Marchas contra el gobernador Rocha en un mar de balazos: la nueva cotidianeidad de Sinaloa

Las marchas contra el gobernador Rubén Rocha en Sinaloa empiezan a convertirse en costumbre, envueltas siempre en marejadas de balas, que igual dejan presuntos criminales muertos, que militares y policías, o niños que pasaban por allí y que nada tenían que ver. No se trata de hacer trampa e igualar unas vidas con otras, sino de constatar la horizontalidad de la violencia, generalizada en la capital, Culiacán, y alrededores, con apariciones esporádicas en otras ciudades, caso de Mazatlán. El gobernador Rocha, de Morena, desdeña el enfado, bajo el argumento de que los que protestan son unos pocos, sugiriendo que el objetivo no es otro que golpear a su Gobierno.

La semana pasada se celebró la última marcha, esta vez en el Congreso del Estado, en Culiacán. No es que haya literalmente balaceras en las marchas o contra ellas, es que la vida ocurre ante al peligro constante de erupciones violentas, por la pugna entre facciones del Cartel de Sinaloa, batalla que dura desde septiembre. Cansados de la situación, decenas de manifestantes llegaron al recinto legislativo el jueves, exigiendo, de nuevo, que cese la violencia y que Rocha deje su puesto. Los diputados se mostraron algo más abiertos que el gobernador, y propusieron entablar un diálogo con los manifestantes, que habían llevado un ataúd a la cámara, una forma irónica de mostrar su enfado.

Era la tercera marcha en una semana, sin contar los gritos contra Rocha de hace unos días en el estadio de beisbol. Todo empezó, precisamente, por el asesinato de dos niños y su padre, en el intento de robo de su coche, en la ciudad. Al parecer, el hombre se resistió y los criminales contestaron con plomo. La reacción de la población en Culiacán fue tomar las calles, hacer catarsis, exigir el fin de la violencia y apuntar a su máximo dirigente político, el gobernador, el hombre que ha tratado de minimizar la guerra criminal. Se juntaron el penúltimo jueves de enero y volvieron a hacerlo el domingo siguiente. Este jueves ocurrió otra vez. De momento, Rocha aguanta.

Es evidente que los manifestantes manejan un enojo genuino, que el hartazgo existe y rebosa a una sociedad agotada, aunque es posible, además, que las protestas escondan objetivos políticos a medio plazo, como la salida de Rocha del Gobierno. No es tiempo de certezas en Sinaloa, más allá de la violencia, y cualquier movimiento que cuestione la marcha del Ejecutivo local se mira con sospecha. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha marcado la contención de la violencia en la entidad como una prioridad y ha enviado a Culiacán a su zar de seguridad, Omar García Harfuch. Hay detenciones todos los días, decomisos, enfrentamientos. Pero los muertos siguen brotando en las calles.

Este viernes, por ejemplo, criminales atacaron a balazos al tercero al mando de la Fiscalía estatal, Héctor Ricardo, cuando iba con su escolta en su vehículo, cerca de la feria ganadera. El escolta ha muerto y Ricardo ha acabado en el hospital, herido. En los canales de WhatsApp que han surgido como hongos estos meses en la región, han aparecido vídeos de transeúntes, el pecho a tierra, con el ruido de las balas de fondo, una muralla sónica, tiros y tiros y más tiros. El video ha recordado inevitablemente a los culiacanazos, sobre todo al primero, en 2019, cuando criminales vinculados a uno de los hijos del viejo capo del cartel, Joaquín El Chapo Guzmán, sitiaron la capital en pleno día, para evitar que el Ejército lo detuviera.

Policías, militares, agentes de la fiscalía, se han convertido en objetivo favorito de los grupos criminales en pugna. Esta semana, también, un enfrentamiento entre militares y civiles en la sindicatura de Costa Rica, en la zona sur rural de la ciudad, dejó dos soldados asesinados y otros tantos heridos, además de cinco presuntos criminales muertos. En diciembre, delincuentes emboscaron a agentes de Harfuch en la capital y mataron a uno. A mediados de enero, criminales secuestraron a un exagente de la fiscalía local, lo mataron y luego abandonaron su cuerpo junto al Congreso local, con la correspondiente cartulina y su mensaje, esta vez acusando a la víctima de colaborar con Los Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán, cabecillas de una de las dos facciones en pugna.

Pero la guerra afecta a todos. En la misma sindicatura en que militares y criminales se agarraron a balazos el jueves, otro enfrentamiento horas más tarde –no se sabe entre quiénes– afectó a una familia de jornaleros. Las balas alcanzaron al padre, a la madre y al hijo de ambos, de un año. Al primero le dieron en una pierna y a la mujer en un brazo. Al bebé le alcanzó la esquirla de un proyectil en la cara y hasta este viernes seguía en el hospital. Y además de todo eso, la Fiscalía del Estado informó, solo este viernes, de la presentación de cinco denuncias por desaparición. Desde septiembre, alrededor de 800 personas han desaparecido en la entidad.

La duda es hasta cuándo durará la violencia y cómo, si es que ocurre, lograrán las autoridades que se detenga. La batalla entre Los Chapitos y su facción rival, Los Mayos, integrada por los leales al viejo socio de su padre, Ismael El Mayo Zambada, es encarnizada. Nace, según ha explicado el Gobierno estos meses, del secuestro de Zambada en Culiacán, cuando fue a una reunión, a la que, dijo el capo, también iba a acudir el mismo Rocha, y su entrega a autoridades de Estados Unidos en Texas.

Aquella extraña cadena de eventos ocurrió en julio, una operación presuntamente orquestada por uno de Los Chapitos, Joaquín Guzmán López, que se entregó igualmente a las agencias de seguridad estadounidenses. La presunta traición ha bombeado ánimos de venganza durante meses, pese al llamamiento a la calma de El Mayo, desde su prisión estadounidense. Mientras tanto, las autoridades tratan de centrarse en los principales generadores de violencia. Han detenido a algunos, pero el semillero del crimen parece, de momento, inagotable.