Zaldívar vs. Zaldívar

El cambio más trascendental en el Poder Judicial Federal en los últimos años se ha visto manchado por un artículo transitorio que amplía de cuatro a seis años el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de los otros seis integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Propuesta de último minuto por un senador del Partido Verde, aprobada con toda velocidad en el Congreso por Morena y sus aliados y, sobre todo, respaldada abiertamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta modificación evidencia un desprecio por la Constitución —que señala con toda claridad que el presidente de la Corte durará en su encargo cuatro años y, los consejeros cinco—.

La prórroga se aprobó con el pretexto de implementar correctamente la reforma judicial, pero la lógica política es clara. En un momento en el que el Poder Judicial se ha convertido en el principal contrapeso del Gobierno, López Obrador y Morena buscan ampliar el mandato del órgano encargado de vigilar a todos los jueces y magistrados federales. Se trata, para decirlo pronto, de un claro intento de captura de la judicatura.

La posición de Zaldívar se ha vuelto cada vez más complicada. Hace unos meses parecía que la estrategia de estrecha colaboración con López Obrador sería un éxito, y el Poder Legislativo dominado por Morena aprobaría sin ninguna modificación sustancial la reforma que ideó y redactó el propio ministro presidente. El Congreso, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de introducir el artículo transitorio que dejó a Zaldívar entre la espada de la política y la pared del Derecho.

La reacción inicial del involucrado fue ambigua, por decirlo amablemente. Tras la aprobación de la reforma, en un comunicado de prensa Zaldívar señaló que no participó en la elaboración del transitorio, pero en general celebró las bondades de la reforma y dio gracias al Legislativo. Reconoció que, en efecto, se había prorrogado su mandato como presidente del Poder Judicial, pero enfatizó que se dejó intocado la duración de su encargo de quince años como ministro. Dijo que ejercería el cargo por el periodo para el cual fue electo, pero también que “estaría a la determinación de la SCJN respecto al precepto en cuestión”.

Más importante aún, en ese momento Zaldívar dejó en claro que permanecería ajeno a la polémica discusión. Por un lado, señaló que estaría atento “a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN”, dejando así las impugnaciones en la cancha de las minorías parlamentarias (cabe mencionar que guardó absoluto silencio sobre la posibilidad de que la Suprema Corte o él mismo tomara cartas en el asunto). Por el otro, en una entrevista fue tajante al señalar que no participaría en la discusión de las eventuales acciones de inconstitucionalidad. “Yo tendría que excusarme; me parece que todos los que tengamos un supuesto beneficio, una desventaja o un perjuicio, por decoro, por decencia, por pudor y por respeto a la Ley no deberíamos participar en la discusión”, dijo. Por último, en un artículo escribió que no podía hacer ni declaraciones ni deslindes del transitorio, pues eso implicaría adelantar su “criterio sobre la constitucionalidad de una ley que muy probablemente deberá ser juzgada por la Suprema Corte”.

Sucede, sin embargo, que lo dicho por Zaldívar fue desmentido posteriormente por el propio Zaldívar. Un día después de la publicación de la reforma, el presidente de la Suprema Corte dio un giro intempestivo de 180 grados en su narrativa y su estrategia, pasando de la paciencia a la urgencia; de la excusa a la participación; y, de la prudencia al activismo.

De tal forma que, en un comunicado posterior mencionó que era indispensable “buscar una salida inmediata” y anunció así una consulta extraordinaria para que la Suprema Corte se pronunciara sobre el transitorio, independientemente de que se presentaran acciones de inconstitucionalidad. Luego, en varias entrevistas, dejó en claro que sí participará en la votación de la consulta: “Desde luego no voy a excusarme”, afirmó, alegando incongruentemente que en las consultas no hay impedimentos pues no hay partes, pero pasando por alto que lo mismo sucede en las acciones de inconstitucionalidad. Y, por último, no tuvo empacho en adelantar el sentido de su voto en cuestiones fundamentales para la resolución de la consulta. Dijo, por ejemplo, que él consideraba que solo se necesitaba una mayoría simple para echar abajo la ampliación de mandato, aunque luego, en otros espacios informativos, reculó y precisó que eso lo definiría toda la Suprema Corte.

¿Qué explica estos cambios abruptos en la posición de Zaldívar? Es imposible saberlo a ciencia cierta. Pero ciertamente la explicación no está ni en el Derecho ni en la opinión pública, pues la abierta inconstitucionalidad de las ampliaciones fue evidente desde que se aprobó en el Senado, y las críticas, por demás justificadas, no han parado desde ese momento.

Quizá el problema sea mucho más profundo. El riesgo de hacer una reforma judicial de la mano del Ejecutivo no radicó en proyectar una imagen de cercanía personal con el presidente López Obrador, sino en pactar y quedar a disposición de una mayoría partidista que ha mostrado un preocupante menosprecio por la Constitución y la separación de poderes.

En tiempos en los que la congruencia no es la nota distintiva de la vida pública nacional, lamentablemente, parecería que el peor enemigo del actual presidente de la Suprema Corte ha sido su afán por protagonizar un cambio que no debería depender de una sola persona sino de todo el Poder Judicial. Cuando el foco debería estar en el contenido de toda la reforma, por desgracia, hemos visto un innecesario debate de Zaldívar contra Zaldívar.

Idealmente, en las próximas semanas deberíamos presenciar un debate sobre cuál es la vía institucional idónea para determinar la constitucionalidad y destino del controvertido transitorio, en donde toda la Corte pueda resolver las inevitables tensiones entre política y Derecho que este caso implica. Sin embargo, es muy probable que tengamos un tan innecesario como bochornoso espectáculo de individualismo, en donde importe más presentarse como prócer de la independencia judicial que la defensa firme y serie de la Constitución.

Los autores son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la División de Estudios Jurídicos del CIDE