El abogado general de la UE avala retirar fondos europeos a los países que vulneren el Estado de derecho

El abogado general de la Unión Europea ha rechazado este jueves los recursos planteados por Polonia y Hungría frente al mecanismo de condicionalidad, una herramienta aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los históricos fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho. Las conclusiones, que no son vinculantes, marcan el rumbo de lo que previsiblemente falle el Tribunal de Justicia de la UE, cuyas sentencias suelen coincidir en la mayor parte de casos con la opinión de los abogados generales. La decisión definitiva se espera para principios del año que viene y, de seguir la línea actual, permitirá a Bruselas apretar un poco más las tuercas a los díscolos vecinos del este frenando el flujo de partidas presupuestarias europeas hacia Varsovia y Budapest.

El texto de conclusiones, redactado por el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, considera que el régimen de condicionalidad fue adoptado por el legislador europeo sobre una base jurídica adecuada y respetando el principio de seguridad jurídica. Desestima así los argumentos de los vecinos del Este, que consideraban que el reglamento no servía para crear una norma presupuestaria, sino que se había dado vida a “un procedimiento de contenido y significado político” y a un “mecanismo de evaluación política” con el que Bruselas pretende inmiscuirse en sus asuntos internos, tal y como denunciaron las defensas de Hungría y Polonia en la vista oral celebrada el pasado octubre.

En cambio, Sánchez-Bordona estima que son compatibles con los Tratados las normas emanadas de las instituciones de la Unión que buscan reaccionar “contra ciertas violaciones del valor Estado de derecho que incidan en la gestión presupuestaria”. Además, considera que la creación del mecanismo de condicionalidad es compatible con el artículo 7 del Tratado de la UE, precepto coloquialmente conocido como el botón nuclear de la Unión. Esta disposición fue pensada como una especie de arma disuasoria de último recurso frente a los países que incumplen los valores fundamentales del bloque, como los derechos humanos o el imperio de la ley, y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. Las conclusiones desoyen así otra de las peticiones de Varsovia y Budapest, que consideraban que el legislador europeo se extralimitó en sus funciones, creando el mecanismo de condicionalidad como una sanción punitiva con la intención de “soslayar” el instrumento del artículo 7, que nunca ha logrado prosperar en su contra debido a la falta de mayoría suficiente en el Consejo.

“Antes de que las lágrimas de alegría broten en los ojos de los medios de comunicación liberales, un amable recordatorio: solo se ha publicado una opinión, no la sentencia del TJUE”, ha señalado Judit Varga, ministra de Justicia de Hungría, en redes sociales. “El mecanismo de condicionalidad elude los tratados e infringe los requisitos básicos del Estado de derecho, un hecho que los jueces no deben olvidar”. Varga también ha señalado que el Gobierno húngaro mantiene su posición y espera que el Tribunal “se base únicamente en argumentos jurídicos y de sentido común”, y no en los razonamientos “erróneos” del abogado general. “¡Decimos no al chantaje con el Estado de Derecho!”, ha remarcado, empleando una de las expresiones que se ha vuelto una constante en los Ejecutivos húngaro y polaco en su conflictivo trato con Bruselas.

“Era ingenuo confiar en que las instituciones de la UE serían capaces de autolimitarse”, ha señalado también a través de redes sociales Sebastian Kaleta, secretario de Estado de Justicia de Polonia. “Esto es un robo contra el Estado de derecho que quieren defender”, ha añadido, especificando que la opinión del abogado general da el visto bueno a un mecanismo que se encuentra “fuera de los tratados”.

“El mecanismo del Reglamento se asemeja a otros instrumentos de condicionalidad financiera y de ejecución presupuestaria que existen en varios ámbitos del derecho de la Unión, y no al del artículo 7″, considera el abogado general. Además, prosigue, “a diferencia del Reglamento, el artículo 7 exige que haya una violación grave y persistente de cualquiera de los valores de la Unión, y no solo del Estado de derecho”.

Las conclusiones acercan un poco más la posibilidad de que Bruselas dispare desde un nuevo frente contra los díscolos gobiernos del Este, haciendo uso de esta nueva herramienta negociada en 2020 junto al paquete histórico de los fondos de recuperación de la covid y aprobada tras arduas negociaciones con Hungría y Polonia. A pesar de su adopción, ambos Estados recurrieron de inmediato ante la justicia europea y arrancaron el compromiso de que el mecanismo no sería aplicado hasta que el tribunal se pronuncie. Desde entonces, se encuentra en una especie de limbo. A pesar de ello, la Comisión Europea dio a finales de noviembre los primeros pasos para activar el mecanismo de condicionalidad, exigiendo por escrito a Hungría y a Polonia explicaciones detalladas sobre el impacto que el deterioro del Estado de derecho en ambos países puede tener en la gestión de los fondos europeos. Bruselas trata así de ganar tiempo frente a la presión del Parlamento Europeo, que ha denunciado al Ejecutivo comunitario por no activar el nuevo Reglamento de condicionalidad.

El Ejecutivo comunitario es consciente de que una de las armas más poderosas para doblegar a Hungría y Polonia es la económica. Y, de hecho, estos dos países se encuentran entre los pocos cuyos planes de recuperación para hacer frente a la pandemia aún no han recibido el visto bueno. En el caso polaco se siguen intensas negociaciones entre Varsovia y la capital comunitaria para fijar un calendario de reformas del sistema judicial que contemple el desmantelamiento de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país, un órgano que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas, y la restitución de los jueces sancionados por esta sala.

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