Monjas miguelianas acusan a la Iglesia de urdir un “montaje” judicial contra la orden

Tres monjas de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, la supuesta secta conocida como Los Miguelianos a raíz de haber sido desmantelada en 2014 tras una redada policial, han defendido públicamente este viernes a su líder espiritual, Miguel Rosendo, que permanece en prisión y que ha sido procesado por 26 delitos contra la integridad moral, abusos sexuales, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

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Marta Paz, Iria Quiñones e Ivana Lima, también procesadas como cómplices de Rosendo junto a otras 15 personas más, entre ellas familiares directos del fundador, han comparecido en rueda de prensa para denunciar que la causa judicial "es un montaje". En presencia de su abogada, Beatriz Seijo, y de tres sacerdotes que también han defendido a Rosendo -Juan Luis Castón, Eduardo Lostao y José Ignacio Martín-, las tres acusadas han culpado al que fuera capellán del convento de la Orden y Mandato, Isaac de Vega, y al obispo, Luis Quinteiro, de urdir el "montaje", "manipular" la instrucción y permitir que se les acuse de ser una secta y una organización criminal. De Vega fue el autor del informe interno del Obispado que desencadenó la operación policial contra Los Miguelianos.

En su exposición ante los medios, Marta Paz, de 32 años, se ha presentado como "consagrada" y ha dicho que jamás fue víctima de abusos sexuales. "Nos presentan como víctimas pero no es así. Jamás Miguel Rosendo abuso de mí ni fui aleccionada ni manipulada por él", ha declarado la considerada brazo derecho del principal imputado. "Sí he sido violada en mi dignidad de mujer consagrada a Dios, porque he tenido que someterme a un peritaje ginecológico y psicológico ", ha añadido.

Ivana Lima, acompañada de una hermana también monja de la Orden, ha culpado a sus padres de ser los responsables del montaje y de actuar movidos por el dinero que supuestamente exigirán a Rosendo por la indemnización. "Ellos me llevaron a un brujo y vidente cuando siendo adolescente caí en una secta, pero esta no lo es y quiero desmontar este montaje de nuestros propios padres porque Miguel Rosendo fue el que nos enseñó a encontrar a Dios", ha afirmado.

Iria Quiñones, que además de consagrada se ha presentado como licenciada en Ciencias Religiosas, ha insistido en culpar al capellán responsable de redactar del informe que precipitó la detención de Rosendo, al que vincula con el Opus Dei. "No estamos abducidas por Miguel Rosendo, él es inocente y esto es una aberración para cualquier sistema judicial, somos víctimas de unos padres ávidos de dinero y de una condena eclesiástica mediática y social," ha declarado.

Las cofundadoras de la orden con sede en Oia (Pontevedra), que llegó a tener hasta 400 miembros en sus filas, ha pedido la libertad de su líder espiritual. "Es nuestro mejor amigo y no es el fundador de ninguna secta destructiva ni satánica", han proclamado las tres monjas procesadas por asociación ilícita.

Poderes sobrenaturales y orgías

La Fiscalía de Pontevedra está a punto de concluir el escrito de acusación contra los imputados después de que en noviembre del pasado año el juzgado de Tui (Pontevedra) que llevó la instrucción del caso cerrara la investigación y procesara a 17 personas, dando traslado de la causa para la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial.

La juez acordó que sea el Arzobispado de Tui-Vigo el responsable civil subsidiario en la causa. La institución, meses antes de la redada, destituyó a Miguel Rosendo y eliminó la organización del listado eclesiástico. Entonces todos huyeron de Galicia detrás de su líder que abandonó, con su mujer y sus hijos, la que llamaban dentro de la orden como “casa madre” para trasladarse a Madrid.

La detención de Miguel Rosendo se basó en un informe de la Policía Judicial donde se recogían pruebas documentales y testimonios de antiguos adeptos de la organización que destaparon el escándalo. La denuncia de las familias de estos testigos y supuestas víctimas de Rosendo, dando la voz de alarma de lo que ocurría dentro del lujoso chalé de Oia, fue decisiva para iniciar la investigación. Los padres denunciaron también ante los medios que la orden actuaba como una secta donde se cometían supuestos abusos sexuales y otras vejaciones para “purificar las almas” de sus acólitas, delitos de los que solo está acusado su fundador.

La orden manejaba ingentes cantidades de dinero que entregaban los seguidores para formar parte de la secta, convencidos de que su líder tenía poderes sobrenaturales. La celebración de supuestas orgías en las que participaban las seguidoras fieles de Rosendo o los castigos físicos y psicológicos a los que estaban sometidas dentro de la organización son algunas de las denuncias que ha investigado la Guardia Civil durante dos años.

También la investigación se amplió a un posible delito de blanqueo en base a un informe de la Agencia Tributaria que se abrió a raíz de operación policial de la Guardia Civil que llevó al cierre de los dos falsos conventos religiosos en Pontevedra y Madrid que la secta utilizaba como centro de internamiento y para adoctrinar a sus seguidores.