La Administración de Trump deporta a cientos de migrantes a El Salvador, pese a que un juez ordenó parar la expulsión

El juez federal de distrito James E. Boasberg, de Washington, ordenó el sábado por la noche el bloqueo temporal de una ley del siglo XVIII diseñada para los tiempos de guerra que la Administración de Donald Trump había desempolvado para poder expulsar a miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, sin necesidad de la intervención de una autoridad judicial. En la vista en la que el magistrado decidió que Washington no tenía derecho a esas deportaciones, ordenó también que los dos aviones que en ese momento estaban en el aire cargando inmigrantes para expulsarlos del país dieran media vuelta y volvieran a territorio estadounidense. Este domingo, un funcionario del Gobierno confirmó que una de las dos aeronaves llegó a El Salvador, cargada con cientos de personas, pese al dictamen del juez. El otro iba rumbo a Honduras.

Boasberg dio la orden verbalmente; no por escrito. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un aliado de Trump que ha acordado con Washington recibir y encarcelar a unos 300 migrantes a un costo de seis millones de dólares, escribió en la red social X y en inglés “Oopsie…Too late” (huy, demasiado tarde), en un post en el que rebotaba una información del diario New York Post que destacaba en el titular la decisión del juez de que los aviones regresaran de inmediato. Ese mensaje de tono burlón lo compartió después con sus seguidores Steven Cheung, director de comunicación de la Casa Blanca.

Al rato, Bukele hizo lo propio con un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, que acompañó de tres emoticonos: la bandera de El Salvador y la de Estados Unidos y un tercero con el dibujo de dos manos entrelazadas en señal de acuerdo. El mensaje de Rubio dice: “Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13 [Mara Salvatrucha, una pandilla salvadoreña] y a 21 de sus miembros más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió el presidente de Estados Unidos, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, a quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. El presidente @nayibbukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de Estados Unidos. ¡Gracias!”.

Rubio reiteró su agradecimiento rebotando un post de Bukele en el que el presidente compartió un vídeo que recoge la llegada del avión cuyo regreso había ordenado el juez. Está filmado con un ritmo y unos medios propios de una película de Hollywood. En él, se ve a los agentes encapuchados trasladar a decenas de hombres. Les descubren la camiseta para mostrar sus tatuajes, los acarrean esposados con la cabeza baja, les afeitan el pelo y la barba y los conducen a través de una dependencia carcelaria. A las pocas horas, la filmación había superado los siete millones de visualizaciones.

Los detenidos fueron trasladados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una temible cárcel que se ha convertido en el símbolo de la mano dura de Bukele contra el crimen. El trato que reciben los presos en ese lugar ha sido constantemente criticado por asociaciones internacionales de en defensa de los derechos humanos.

Dudas jurídicas

La deportación se hizo en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma promulgada en 1798, cuando el presidente era John Adams, que prevé la expulsión en tiempos de guerra de los enemigos del país. Se ha usado en tres ocasiones: en la guerra de 1812 contra los ingleses y en la primera y la segunda guerras mundiales. En esta última ocasión, sirvió para enviar a los estadounidenses de origen japonés a campos de prisioneros en uno de los episodios más infames de la historia del país en el siglo XX.

La resurrección de la vetusta norma tiene en el punto de mira a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua. Vinculada con el tráfico de droga y de personas, el presidente estadounidense la designó primero como una organización terrorista; ahora la acusa de “estar perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos” y ordena la expulsión del país de cualquier persona vinculada al grupo, siempre y cuando sea mayor de 14 años. La Administración estadounidense denuncia asimismo que la pandilla opera junto con carteles de drogas supuestamente patrocinados por el Gobierno de Venezuela, lo que tensa aún más las relaciones entre ambos países.

La norma, con un lenguaje de hace más de dos siglos, dice lo siguiente: “Siempre que haya una guerra declarada entre los Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero, o cualquier invasión o incursión depredadora sea perpetrada, intentada o amenazada contra el territorio de los Estados Unidos por cualquier nación o gobierno extranjero, y el Presidente haga proclamación pública del evento, todos los nativos, ciudadanos, moradores o súbditos de la nación o gobierno hostil, mayores de 14 años, que se encuentren dentro de los Estados Unidos y no estén realmente naturalizados, estarán sujetos a ser aprehendidos, restringidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros”.

La aplicación de la ley ofrece serias dudas jurídicas, porque, como indica el magistrado en su escrito, tocará probar que los actos de los miembros del Tren de Aragua pueden equipararse a una invasión. Para que Estados Unidos declare la guerra a otro país es necesaria la aprobación del Congreso. El caso de este sábado podría llegar al Tribunal Supremo, seis de cuyos nueve jueces son conservadores. A tres de ellos los nombró el propio Trump entre 2017 y 2021.

El decreto firmado por Trump señala que el “Tren de Aragua opera en conjunto con el Cártel de los Soles, la empresa narcoterrorista patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro con sede en Venezuela, y comete crímenes brutales, incluidos asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, drogas y armas”. A ojos de la nueva Administración, la pandilla está promoviendo la inmigración ilegal masiva a Estados Unidos para avanzar en “sus objetivos de dañar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar la misión del régimen de Maduro de desestabilizar las naciones democráticas de las Américas”.