Sudán se desangra en la peor espiral de violencia desde el inicio de la guerra civil

Matanzas indiscriminadas de civiles, asedios de pueblos enteros, agresiones sexuales, envenenamientos colectivos y denuncias de limpieza étnica. Sudán se desangra por una guerra civil que acumula picos de violencia sin precedentes desde su inicio, en abril de 2023. Con el fin de las lluvias estacionales, la contienda se ha recrudecido con más asesinatos, bombardeos y combates más intensos por el territorio que se disputan la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y el ejército regular con sus grupos armados aliados. Mientras, la posibilidad de sentarse en torno a una mesa de negociaciones para acordar un alto el fuego queda cada día más lejana.

El último balance de víctimas en el que ya es el mayor conflicto en activo de África subsahariana arroja más de 61.000 muertos durante los primeros 14 meses de guerra, según una investigación publicada a mediados de este mes por la prestigiosa London School of Hygiene and Tropical Medicine. Esta cifra triplica las estimaciones que Naciones Unidas manejaba hasta ahora. La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, ha señalado a ambas partes del conflicto como responsables de la violencia. “Ciertos supuestos aliados de las partes están permitiendo la matanza en Sudán. Esto es inconcebible, es ilegal y debe terminar”, sentenció durante una comparecencia ante el Consejo de Seguridad.

Los episodios violentos compiten en atrocidad. En el Estado de Gezira, decenas de aldeas están siendo asediadas desde hace un mes como venganza por la deserción de un alto comandante de las RSF al ejército, tal y como han documentado numerosas ONG y medios de comunicación. Además de los más de 135.000 desplazados que han provocado estas razias, en el pueblo de Al Sariha fueron hallados 40 cadáveres descompuestos por los propios vecinos cuando regresaban a sus casas, días después de un ataque de las RSF en el que mataron a unas 140 personas. En Wad Ashayb, al menos 69 civiles murieron por disparos este martes, y una semana antes se registraron en Al Hilaliya 315 muertes, 295 atribuidas a envenenamientos, según el Gobierno de Sudán. Este ha hecho responsable a las RSF, las cuales lo han negado en un comunicado en el que atribuyen las muertes a un brote de cólera causado por el deterioro de las condiciones sanitarias, algo de lo que culpan al Ejecutivo.

La embajadora sudanesa en España, Maha Ayoub, no está de acuerdo: “El agua los mató inmediatamente, así que no era solo contaminación. Estaba claramente envenenada”, aseguró durante un reciente encuentro con algunos medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, en la sede de la embajada en Madrid. Algunas de las víctimas de estos presuntos envenenamientos eran los abuelos, tíos y primos de una de las diplomáticas del equipo de la embajadora presente durante el encuentro.

Mientras, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) alerta de que el número de refugiados ha superado los tres millones, una cifra sin precedentes desde que empezó la guerra, el 15 de abril de 2023. En total, se estima que 11 millones de personas, casi un 30% de la población, se encuentra desplazada en el país, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); casi 25 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, al menos 750.000 están al borde de la hambruna y más de 800 han muerto por cólera. En una reunión de emergencia celebrada en el Consejo de Seguridad a finales de octubre, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se declaró alarmado por la “total catástrofe humanitaria”. Dominique Hyde, directora de Relaciones Externas de Acnur, acaba de visitar los campos de refugiados en la frontera con Chad y explica por teléfono que la situación humanitaria es “desesperada, con un derramamiento de sangre continuo”. Se trata, asegura, “de la peor crisis de protección de civiles del mundo en décadas”.

Por otra parte, en el Estado de Jartum, arrebatado por las milicias rebeldes al principio de la contienda, también se ha registrado un aumento de la violencia, coincidiendo con los primeros avances de las Fuerzas Armadas sudanesas para recuperar el territorio. En el suceso más sangriento, a principios de noviembre, al menos 73 civiles murieron y más de 200 resultaron heridos bajo dos bombardeos aéreos del ejército sobre las ciudades de Omdurman y en Ombada, al oeste de la capital. El Foro INGO Sudán, que representa a 70 ONG en el país, ha denunciado que las partes enfrentadas han intensificado significativamente el uso de ataques aéreos.“Se utilizaron bombas de barril que diezmaron viviendas, mercados y tiendas. Algunas víctimas murieron en los incendios provocados por los ataques”, acusa la organización en un comunicado.

