El sí y el no, otra vez

Otra vez, como un castigo divino, los colombianos nos enfrentamos unos a otros para resolver el futuro inmediato de trascendencia nacional en medio de una polarización profunda. El sí y el no, lo que el periodista Roberto Pombo llamó una constante de nuestra historia para referirse a mis Memorias de un Pesimista (julio de 2020) como un símbolo más profundo de todos nuestros desencuentros desde la independencia. Para Pombo la polarización sigue alimentando la política de hoy como toda una metáfora de la vida colombiana desde sus orígenes republicanos, mientras el proyecto nacional se fue fragmentando y hundiendo en visiones irreconciliables y excluyentes del poder, de la cultura y del relato periodístico de la vida partidista.

La sorprendente e inadecuada propuesta del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular nos conduce irremediablemente al mismo sí y no que principió el 20 de julio de 1810, el día de la creación de la República conocida en la historia como la Independencia, proclamada 15 años antes de haberla conseguido: “Una ingloriosa guerra de montoneros”.

La consulta popular es una figura perfectamente definida en la Constitución, pero no como un recurso para preguntar al pueblo colombiano si un proyecto legislativo negado por el Congreso en su tercer debate es susceptible de aprobarse en una especie de mecanismo extraordinario de casación, poniendo al elector en aprietos para reemplazar al poder Legislativo del Estado. El florero de Llorente en ese día de la democracia del martes pasado fue la reforma laboral en la que los colombianos se dividen entre los que creen que dicha iniciativa busca restablecer derechos a los trabajadores y los que piensan que los cambios propuestos por el Gobierno podrían eliminar 451.000 empleos.

Según Fedesarrollo, centro de pensamiento de autoridad indiscutible, para un microestablecimiento comercial con tres trabajadores, la reforma supondría un incremento del 11,9% en el costo mensual de la nómina. No hay que olvidar que el 83% de las empresas formales en Colombia son microestablecimientos con hasta tres empleados. Esto significa que, desde el lado de la demanda, los microestablecimientos serían los más afectados por la reforma. Al encarecer el empleo formal y desincentivar su generación, los 13,3 millones de ocupados informales y 2,5 millones de desempleados enfrentarían mayores dificultades para acceder a empleos formales.

A esos parlamentarios que consideran erróneo producir ese fenómeno negativo para el empleo formal y votaron el hundimiento de la reforma, fueron a los que el presidente calificó de traidores del pueblo y autores del bloqueo institucional. El Banco de la República también metió la mano para advertir en su condición de organismo estatal consultivo que el país podría perder más de 450.000 empleos si se aprueba la reforma gubernamental.

No se puede negar que la fórmula escogida por el ministro Armando Benedetti para enfrentar la crisis que afecta al Gobierno ―agravada por el retiro del ministro Diego Guevara― de llevar a la calle el debate con miras a la jornada electoral del año entrante y regresar al sí y al no entre pobres y ricos, conduce a la conveniencia de no votar la consulta para que no alcancen el umbral exigido por la ley. Un cuestionario de preguntas inducidas al estilo Pambelé de si es mejor ser rico que ser pobre no es fácil de digerir. No olvidar que, en el último certamen entre el sí y el no, las mentiras fueron protagonistas principales de la contienda.