Más de 100 dependientes reconocidos mueren al día sin llegar a recibir ninguna ayuda
Hay más de 310.120 personas con el derecho reconocido en las listas de espera del sistema de atención a la dependencia
Más de 100 personas dependientes fallecen diariamente sin llegar a recibir las prestaciones y servicios que la Administración les había reconocido. Fueron 38.000 durante 2017 y formaban parte de las listas de espera en las que hay más de 310.120 dependientes con derecho a la ayuda, según el XVIII dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, conocido este miércoles. Otras 120.000 están además pendientes de valoración.
El informe anual que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aclara que esas personas no fallecieron porque no hubiesen sido atendidos, "pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos". El fallecimiento es la principal causa de baja en el sistema, por la edad de los beneficiarios, como recoge el informe de 2016 de la Comisión para el análisis de la situación del sistema de dependencia, que cifró ese año en 40.647 las personas con prestación reconocida pendientes de recibirla. Para José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, este dato es "durísimo", porque supone la muerte cada 15 minutos de una persona de la que la Administración no se ha ocupado, mientras los recortes en el sistema se acumulan y suponen ya un quebranto de 2.700 millones de euros a las arcas de las comunidades autónomas, según sus cálculos.
Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que "este Gobierno está muy preocupado por las listas de espera, sobre todo en los casos en los que la persona dependiente fallece sin que haya recibido de las Comunidades Autónomas su correspondiente prestación", que sus datos oficiales sitúan en el 23,07% de los dependientes que han causado baja en el sistema. Las mismas fuentes inciden en que que se ha producido una reducción de 38.189 personas en las listas de espera en 2017 respecto a 2016.
La Ley de Dependencia establecía que el Estado debía aportar un 50% del presupuesto que las comunidades autónomas destinan a la ayuda a los dependientes, pero según el Observatorio, en 2017 el Gobierno puso el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante. La Administración General del Estado, se había comprometido a un nivel mínimo de financiación y otro acordado con las administraciones regionales. El primero se redujo en 2012 y ha permanecido congelado hasta finalizar el ejercicio de 2017, mientras el segundo fue suprimido ese mismo año y no se ha recuperado. Fuentes del Ejecutivo aseguran que "el Estado cumple con su obligación" y a la vez avanzan su intención de "recuperar el nivel mínimo de protección previo a la crisis económica". "La voluntad es que en 2020, hayamos recuperado todo aquello que se redujo, un 16,58%", añaden las mismas fuentes.
A esos casi 2.703 millones de euros que han dejado de percibir las comunidades autónomas, el Observatorio suma otros 1.895 millones de euros que el Estado se ha ahorrado al suprimir las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras familiares entre los ejercicios de 2013 y 2017. "Esto es gravísimo; el Gobierno de [Mariano] Rajoy ha asfixiado la dependencia con recortes inmisericordes", denuncia Ramírez, que recuerda además que del presupuesto acordado y aprobado para 2017, se dejaron sin gastar 44 millones de euros. El ministerio señala a las regiones para explicar esos 44 millones de euros y afirma que ejecutó el 96,51% del presupuesto "basándose en las certificaciones aportadas por las Comunidades Autónomas".
En 2017 había en España 1.264.951 personas en situación de dependencia, la mayoría (65%) mujeres y un tercio (35%) hombres. Pese a las listas de espera, el informe recoge una mejora en la mayoría de parámetros de gestión que analiza el dictamen anual del Observatorio. El Ministerio de Sanidad recuerda que en 2017 las comunidades han incorporado 89.267 personas beneficiarias con prestación cuando en los cinco anteriores (2011-2016) se incorporaron 126.977, lo que significa una media de 25.400 personas/año.
Ramírez advierte sin embargo de que el aumento del 9,34% en el número de personas atendidas (954.831) se debe al incremento de servicios de atención de más baja calidad, como la teleasistencia, a costa de la reducción de las prestaciones para el cuidado de familiares y la rebaja de las cuantías de estas. Con esta tendencia se puede crear un "sistema low cost de dependencia", alerta el presidente de las directoras y gerentes de Servicios Sociales.
