El INAI cuenta las horas para apagar la luz y cerrar sus puertas

El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) espera en el vestíbulo de la muerte. Es cuestión de horas para que su anunciada extinción se consume, por lo que este martes se realizará la última sesión del consejo consultivo antes de que el Congreso mexicano apruebe las leyes secundarias de la reforma constitucional que obligan a su desaparición y crean un nuevo ente bautizado como Transparencia para el Pueblo. Los plazos se han cumplido y el organismo autónomo encargado de garantizar la transparencia de las dependencias del Estado, desde 2002, no ha logrado sobrevivir pese a los esfuerzos para salvarlo. El Instituto, junto con media docena de organismos más, han sido eliminados del mapa con una reforma a la Constitución impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aupada por su sucesora, Claudia Sheinbaum. A horas de que el organismo sea sepultado todavía quedan un puñado de temas sin resolver y varias incógnitas, entre ellas el destino de sus 730 trabajadores y la certeza de que su muerte no implica un retroceso de 20 años en el derecho a la transparencia en México.

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, repasa para EL PAÍS los pendientes que quedan a horas de que se emita el acta de defunción del organismo. Con el cierre del Instituto en pleno, no saben qué pasará con los cerca de 800 funcionarios. La reforma constitucional establece que todo el personal con el que cuente el INAI pasará a la Secretaría Anticorrupción, sin embargo, aun no hay claridad sobre la ejecución de estas disposiciones, ni respuestas. “Hemos solicitado certezas en este apartado que establece con mucha claridad que todo el personal, excepto los comisionados pasarán a la secretaría. Esperamos que en las próximas horas se resuelva esta situación de la mejor manera”, señala Alcalá. El desasosiego por el destino de cientos de profesionales no es menor, menciona. “Son mujeres y hombres que se han preparado por mucho tiempo, técnicos especializados que no tienen ninguna relación política. Tampoco nosotros como comisionados, pero entendemos que somos vulnerables”.

La Cámara de Diputados ha destinado su sesión de este miércoles para aprobar las leyes secundarias, que una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) formalizarán la extinción del organismo. Transparencia para el Pueblo es el nombre del nuevo organismo desconcentrado de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción —antes conocida como la Secretaría de la Función Pública— que sustituirá al INAI. La creación de esta figura forma parte de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como las enmiendas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Las legislaciones tienen implicaciones importantes. Los nuevos mecanismos del ente encargado de la transparencia, dependiente de una secretaría de la Administración del presidente en turno, permiten al Gobierno negar información cuando comprometa proyectos prioritarios, telecomunicaciones, la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social. También establece la creación de ocho autoridades garantes como las competentes para la implementación de acciones en materia de acceso a la información pública y la resolución de recursos de revisión.

El INAI ha contribuido de distintas maneras revelando información de algunos episodios sórdidos de los gobiernos en México. A través de las solicitudes de información, por ejemplo, se dio a conocer el expediente de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El Instituto pidió a la Fiscalía General de la República revelar la investigación sobre las siete fosas clandestinas encontradas en 2010, donde fueron hallados los restos de 196 personas. También ha servido para destapar otras cloacas, como la Estafa Maestra, una investigación periodística que sacó a la luz el desvío de 7.600 millones de pesos a través de una triangulación de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque el origen de esa investigación fue un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto emitió 252 resoluciones, forzando a las instancias a responder a las solicitudes, que eventualmente contribuyeron a confirmar la ruta del dinero.

Ahora, la nueva figura, denominada Transparencia para el Pueblo, tendrá un amplio espectro de facultades. Además del ámbito federal, asumirá el trabajo que realizaban los 32 organismos autónomos encargados de la transparencia en el mismo número de Estados. Conocerá y resolverá los recursos de inconformidad que interpongan los particulares en contra de las resoluciones emitidas por todas las autoridades federales o de las entidades federativas. Aunque con algunas limitaciones, ya que solo resolverá las solicitudes si estas están “relacionadas con el uso de recursos públicos federales”.

La Secretaría Anticorrupción asumirá, también, la protección de los datos personales en poder de particulares, aunque los ciudadanos tendrán la posibilidad de iniciar procesos legales en contra de las resoluciones de esta dependencia. Las funciones que realizaba el INAI en su totalidad han sido fragmentadas y repartidas en un puñado de dependencias que suponen otra etapa de ajustes. El nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública se encargará de la administración y resguardo de la Plataforma Nacional de Transparencia, el soporte que resguarda 15.000 millones de datos, unos 2.500 millones del Gobierno federal y otros 12.500 millones de los Estados, así como cientos de miles de contratos y solicitudes de información con sus respectivas respuestas.

La oposición, formada por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, han dado su voto en contra por adelantado a las nuevas legislaciones que se votarán esta semana en el Cámara de Diputados, espacio donde concluyen su proceso legislativo, para dar paso a su publicación en el DOF y con ello su entrada en vigor, al siguiente día. Los legisladores del bloque opositor han mantenido sus críticas a las nuevas reglas que consideran ponen en riesgo la transparencia e implican un retroceso de 20 años al convertir al Estado en juez y parte para transparentar el gasto de los recursos públicos, las decisiones y movimientos dentro de las dependencias y organismos desconcentrados del Estado mexicano.

Alcalá prefiere dar el beneficio de la duda. “Habremos de darle un voto de confianza al nuevo esquema, pero también tendremos que estar detrás de las nuevas autoridades que tendrán que ser las garantes [de la transparencia]. El INE, la FGR, los órganos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los poderes Legislativo y Judicial”, refiere. A horas de que su cargo como comisionado presidente del INAI pase a la historia, Alcalá desvela las implicaciones de las nuevas reglas que ponen al Estado a cargo de transparentar sus cuentas. “Efectivamente, hay una desconcentración porque todo se recurre ante una autoridad única. Hoy se habrá de recurrir entre 18 autoridades a nivel federal y más a nivel estatal y municipal”, apunta el comisionado.