La sentencia sobre Mladic demuestra que la justicia es posible

Ha tardado más de 20 años, pero la hora de saldar cuentas le ha llegado por fin al jefe militar serbobosnio Ratko Mladic con la condena a cadena perpetua por el genocidio cometido en Srebrenica, Sarajevo, y otras zonas de la antigua Yugoslavia.

La captura y el juicio de Mladic han sido fruto de dos décadas de perseverancia por parte de los familiares de sus víctimas, combinada con una voluntad política cada vez mayor tanto dentro como fuera de su país. Cuando, en 1997, iniciamos la campaña “¡Detenciones ahora!” (“Arrest Now!”) para promover la captura de las personas buscadas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), éste había acusado Mladic de genocidio, y las fuerzas de paz de la OTAN tenían el mandato de detenerlo. Sin embargo, durante años se pudo ver a Mladic haciendo su vida libremente en la vecina Serbia, donde asistía a partidos de fútbol y cenaba en los restaurantes de Belgrado. Después de 2000, cuando la Unión Europea hizo de su captura y de la de otros acusados de crímenes de guerra una condición para el nuevo acuerdo de asociación con Serbia, y en Belgrado llegó al poder un Gobierno prooccidental, Mladic desapareció de la vista hasta que fue detenido en 2011. Por su cabeza se había ofrecido una recompensa de 10 millones de euros.

Esta semana, el fiscal de la CPI se ha atrevido a abrir por primera vez la posibilidad de que se pueda responsabilizar a los oficiales estadounidenses del waterboarding y las torturas perpetrados en Afganistán y en los centros de detención secretos de la CIA en Polonia, Rumanía y Lituania. Desafortunadamente, hoy en día parece que, en muchos otros casos, la justicia internacional está paralizada por la política. La mayoría de los regímenes que cometen atrocidades no son miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), y gozan del amparo de las grandes potencias. Rusia protege al régimen sirio de la acción de la CPI por sus bombardeos de civiles y su tortura sistemática; China protege a Birmania mientras esta comete horrores sin nombre contra los rohinyás; Estados Unidos protege a Israel, Arabia Saudí y Yemen, y así sucesivamente.

La sentencia a Mladic nos recuerda, sin embargo, que cuando hay voluntad política –o cuando puede ser movilizada por las víctimas y la sociedad civil–, es perfectamente posible hacer justicia por los crímenes contra la humanidad, aunque pueda tardar tiempo. Las familias de Srebrenica nunca dejaron de luchar. La detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 fue posible gracias a la campaña constante de sus víctimas, a la fuerza del poder judicial español y al cambio en el Gobierno de Gran Bretaña. El caso de Pinochet animó a las víctimas de Hissène Habré, exdictador de Chad. Sus 25 años de campaña condujeron al juicio que tuvo lugar en Senegal en 2015 con el apoyo de la Unión Africana. En Guatemala, los 30 años de esfuerzos de los activistas y las comunidades mayas, primero en España y luego en su propio país, movilizaron a la comunidad internacional y forzaron el proceso por genocidio del exdictador Efraín Ríos Montt. Lograr que se haga justicia es posible, pero no fácil.

Reed Brody de Human Rights Watch fue asesor de las víctimas de Hissène Habré, exdictador de Chad, y en los casos del chileno Augusto Pinochet y del haitiano Jean-Claude Duvalier. Actualmente trabaja con las víctimas del exdictador de Gambia, Yahya Jammeh.