El líder de la secta de Los Miguelianos intenta anular el juicio en el que afronta 66 años de cárcel

A una semana de celebrarse el juicio contra el curandero Miguel Rosendo, el líder de la secta de Los Miguelianos, y después de dos aplazamientos consecutivos, su defensa ha presentado este jueves ante la Audiencia de Pontevedra un último alegato para intentar anular el proceso. En él, el líder espiritual se enfrenta a una condena de 66 años de prisión por los presuntos desmanes cometidos en la llamada “casa madre”, donde jóvenes monjas y sacerdotes eran adoctrinados para formar parte de la Congregación Orden y Mandato San Miguel Arcángel, en la localidad de Oia. La fiscalía le imputa a Rosendo hasta 21 delitos de asociación ilícita, abusos y agresiones sexuales, coacciones y contra la integridad moral, mientras la acusación particular que representa a exmonjas de la asociación, pide para Rosendo una pena de 85 años por las secuelas psíquicas que ha dejado a sus presuntas víctimas.

La defensa ha denunciado ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia un informe pericial una supuesta manipulación de pruebas que demuestra que desde el mismo día de la incautación de los equipos informáticos, en diciembre de 2014, mientras eran custodiados en dependencias judiciales, se rompió la cadena de custodia hasta el agosto de 2018. “Los peritos han descubierto accesos, modificaciones, documentos borrados, e incluso algunos dispositivos formateados, con registros de acceso durante este tiempo”, denunció uno de los letrados en una convocatoria ante los medios.

La Audiencia Provincial admitió el volcado como prueba anticipada y el acceso a la información de los ordenadores por parte de las defensas, pero estas denuncian que no han podido acceder al contenido en su totalidad, pese a que lo solicitaron hace más de un año pero le fue denegado reiteradamente, según explicó una de las letradas.

Se trata de pruebas esenciales para la defensa de los acusados, como comunicaciones, correos electrónicos, imágenes, vídeos y grabaciones que abarcan el día a día de la Asociación Pública de Fieles Orden y Mandato de San Miguel Arcángel que contaba con el respaldo del Obispado de Tui-Vigo hasta que Miguel Rosendo fue detenido en diciembre de 2014.

Para Beatriz Seijo, que comparte la defensa con el abogado madrileño Marcos García Montes, “no puede iniciarse el juicio oral mientras no se practique dicha prueba anticipada previa a las sesiones del juicio” y ha mostrado su disconformidad con la Administración de Justicia que “ha negado sistemáticamente, a lo largo de toda la instrucción, el acceso a los equipos incautados”, subrayó.

"De celebrarse el juicio oral", apuntó Seijo, "se declararía su nulidad, por lo que no tiene sentido su celebración mientras no finalice la práctica de la prueba, que incluye el análisis de la información para su incorporación en el proceso".

Junto al líder espiritual de la secta también se sentarán en el banquillo varios de sus presuntos colaboradores como las llamadas monjas o consagradas. Entre ellas está la exsuperiora de la Orden, Ivana Lima; la llamada fiscal de la congregación, Dolores E.L., otra religiosa de la confianza de Rosendo, Iría Quiñones. Además, el fiscal ha presentado cargos contra Esteban R. M., padre general de los consagrados y persona de confianza del líder; José Carlos A.M. y Belén E.F., ambos de la junta directiva. Para cada uno de ellos pide dos años de prisión por asociación ilícita, además de considerar al Obispado de Tui-Vigo como responsable civil subsidiario en las indemnizaciones que Miguel Rosendo tendrá que pagar a las víctimas.