La defensa de Bolsonaro pide al Supremo que anule el principal testimonio del plan golpista

El expresidente Jair Messias Bolsonaro, de 70 años, ha decidido seguir en persona, desde primera fila, la deliberación en el Tribunal Supremo de Brasil sobre la denuncia que puede llevarlo a la cárcel. Decenas de miles de internautas también han seguido en directo, pero por YouTube, la vista en la que cinco jueces han empezado a discutir este martes si aceptan la denuncia del fiscal general contra el líder de la extrema derecha brasileña y siete de sus supuestos cómplices por urdir un golpe de Estado tras perder las elecciones. La defensa de Bolsonaro ha reclamado que el principal testimonio contra él —la confesión de su secretario personal— sea anulada porque, ha argumentado, fue fruto de la presión de la policía. Mientras comenzaba la sesión judicial en Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba en la otra punta del planeta, literalmente, en Japón, de visita oficial.

La presencia del principal acusado en el Supremo, en Brasilia, ha tomado por sorpresa incluso a la máxima corte. En la sala también, los hijos de algunas víctimas de la dictadura (1964-2985) que Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, siempre añoró. Este no ha hecho declaraciones al llegar al tribunal, pero sí antes. “Espero que hagan justicia. Estoy bien. No hay nada que se sostenga en las acusaciones sesgadas de la Policía Federal”, ha declarado a la prensa.

Los cinco jueces de la primera sala del Supremo continuarán sus deliberaciones este miércoles. Fiel a la tradición de transparencia de Brasil, las deliberaciones se retransmiten en directo en el canal del propio Supremo. La audiencia ha tenido picos de 30.000 personas.

La expectativa, según la prensa local, es que acepten y por unanimidad la denuncia contra lo que la fiscalía califica como “el núcleo crucial” de la asonada que culminó en el asalto a los tres poderes, en Brasilia, cuando Lula llevaba una semana en el poder. Ese grupúsculo estaba supuestamente liderado por Bolsonaro e integrado por un puñado de militares y comisarios de policía en puestos estratégicos del Gabinete y las Fuerzas Armadas. La denuncia es contra 33 acusados de conspirar para que Bolsonaro se mantuviera en el poder, pero la corte ha decidido empezar por los más relevantes para acelerar un proceso judicial que ya marcha más rápido de lo habitual.

Aunque las conductas que se les atribuyen difieren, todos están acusados de cinco delitos incluidos abolición violenta del Estado, golpe de Estado y daños al patrimonio, que suman 43 años. Si la denuncia contra Bolsonaro es aceptada, sería el tercer presidente tras la redemocratización en el banquillo. El primero por golpismo.

La denuncia apunta a que el anterior presidente (2019 y 2022) dirigió “una organización criminal basada en un proyecto autoritario de poder” que intentó mediante la fuerza o la amenaza de usarla perpetrar un golpe de Estado para garantizar su permanencia en el poder. Una “insurrección” que arrancó en 2021 para cuestionar el sistema de votación y en último término impedir el regreso al poder de Lula, según ha detallado el fiscal general, Paulo Gonet, en su exposición.

La defensa del expresidente ha argumentado que este “no participó en los hechos del 8 de enero [de 2023], incluso los repudió”. Ha recalcado que Bolsonaro facilitó el relevo entre los jefes militares de su Gobierno y el de Lula, lo que según su tesis descartaría cualquier ánimo golpista. Y para concluir ha pedido la anulación del testimonio en el que se apoya el grueso del caso —la confesión del ayudante de órdenes de Bolsonaro, el militar que hacía de intermediario en los contactos con la trama—.

Bolsonaro actúa como si pudiera concurrir a las presidenciales de 2026 aunque en realidad está inhabilitado hasta 2030 tras ser condenado en un caso de abuso de poder. Este mismo lunes, el ultraderechista insistió en que no tiene prisa por señalar un sucesor: “Yo solo paso el bastón después de muerto”, dijo en una entrevista.

Los abogados de los ocho acusados han coincidido en desvincular a su cliente de la intentona golpista, aunque sin intentar negar que ocurriera o su gravedad. “Vi por la tele los actos del 8 de enero y me asusté”, ha confesado el letrado del general Walter Braga Netto, el único de los denunciados con Bolsonaro que está en prisión preventiva.

El Supremo también decidirá ahora el destino del que fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro y ministro de Defensa, Walter Braga Netto; el ministro de Seguridad Institucional, el general Gustavo Heleno; el ministro de Defensa, el general Paulo Nogueira; el ministro de Justicia, el comisario Anderson Torres; el comandante de la Marina, el almirante Almir Garnier; el jefe del espionaje interno Abin, el comisario y actual diputado Alexandre Ramagem, y el secretario de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid. Varias de las defensas han criticado que la decisión la tome una sala de cinco jueces y no el pleno del Supremo y la falta de acceso a todas las pruebas, pero sus peticiones han sido todas rechazadas.

“El Supremo debe autorizar la acción penal contra Bolsonaro”, ha titulado su editorial de este martes Folha de S.Paulo. El de O Globo, que afirma que “la denuncia contra Bolsonaro es sólida”, destaca la importancia de que “el examen de la denuncia sea didáctico”, dada la gravedad de las acusaciones.

La deliberación se ha celebrado en uno de los edificios del corazón de la democracia brasileña que miles de bolsonaristas tomaron por la fuerza. Hasta ahora el Supremo se había centrado en castigar a los autores materiales del asalto, bolsonaristas de a pie. Casi 500 han sido condenados, la mitad de ellos a más de 10 años de prisión. Los aliados de Bolsonaro impulsan una ley de amnistía para los castigados por el asalto a Brasilia.