Disparidades entre comunidades autónomas
Como cada año, el informe arroja grandes desigualdades en la gestión de las comunidades autónomas. A una persona dependiente más le vale residir en Castilla y León, que tiene una nota de 8,9 sobre 10, que en Canarias, que saca un 1,8. Si vive en Cataluña formará parte de las listas de espera más abultadas del país, donde un 37,1% de los que tienen los derechos reconocidos aguardan a recibir la ayuda de la Administración.
Ramírez denuncia la "desidia" y la "impericia" de los gobiernos autonómicos que han empeorado en el último año, como Extremadura (de 5 en 2016 pasa a 2,5 en 2017), Madrid (de 6,1 a 3,9) y Cataluña (de 3,9 a 2,5). A estas tres las han penalizado además con un punto menos por falta de transparencia. De Cataluña Ramírez subraya que "ha ido fatal porque no hay gestión" y esto se ha traducido en que primera vez Canarias no ha sido la región con mayores listas de espera.
En otras comunidades donde en 2015 se produjo un cambio de Gobierno, como Castilla-La Mancha -que ha pasado de 6,8 a 8,2 puntos-, se han registrado mejoras y se han incorporado más dependientes al sistema. Toledo ha escalado 1,4 puntos en la escala del Observatorio y se ha colocado en la segunda posición, superando a Andalucía y La Rioja, que han caído también. Ramírez insiste en que detrás de algunos de esos retrocesos está el impacto de los recortes y señala a Rajoy como "verdadero responsable". "Ha abandonado y dejado morir la ley de dependencia, y no es una metáfora", concluye.
Cómo consigue Castilla y León ser la mejor en atención a los dependientes (y Canarias, la peor)
Jesús Fuertes, secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, revela el secreto del éxito de su comunidad desde que el Observatorio de la Dependencia evalúa a las comunidades autónomas. Es una fórmula que en realidad no tiene misterios: "Desde el primer momento el Gobierno autonómico (PP) lo consideró una prioridad. Eso nos dió garantías presupuestarias incluso en los momentos más duros de la crisis".
La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, de Coalición Canaria, reconoce que las islas llevan un atraso histórico, que achaca al retraso de la comunidad autónoma en llegar a acuerdos con los Cabildos y los Ayuntamientos para la prestación de servicios. En Castilla y León empezaron a trabajar en construir esos consensos con corporaciones locales antes de que entrase en vigor la ley, a las que tuvieron que financiar desde el principio, para "llegar a todos los rincones de la comunidad". También buscaron acuerdos con agentes sociales y entidades que trabajan en el sector.
"Los recortes económicos enormes" durante la crisis es otra de las razones que señala da la consejera canaria para explicar su mala posición en el ránking del Observatorio. La austeridad también llegó sin embargo a Castilla y León, pero allí, según Fuentes, tenían una máxima: "El presupuesto se adapta a las necesidades, no las necesidades al presupuesto". Es decir, que cuando se acababa el dinero buscaban más, porque no dejaban de dar la ayuda a los dependientes. En su comunidad autónoma solo hay un 1,4% de personas a las que se les ha reconocido el derecho y están a la espera de empezar a disfrutar de los servicios de ayuda. En Canarias son el 36,6%.
"El cambio de tendencia en los dos últimos años es innegable", insiste en subrayar Valido. El dictamen del observatorio recoge ese impulso y Ramírez reconoce que "la consejera está preocupada y la comunidad lo haría bien si el presidente metiese la dependencia en la agenda pública". "Canarias está haciendo un esfuerzo muy importante", opina también Fuertes, que cuenta que en Castilla y León han recibido visitas de dirigentes valencianos, castellanomanchegos, gallegos, y también canarios, para interesarse por su modelo. El político ni juzga a otras comunidades ni da consejos, pero dice: "Si nosotros hemos podido, es porque se ha querido".
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