Human Rights Watch alerta de que nueve de cada 10 homicidios en México no son castigados

La impunidad es uno de los mayores lastres que carga México. Un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch alerta de que nueve de cada 10 homicidios en México no son castigados, una cifra que demuestra la ineficiencia del sistema de justicia y el calvario que viven millones de familiares de las víctimas de la violencia que carcome al país norteamericano. El organismo revela, sin embargo, que la violencia está focalizada, ya que en 2023 la mitad de los homicidios ocurrieron en solo 2% de los municipios. El informe muestra que cuatro ciudades mexicanas están entre las 20 con mayores tasas de homicidios del mundo: Ciudad Obregón, Tijuana, Celaya y Ciudad Juárez. “Los esfuerzos de las dos últimas décadas para intentar reducir la violencia se han centrado en militarizar la seguridad pública, socavar las garantías del debido proceso y politizar la selección de los jueces. Estas estrategias han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos y no han sido eficaces. No han abordado un problema central: la ineficacia del sistema de justicia penal”, critica el organismo.

HRW recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia, con una tasa oficial de homicidios de las más altas del mundo: Desde 2007, más de 94.000 personas han sido reportadas como desaparecidas “y no han sido encontradas, ni vivas ni muertas”, según el informe. El organismo alerta de que “tres cuartas partes de los mexicanos que viven en zonas urbanas sostienen que la delincuencia y la inseguridad son su principal preocupación”. Con todo, la respuesta de la militarización de la seguridad, según HRW, no ha logrado hacer frente al principal problema: la ineficiencia del sistema. El organismo entrevistó durante dos años a cerca de 150 policías de investigación, fiscales, abogados defensores, asesores jurídicos de víctimas, representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, académicos y otros expertos en 11 Estados del país, además de asistir a audiencias judiciales, revisar carpetas de investigación y presentar cientos de solicitudes de acceso a información pública.

El resultado de ese trabajo es una radiografía del sistema de justicia de México, excesivamente burocrático e ineficaz. Entre los principales problemas encontrados por la organización están la falta de investigadores, fiscales y peritos calificados, la escasez de materiales y recursos básicos necesarios para investigar eficazmente los crímenes y realizar estudios forenses; sistemas excesivamente formales y burocráticos para coordinar las investigaciones; la ausencia de protección adecuada para testigos y familiares de las víctimas; “incentivos perversos” y prácticas de investigación anticuadas que fomentan la construcción de casos sobre pruebas y testimonios débiles; mecanismos de supervisión débiles que no investigan eficazmente las denuncias de corrupción y abusos.

Eso se traduce en un verdadero calvario para las víctimas y sus familiares. “Buscar justicia y rendición de cuentas a través del sistema de justicia puede ser costoso, lento, peligroso e ineficaz. Muchas de estas personas se topan con la estigmatización y el abandono por parte de las autoridades. Quienes son acusados de delitos suelen sufrir abusos, corrupción y falta de garantías procesales. No es sorprendente que casi la mitad de los mexicanos afirmen tener poca o muy poca confianza en las autoridades judiciales del país”, alerta el informe.

El nivel de ineficiencia es alarmante. El informe advierte de que entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300.000 investigaciones por homicidio doloso y solo en 51.000 casos pudieron identificar formalmente un sospechoso, lo que equivale a una tasa de esclarecimiento del 17 %. “También resulta problemático el hecho de que, si bien la mayoría de los casos penales por homicidio que llegan ante un juez terminan en una sentencia, muchos se basan en pruebas alteradas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura. La ineficacia en las investigaciones criminales es uno de los principales factores de este problema. Las fiscalías estatales son responsables tanto de investigar como de procesar la mayoría de los homicidios en México. Sus resultados han sido extremadamente pobres”, destaca el organismo.

HRW exige en su investigación que el Gobierno mexicano debe adoptar medidas para proteger el derecho a la vida, a través investigaciones de homicidios “que sean exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos”. Estas investigaciones, agrega, “deberían estar enfocadas en identificar la verdad sobre lo ocurrido y garantizar que las víctimas y sus familias puedan acceder a una reparación a través del sistema de justicia”. Critica también que “las políticas de seguridad pública abusivas, como la militarización y las detenciones y condenas arbitrarias, han demostrado ser ineficaces para cumplir con estas obligaciones”. La organización recomienda la conformación “urgente” de instituciones de justicia profesionales y efectivas, “capaces de investigar y enjuiciar eficazmente los homicidios”. Para HRW, “el gobierno de Sheinbaum debería enfocarse en garantizar que los operadores de justicia penal cuenten con las herramientas necesarias para procurar justicia para las víctimas”.