Cómo el ‘pasodoble’ impulsó la primera asociación de consumidores de España hace 50 años

El paso de la dictadura a la democracia en España requería impulsar la sociedad civil, amordazada durante décadas de franquismo. Además de partidos políticos y asociaciones vecinales, surgieron movimientos como la primera Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “Se legalizó en 1975 tras la muerte del dictador y en los primeros años no éramos más de unos cientos de socios”, explica Carlos Sánchez-Reyes, que ha sido su presidente durante casi tres décadas. En esa época la gente se quejaba en casa pero no sabía lo que era reclamar o defender sus derechos. Su primera gran victoria llegó solo cuatro años después con la lucha contra el pasodoble de Telefónica. EL PAÍS reúne al presidente histórico y a la actual portavoz, Ileana Izverniceanu, para conmemorar los 50 años de la entidad: “Hemos conseguido que se le pierda el miedo a las grandes empresas”, dicen.

Sánchez-Reyes, de 85 años, entró en la OCU desde sus inicios gracias a su fundador, Antonio García Pablos, ya fallecido, y fue presidente de 1981 a 1987, y luego de 1992 a 2015. “A finales de los 70, Telefónica cobraba las llamadas por pasos. En el verano de 1979 nos enteramos de que habían dividido Madrid en ocho distritos, con lo que llamar de un lado a otro de la ciudad suponía un doble paso, o pasodoble. Era una subida de las tarifas encubierta de casi el 100% y sin anunciarla”, señala.

De ahí salió uno de los primeros lemas fuertes de la OCU: “No al pasodoble telefónico”. Hicieron presión en los medios. Telefónica llegó a cortarles su línea particular por supuestos impagos. Pero al final, ganaron. “El Consejo de Estado dictaminó que era ilegal y tuvieron que dar marcha atrás. Fue un gran impulso desde el punto de vista de la imagen”, añade. Hasta The Economist sacó un reportaje sobre el tema por lo inusual de quebrarle el brazo a un monopolio estatal.

Izverniceanu asiente orgullosa. “Estos años hemos demostrado que el consumidor no está solo, que puede y debe defender sus derechos, pero todavía nos cuesta reclamar más que en otros países de Europa”, señala. En su caso, conoce la organización en profundidad porque ha trabajado en varios departamentos: entró como recepcionista en 1994 a partir de una oferta de trabajo que vio en el periódico, y pasó luego por el departamento jurídico y, más tarde, por el de relaciones con los medios. En los últimos años, se ha convertido en la cara más visible de la OCU.

El dirigente histórico explica cómo se ha llegado hasta aquí: “En los inicios los socios pagaban solo 100 pesetas anuales y era más bien algo militante. En esos años, intentábamos salir en los medios y crear conciencia de que se podía protestar contra los abusos, aunque era difícil”. Con la democracia llegaron unas pequeñas subvenciones. “Solo daban para pagar a dos personas, la OCU se mantenía por el empeño personal y los recursos de García Pablos”, continúa.

De hecho, el propio García Pablos asegura que impulsó la introducción en la Constitución de 1978 el artículo 51: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Pocas cartas magnas defendían entonces este derecho.

El salto de la OCU se produjo en 1980 cuando, auspiciados por la Asociación Belga de Consumidores, la entidad pone en marcha una revista —OCU Compra maestra, ahora renombrada OCU Contigo— para ofrecer información independiente sobre productos. “Con el consumo de masas, el consumidor se encuentra perdido y tienen necesidad de comparar productos y de que los expertos le recomienden algunos. Y está dispuesta a pagar por ello”, señala Sánchez-Reyes.

Con la revista hicieron socios y, con ellos, lograron la independencia económica. En estos años ha habido fluctuaciones: sube cuando hay acciones colectivas potentes, como la del dieselgate, y baja en otros momentos. La cuota ha pasado de aquellas 100 pesetas anuales a 29,8 euros al mes —aunque hay otras tarifas con más servicios—. “Ahora mismo hay 190.000 personas que pagan por información y asesoramiento”, reconoce la portavoz.

Miles de afectados por la colza

Como recuerda el presidente histórico, en estos años ha habido más luchas: “Uno de los casos más duros fue el fraude de la colza, en los 80: entró aceite de colza para uso industrial que llevaba tinte azul y unos desalmados trataron de quitarle el colorante con productos químicos para venderlo como aceite alimentario en mercadillos. Resultó ser venenoso y hubo miles de afectados. Nosotros hicimos socios de forma gratuita a los perjudicados”. Aquello demostró que no se estaba garantizando el derecho a la salud de los consumidores y ayudó a mejorar los controles alimentarios.

Izverniceanu rememora otros hitos: “En los 90 descubrimos un gran fraude en una serie de gasolineras de Madrid: te ponían menos gasolina de la que te cobraban. Les denunciamos y conseguimos parar esa estafa”. Mientras, “en 2013 analizamos hamburguesas y encontramos que dos marcas utilizan carne de caballo sin advertirlo”.

En cuanto a la normativa, ambos destacan el impulso que la entidad dio a la Ley de Defensa de los Consumidores de 1984, aprobada con Ernest Lluch al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo. “Fue una norma pionera que supuso un gran avance”, apunta Sánchez-Reyes. Quizá por eso, una sala de la sede madrileña de la OCU lleva el nombre del ministro socialista, asesinado por ETA. Izverniceanu tercia: “Ahora se ha reformado y ha incluido la definición del consumidor vulnerable, que tiene especial protección, algo fundamental de cara a los retos de futuro”.

¿Cuáles son? “Por un lado, la digitalización y las nuevas tecnologías, que están creando ciudadanos de primera y de segunda, y además genera riesgos de phishing [suplantación de identidad] y fraudes ante los que el consumidor está indefenso, sobre todo en el caso de las plataformas asiáticas. Por otro, en cuanto a los productos sostenibles y de kilómetro cero: los consumidores están cada vez más interesados, pero por ahora tan solo son para rentas medias y altas”, apunta la portavoz.

Desde el sofá de su casa, Sánchez-Reyes resume: “La OCU ha sido importante para crear un tejido cívico en España, que hacía mucha falta”. La portavoz concluye: “Seguimos siendo David contra Goliat, pero se ha democratizado la queja, la gente ha entendido que, con las asociaciones de consumidores, se puede vencer a una aerolínea, a un banco, a una telefónica o a una plataforma digital. Antes, los españoles solo se quejaban en el salón de su casa y ahora se ha perdido el miedo a reclamar”.