Temor a un genocidio en Darfur

En Darfur, donde las RSF controlan casi todas las ciudades importantes, se teme una repetición del genocidio de 2003 sobre las minorías no árabes. El último informe de la misión de investigación de la ONU denuncia que las fuerzas paramilitares han cometido crímenes de guerra, entre ellos violaciones, esclavitud sexual, secuestros, reclutamiento de menores, saqueo y pillajes. Y lo han hecho con especial crudeza entre la minoría masalit de El Geneina, a cuyos miembros han asesinado, torturado y violado. “Las mujeres fueron agredidas, violadas y despojadas de sus pertenencias a causa de su género y etnia. Una superviviente contó a la Misión de Investigación que su agresor le dijo: ‘Haremos que las niñas masalit deis a luz niños árabes’ tras violarla dentro de su casa a punta de pistola”, reza el informe. “Me dijeron una y otra vez que este ataque se basaba en su origen étnico. Vieron cómo mataban a hombres y niños. Violaron a mujeres mientras huían”, relata Hyde, acerca de las conversaciones que tuvo con supervivientes masalit.

Mientras, la perspectiva de un alto el fuego queda cada vez más lejos; las Fuerzas Armadas Sudanesas ni siquiera enviaron una delegación a las últimas conversaciones lideradas por Estados Unidos el pasado septiembre en Ginebra. La embajadora señala que el Gobierno no se sentará en una mesa de negociaciones hasta que las RSF cumplan los acuerdos de Yeda de noviembre de 2023, destinados a garantizar la protección de los civiles. “La milicia tiene que adherirse a las decisiones que se tomaron allí. Deben salir de las casas y de la capital, pero no lo han hecho; están atrincherados y quieren negociar; no es aceptable”, subraya la embajadora Ayoub. Tom Perriello, enviado especial de EE UU para el país africano, viajó a Puerto Sudán la semana pasada para tratar de aumentar el flujo de ayuda al país.

Una de las razones por las que el Gobierno de Sudán estuvo ausente en estas conversaciones fue la inclusión de Emiratos Árabes Unidos, dados los informes sobre el apoyo militar de este país a las RSF. Además, una reciente investigación de Amnistía Internacional ha identificado tecnología militar de fabricación francesa en el campo de batalla en Sudán, en concreto en los vehículos blindados utilizados por la RSF, en lo que probablemente constituye una violación del embargo de armas de la ONU a Darfur.

Ayoub, además, insiste en que la comunidad internacional debe considerar a las RSF un grupo terrorista similar al Estado Islámico o Boko Haram. “El Gobierno de Sudán ha explicado desde el inicio del conflicto que las RSF son una milicia terrorista y hay que condenarla, y la comunidad internacional no puede comportarse como si ambas partes fueran iguales. Si esto no sería aceptable en cualquier otro país, ¿por qué lo iba a ser en Sudán?”, se pregunta.

La única noticia relativamente positiva es que el Gobierno sudanés ha decidido prorrogar durante otros tres meses la apertura del paso fronterizo de Adré, entre el oeste del país y Chad, para facilitar el envío de ayuda humanitaria. Una gota de esperanza en un océano de desesperación.

La guerra enfrenta a dos militares de alto rango en Sudán: el jefe el ejército y líder de facto en el país, Abdel Fattah al Burhan, y su antiguo aliado y número dos, Mohamed Hamdan Dagalo, ahora líder de las RSF, formalizadas como una organización paramilitar surgida de las antiguas milicias Janjaweed, que cometieron las peores atrocidades durante el anterior conflicto en Darfur. Ambos se unieron para tomar el poder tras el derrocamiento del expresidente Omar Hassan al Bashir en 2019, pero se distanciaron y en 2023 estalló el conflicto. Ahora y tras 18 meses de contienda, el país está partido en dos zonas: las RSF controlan casi toda la región de Darfur, gran parte de la capital y zonas de Kordofán, en el sur. Por su parte, el ejército regular el norte y el este, y el Gobierno ha trasladado la capital a Port Sudán, en la costa del mar Rojo. El centro del país está dividido.