Las familias se quejan de que la aplicación de la Lomloe acarrea desigualdades territoriales por el gasto en libros

La nueva ley educativa que comienza a implantarse este inicio de curso escolar contempla la introducción de nuevos libros de texto por el cambio de contenidos. Al igual que el resto de medidas, la reposición de los libros solo afecta a los alumnos de cursos impares. Las familias con niños que cursen un primero, tercero o quinto, han tenido que desembolsar una cuantía importante para comprarlos. Pero la cifra ha sido diferente dependiendo de la comunidad autónoma y, también, del centro educativo.

María Capellán, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), ha advertido este jueves de que los cambios normativos de la nueva ley no han sido aprobados a tiempo en algunas comunidades, que han dejado a sus centros educativos la libertad de elegir si se renuevan o no los libros de texto. Galicia, Asturias, Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana han apostado por una reposición total, acorde con lo esperado en la aplicación de la ley. Otras comunidades como Madrid, Cataluña, Castilla y León o Castilla-La Mancha han dejado la decisión en manos de cada centro educativo. Algunas familias han pagado, otras no han tenido que hacerlo.

La decisión tiene un impacto, en todo caso, muy distinto en el caso de las comunidades donde existe una amplia cobertura de los sistemas de banco de libros de texto gratuitos, que han ahorrado a la mayoría de las familias el gasto, como son Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid, La Rioja, Galicia, Extremadura y Aragón.

Leticia Cardenal, vicepresidenta de Ceapa, considera negativo en cualquier caso “que haya comunidades que han cambiado los libros totalmente”. La confederación considera que los libros son solo una herramienta más dentro del aula, y apuesta por la reutilización e inclusión de nuevos materiales para aprender los contenidos que son novedad en la Lomloe, así como por impulsar las iniciativas de los profesores, bibliotecas de aula y proyectos. “Si por lo menos se cambian a la vez, todas las familias están igualmente perjudicadas, pero esto está generado grandes desigualdades e incertidumbre”, ha protestado Capellán.

Que haya comunidades que permiten al centro educativo elegir no significa que haya habido un fracaso en la implementación de la ley. Según Ceapa, que representa aproximadamente a cinco millones de alumnos, implica que hay centros educativos o profesores que han “tenido en cuenta el momento que vivimos y no han querido generar un sobre coste a las familias”. “No necesitas cambiar los libros para garantizar el cumplimiento de la ley. Algunas consejerías han facilitado a los docentes el material de los nuevos contenidos en caso de que no quisieran cambiar los libros”, ha explicado la presidenta. De forma orientativa, la confederación ha afirmado que un libro que el año pasado costaba 38 euros, ahora ronda los 45.

Sin embargo, advierten de que la disparidad también se ha ampliado dentro de las comunidades que han concedido autonomía a los centros educativos. Dentro de un mismo municipio, hay padres que han tenido que comprar todos los libros y otros, en el centro de al lado, ninguno, dependiendo de la decisión del centro. Algunos solo han renovado una o dos asignaturas. Extremadura y Cantabria, por ejemplo, han obligado a los centros a ejercer una renovación parcial de los libros. “Se deja a la autonomía de centros determinar cuestiones que generan desigualdad”, ha expuesto María Sánchez, tesorera de la confederación. “Esto tiene que estar regulado por las administraciones. No puede ser que una comunidad autónoma tenga estas diferencias entre centros públicos”, ha concluido Cardenal.

“Recordamos que la Constitución Española dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, por lo que no valen excusas como la autonomía de centro o la libertad de cátedra para obligar a desembolsar ni un solo euro”, ha protestado Capellán, y ha añadido: “Nos estamos acostumbrando a que las familias paguen libros y materiales escolares sin que las administraciones apuesten por la gratuidad total, es inadmisible”.

A pesar de que, según Ceapa, el precio del menú no ha variado significativamente, han criticado las diferencias entre comunidades autónomas en la gestión de los comedores escolares. Tanto en el sistema de becas y ayudas para alumnado, como en la elaboración del menú o en el precio. Varían desde 3,78 euros en Asturias, hasta los 8,50 euros en algunos colegios de Baleares. La presidenta ha pedido unificarlos, porque “hay alumnado con escasos recursos económicos para quien la comida del comedor supone su única comida completa del día”. Salvo en algunos territorios, las macroempresas de catering son las encargadas de elaborar las comidas, lo que, a ojos de la confederación, supone una “merma de su calidad y cantidad en comparación con la comida que se sirve en comedores gestionados por las federaciones y las Ampa”.

Salud mental

Ceapa ha insistido también en la importancia de un plan específico de atención a la salud mental, que no existe “aunque la cifra de alumnos que padece algún tipo de afección mental se ha incrementado de manera desorbitada en estos dos años”.

La presidenta de la confederación ha reiterado que “no se ven suficientes recursos”, a pesar de la introducción de la nueva figura del coordinador del bienestar, que considera insuficiente. “Un coordinador por cada centro de mil alumnos no va a tener trato directo con los alumnos”, recalca. “Con los poquitos días que llevamos de curso todavía no sabemos qué programa van a llevar a cabo o cómo va a ser la atención de esta figura, pero la ratio de atención no tiene sentido”, concluía la vicepresidenta.