Myanmar trata de silenciar la cobertura informativa de la represión y las protestas por el golpe de Estado

La junta militar redobla sus esfuerzos, de momento en vano, para silenciar a los manifestantes que desde hace más de un mes protestan a diario contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. La violenta represión de las fuerzas de seguridad, que hasta la fecha ha dejado un saldo de cerca de 60 fallecidos -dos de ellos, representantes de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), el partido del gobierno civil encabezado por Aung San Suu Kyi-, los militares intentan también controlar la narrativa de los acontecimientos y han revocado las licencias de cinco de los medios de comunicación independientes más prominentes del país. Al menos 35 periodistas han sido detenidos desde la asonada.

Se trata de Myanmar Now, Mizzima, DVB, 7Day y Khit Thit. “Estas empresas de comunicación ya no tienen permiso para retransmitir por televisión o divulgar información utilizando cualquier tipo de plataforma o medio tecnológico”, informó el lunes la cadena de televisión estatal MRTV, controlada por la junta militar que se puso a los mandos del país tras derrocar el Gobierno civil el mes pasado. Los cinco medios que las autoridades castrenses intentan amordazar han ofrecido una amplia y detallada cobertura de las protestas en contra del golpe, a menudo retransmitiendo vídeos en directo de la violencia policial y militar, así como divulgando información a través de las redes sociales.

“El Ejército birmano ha hecho una redada hoy en mi redacción. Déjà vu”, publicó el lunes en Twitter Tin Htet Paing, periodista de Myanmar Now, uno de los medios que más cobertura en inglés han ofrecido de las protestas. Este martes las autoridades regresaron a la redacción del medio en Yangón y arrestaron a su cofundador, Han Thar Nyein, y a su editor jefe, Nathan Maung, según confirmaron familiares de ambos. “Había unos ocho camiones fuera. Entraron a la oficina y estuvieron revolviendo durante un par de horas. Luego cargaron los camiones con material que confiscaron y se fueron”, dijo un testigo a Myanmar Now.

Tanto este como otros medios afectados han comunicado, no obstante, su intención de continuar informando sobre las acciones del régimen militar. Mizzima, por ejemplo, anuncia en su cuenta de Facebook que seguirá su “lucha contra el golpe y a favor de la restauración de la democracia en Myanmar publicando y retransmitiendo a través de plataformas multimedia”, entre ellas su propia web, sus cuentas de Facebook (la que está en birmano tiene más de 16 millones de seguidores), YouTube, Twitter e Instagram. El grupo multimedia DVB también ha afirmado que continuará retransmitiendo a través de televisión por satélite y de forma online. “Nos preocupa la seguridad de nuestros reporteros y nuestra plantilla, pero ahora todos los ciudadanos del país se han convertido en periodistas y no hay forma de que los militares paralicen el flujo de información”, aseveró el director de DVB, Aye Chan Naing, a la agencia Associated Press (AP).

Desde el golpe de Estado, los militares han detenido al menos a 35 periodistas, y solo 19 han sido liberados. Entre los aún detenidos, diez han sido acusados de infringir normativas, como la ley de orden público, que pueden acarrear penas de hasta tres años de cárcel, según Myanmar Now. Después del golpe, los militares amenazaron a los medios de comunicación con consecuencias si utilizaban términos como “golpe”, “régimen” o “junta” para referirse a su Gobierno, instrucción que la mayoría desoyó.

La organización Human Rigths Watch (HRW) considera en un comunicado que la revocación de las licencias es parte de “un ataque mucho mayor de la junta militar a la libertad de prensa y la capacidad de los periodistas de hacer su trabajo sin ser acosados, intimidados o arrestados”. Estos ataques a los medios, añade HRW, “son un claro intento de suprimir las noticias sobre la oposición generalizada al régimen militar. El Ejército también está intentando ocultar la crueldad con la que están respondiendo a esta oposición, y las insolentes violaciones que se están cometiendo contra las normas internacionales y la libertad de prensa”, añade.

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Además de los ataques directos contra medios y periodistas, la junta militar corta las telecomunicaciones cada noche hasta la mañana siguiente, generando una sensación de miedo y aislamiento entre la población birmana que evoca los peores tiempos de la antigua dictadura castrense (1962-2011). Igualmente, planea una ley de ciberseguridad muy criticada por las organizaciones de derechos humanos, ya que permitiría todavía un mayor control de las comunicaciones. Ante los ataques de los militares, la empresa tecnológica Facebook anunció a finales de febrero que bloqueaba al Ejército –conocido como el Tatmadaw- en sus plataformas con “efecto inmediato”.

Los generales han advertido de que la represión irá a más si continúan los desafíos de la ciudadanía. “La paciencia del Gobierno se ha agotado y, si bien estamos tratando de minimizar el número de víctimas, la mayoría de la gente quiere estabilidad y urgimos a que se tomen más medidas efectivas contra los disturbios”, anunció el lunes en un comunicado divulgado por la cadena de televisión estatal MRTV. Pese a las amenazas, las protestas continúan este martes en varias ciudades de Myanmar, incluida Yangón, la mayor urbe del país, donde el lunes se vivió una tensa jornada.

Toque de queda

Miles de personas desafiaron el toque de queda nocturno, establecido a partir de las 20.00 de la tarde hora local (las 14.30 en la España peninsular) y salieron a la calle en solidaridad con un grupo de 200 jóvenes que habían sido rodeados por las fuerzas de seguridad en Sanchuang, un distrito de Yangón. Tras horas de acoso y disparos al aire con armas de fuego, con la red eléctrica cortada, los jóvenes fueron liberados.

HRW ha exhortado, asimismo, a que se investigue la muerte bajo custodia policial de un miembro de la NLD —que ganó las elecciones de noviembre, resultado disputado por los militares—, Khin Maun Latt. El hombre, de 58 años, fue detenido a punta de pistola en su vivienda de Yangón la noche del 6 de marzo, y su cuerpo sin vida fue entregado a su familia el día siguiente con signos de tortura. Este martes, esta formación denunciaba otra muerte de uno de los suyos en circunstancias similares: la del funcionario del partido Zaw Myat Linn, detenido la noche pasada. “Sus familiares estaban intentando recuperar su cuerpo en el Hospital Militar”, ha indicado a Reuters el exlegislador de la NLD Ba Myo Thein.