo juez condenó a muerte a 220 supuestos partidarios de la Hermandad -incluido el guía supremo de la cofradía, Mohamed Badie- y dictó cadena perpetua para otro medio millar de personas. Pero tampoco se han librado periodistas como los del canal catarí Al Yazira, condenados a penas de entre siete y diez años de cárcel, o los principales activistas de tendencia liberal, que se encuentran en prisión.

Al contrario de lo que podría interpretarse como la politización de la Justicia, Nathan Brown, profesor en la Universidad George Washington y experto en constitucionalismo en los países árabes, piensa que la judicatura goza de la suficiente autonomía “para tomar decisiones en nombre de Egipto, pensando sinceramente que actúa como defensor de la nación”. En su ensayo La fallida transición en Egipto señala que los jueces han actuado por todos los medios para “perpetuar sus intereses hasta un nivel que socava los mecanismos democráticos”.

Los recelos de algunos estamentos de la judicatura sobre el régimen de Mubarak no los acercó ni mucho menos a los islamistas, contra los que la mayoría del aparato judicial tiene una especial inquina. Enaltecidos como garantes de un Estado laico, Morsi abrió contra los togados una encarnizada lucha de la que salió más que tocado. En su intento por jubilar a los magistrados más hostiles y purgar el sistema judicial, sólo consiguió abrir una herida en la que los jueces hurgan ahora.

La nueva Constitución ratificada en enero en referéndum premia a este colectivo con una independencia aún mayor. El poder ejecutivo y el judicial circulan por vías distintas con un mismo destino. Como el resto de las instituciones egipcias, que han cerrado el paso a la disidencia para arropar las viejas prácticas recuperadas por la nueva Administración de Al Sisi.