Seis registros en Barcelona, Mallorca y Madrid por la Operación Pokémon

La juez de Lugo que instruye la macrocausa sobre corrupción política Pokémon, con un centenar de imputados, ha ordenado esta mañana seis registros en Madrid, Cataluña y Baleares que se están llevando a cabo simultáneamente, a cargo de agentes de Aduanas. La magistrada busca información relacionada con contratas municipales en los Ayuntamientos de Barberà del Vallès (provincia de Barcelona) y Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca). Con el mismo fin, además de otras actuaciones complementarias también ha ordenado registros en las empresas Econar (limpiezas industriales de Manacor), vinculada con el grupo Vendex, epicentro de la trama Pokémon, y Bellver, una firma municipal especializada en el Medio Ambiente y encargada, entre otras cosas, del alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales en Sant Llorenç. En concreto, en este segundo caso el contrato que se investiga, según fuentes relacionadas con el caso, es el de la recogida de los residuos sólidos urbanos. El equipo que colabora con De Lara continúa a estas horas practicando volcados informáticos en varias de las dependencias investigadas, tanto en Barberà como en Sant Llorenç.

Además, los agentes han registrado el domicilio de Mateu Frau Barceló, concejal y cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de LLorenç con el partido que ha arrebatado la alcaldía al PP en estas elecciones, GISCa (Grup Independent de Son Carrió). Este político ya había sido edil de Medio Ambiente en el municipio hasta 2011, para después convertirse en consejero de la empresa Bellver.

Por último, los investigadores han entrado de nuevo en la sede central del grupo Vendex en Madrid, una empresa que dirige el imputado Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, un ciudadano cubano de 74 años que emigró a España en los setenta buscándose la vida lejos del régimen castrista y que según en sumario de la Pokémon montó todo un entramado de compañías a la caza de adjudicaciones públicas. En el actual operativo, la magistrada rastrea delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

La Operación Pokémon, con ramificaciones y también abundantes imputaciones en Asturias, Madrid y Cataluña, estalló en septiembre de 2012 después de dos años de investigaciones y pinchazos ordenados por la juez de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara. Hoy el caso sigue creciendo cada día y acumula más de 100 imputados, básicamente empresarios, funcionarios y políticos de PP y PSOE, pero también de otros partidos. En Galicia, las pesquisas asestaron un golpe mortal a tres importantes corporaciones municipales (Ourense, A Coruña y Santiago) y otras de menor tamaño.

La parte de la trama coruñesa ha dado lugar a una hija de la Pokémon, bautizada por los agentes de Aduanas que llevan el caso como Pikachu, pero los brazos son ya incontables. De un registro de la Pokémon nació, por ejemplo, la Operación Cóndor, que afecta al empresario del transporte de viajeros Raúl López, de la firma Monbus, a clubes deportivos e incluso a un funcionario de Fomento y varios mandos del Ejército en Madrid. También está en plena efervescencia otra investigación derivada, conocida como caso Garañón, en la que está imputado el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que ha tenido que renunciar a su aspiración de convertirse en senador.

La magistrada empezó tirando del hilo del grueso patrimonio del socialista Francisco Fernández Liñares, exedil en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y a partir de ahí descubrió una supuesta mafia empresarial dedicada en cuerpo y alma a la caza de adjudicaciones públicas a cambio de favores, regalos y mordidas. Otra de las grandes firmas bajo sospecha dentro de esta trama es Aquagest.