La aventura soberanista de Artur Mas

El 11 de septiembre de 2012, una multitud salió a las calles de toda Cataluña para celebrar la Diada, pero la fiesta nacional catalana se convirtió en una atronadora manifestación para pedir un “nou estat d’Europa”. Comenzaba la travesía soberanista en la que se embarcó el Gobierno de Artur Mas, apoyado y espoleado por sus socios de ERC.

Quizá esa Diada sea el punto de partida de todo un proceso que pretende (o pretendía) desembocar en la consulta del 9 de noviembre, pero hubo con anterioridad varios momentos clave que propiciaron que la actitud soberanista de Mas y su Ejecutivo fuese en aumento.

En julio de 2010 el Tribunal Constitucional respondía al recurso interpuesto por el Partido Popular cuatro años antes y recortaba el Estatuto de autonomía que había sido aprobado en las Cortes en 2006 y por los catalanes ese mismo año. CiU, que aún no estaba en el gobierno, abanderó el “derecho a decidir” y lo incluyó en su programa electoral para las elecciones de noviembre, aunque su principal reclamo era conseguir una nueva financiación y un pacto fiscal para Cataluña. Artur Mas venció y acabó con siete años de tripartito, pero se tuvo que apoyar en el PP para gobernar al no obtener mayoría absoluta.

Mas tuvo unos primeros años de mandato muy complicados. Agobiado por la crisis y la deuda pública, el Gobierno de CiU aplicó numerosos recortes que avivaron el descontento de la población. El president se centró entonces en lograr un pacto fiscal semejante al del País Vasco y consiguió que el Parlamento catalán aprobase en julio de 2012 un texto que buscaba regular la relación tributaria entre Cataluña y la Administración central. La Diada de ese año dio alas a Mas, que exigió en la Moncloa la aprobación del pacto. Ante la negativa de Rajoy, el president convocó elecciones anticipadas.

Antes de los comicios, el Parlamento acuerda que “Cataluña decida su futuro a través de una consulta” con los votos de CiU, ERC, ICV y un diputado del PSC. Es el primer paso oficial hacia un referéndum.

CiU acudió a las elecciones de octubre de 2012 prometiendo abiertamente una consulta independentista, pero las urnas castigaron a Mas, que perdió 12 diputados y se quedó en 50. ERC se erigió en la gran triunfadora y se postuló como socio de gobierno a cambio de que Convergencia garantizase el referéndum.

El 23 de enero de 2013, la cámara autonómica catalana declara en una resolución que el “pueblo de Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano” y acuerda iniciar el proceso que lleve hasta el derecho a decidir. La declaración de soberanía fue aprobada con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar.

El Gobierno del PP, que hasta entonces había mantenido silencio, impugna la resolución soberanista el 8 de marzo de 2013 en el Tribunal Constitucional. “Nuestra obligación es cumplir y hacer cumplir la ley”, recalca la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

A finales de 2013 el Gobierno catalán acelera el proceso: aprueba una partida presupuestaria para la consulta y, sobre todo, anuncia la fecha y la pregunta. Los catalanes acudirán a las urnas el 9 de noviembre de 2014 y deberán contestar a dos cuestiones: “¿Desea usted que Cataluña se convierta en un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿desea usted que Cataluña sea un Estado independiente?”.

El Parlament solicita formalmente al Congreso la competencia para “autorizar y convocar un referéndum consultivo”. La Cámara rechaza la petición e insta al Gobierno a “garantizar el cumplimiento de la legalidad”. Poco después, el Constitucional anula la declaración de soberanía que había realizado el Parlamento catalán en enero de 2013.

El 27 de septiembre de 2014, Artur Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta. “Ha llegado el momento de ejercer el derecho a decidir”, proclamó. Ese mismo día, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba que el Gobierno había iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Dos días después, el pleno del Tribunal Constitucional, reunido de forma excepcional, acuerda suspender de forma “cautelar y temporal” la consulta.

El 13 de octubre de 2014, el presidente de la Generalitat admite que no puede hacer la consulta el 9 de noviembre. Propone en ese momento diluir el referéndum en un proceso de participación ciudadana.

El 14 de octubre de 2014, Mas comparece ante los medios para asegurar una alternativa “con urnas y papeletas” mientras prepara unas elecciones plebiscitarias. "La consulta definitiva solo se puede hacer con unos comicios que los partidos transformen en un referéndum", asegura. Esquerra Republicana ha pedido a Artur Mas que convoque elecciones al dar por roto el pacto de las fuerzas soberanistas. Aun así, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "intentará ayudar igualmente al Gobierno catalán" en la nueva vía planteada por Mas.

El 15 de octubre de 2014, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, minimiza la alternativa de consulta presentada por Mas y asegura: "Si vemos que hay cosas que vayan contra la legislación tendremos que recurrir ante los tribunales". En el Parlamento catalán, los partidos soberanistas se muestran divididos. Esquerra Republicana, ICV y la CUP reprochan a Mas que haya renunciado al referéndum, mientras éste les pide confianza para que se pueda votar. Por su parte, el líder de Unió, Josep Duran, intenta un acuerdo con el PSC para agotar la legislatura sin ERC.