Un tribunal de Palma archiva la denuncia contra un trabajador social por agresión sexual a menores que fueron tutelados en los ochenta

La Audiencia Provincial de Palma ha dictado el sobreseimiento de la causa abierta contra un asistente social de la fundación Nazaret, dependiente del Obispado de Mallorca, acusado de una serie de agresiones sexuales reiteradas presuntamente cometidas en los años 80 contra un grupo de niños tutelados por la entidad. El tribunal ha admitido el recurso presentado por la defensa del denunciado al considerar que los hechos han prescrito porque la demanda se formuló 35 años después de que supuestamente hubieran ocurrido. Los delitos sexuales prescriben en un máximo de 20 años si la pena máxima de prisión aparejada es de 15 años o más y el plazo empieza a contar desde que se cometió el delito. En caso de que la víctima sea menor de 18 años, el plazo de prescripción se extiende de la mayoría de edad a los 35 años desde de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de mayo, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

La denuncia contra este asistente social, que ahora tiene 67 años, fue presentada hace casi dos años por el activista Antoni Estela, de 53 años, que relató una serie de agresiones sexuales que se daban por la noche en el centro de menores, así como abusos que se cometían en los tiempos de excursión y que se prolongaron durante más de una década y afectaron a multitud de niños. En la demanda se incluyó la identidad de otras seis personas que, según Estela, también sufrieron agresiones sexuales cuando eran menores a manos de este trabajador, que actualmente reside en Perú.

Estela ya había denunciado las presuntas agresiones en el año 2016, pero la demanda fue archivada porque habían pasado más de 35 años desde que sucedieron los hechos y la justicia los consideraba prescritos. En octubre de 2022, decidió confrontar a su presunto agresor y se desplazó hasta su vivienda en un barrio a las afueras de Palma, donde entonces vivía. Teléfono en mano y con dos personas que le acompañaron para atestiguar lo ocurrido, exigió al trabajador que le pidiera perdón por los abusos cometidos. “Igual pudimos hacer algo, hace 30 o 40 años, pero eso yo ya lo olvidé y ya me arrepentí de eso, me arrepentí, estuvo mal y por eso le pido perdón”, decía el denunciado, titubeante, en las imágenes grabadas por Estela y que posteriormente hizo públicas.

Ese reconocimiento de los hechos recogido en las imágenes era la prueba principal de la demanda que su abogado, Francisco Fernández Ochoa, presentó en los juzgados de Palma acompañado de un informe psicológico que probaba el estado traumático que la víctima estaba atravesando. El abogado avanza que no recurrirán el auto porque, al declararse la prescripción justo en la fase previa al juicio, no se valorará la prueba obtenida, como los vídeos con las declaraciones del denunciante, y que era el principal fundamento jurídico para llegar a juicio. “No compartimos esta decisión, pero la respetamos y el dictamen se hará firme”, señala el abogado, que considera que este tipo de casos demuestran que la prescripción debe modificarse porque considera que no sirve para los menores, ya que muchos no se deciden a denunciar hasta que crecen, maduran y asimilan lo que ha sucedido. “No es justo que el paso del tiempo esté a favor del agresor”.

La difusión del vídeo en el que Estela confrontó al pederasta hizo que algunos de los menores que en su día compartieron tiempo en la fundación con el agresor se pusieran en contacto con el denunciante para contarle que también sufrieron ataques a manos de este asistente social. Los menores que vivían en la fundación Nazaret estaban tutelados por el Estado y el Obispado de Mallorca ostentaba su salvaguardia y custodia de los menores porque las instalaciones son de su propiedad