La cabeza debajo del ala

MIENTRAS SECTORES del Gobierno parecen deseosos de quitar importancia al frustrado golpe del jueves 16 de noviembre, el señor Fraga ha vuelto a escena, en un alarde de incalificable oportunismo, para convertir al ministro de Defensa en responsable de lo ocurrido, cuando, sin duda, los responsables son los militares complotados. Caso de confirmarse esa tendencia, la decisión del Gobierno de «desdramatizar» los acontecimientos de la semana pasada dejaría al señor Fraga las manos libres para su empresa de escalar la presidencia del Gobierno, no con la ayuda de los votos de los ciudadanos, sino gracias al miedo de la población. La nota enviada por el secretario general de Arlanza Popular (véase página 10) el día de ayer a diversas agencias informativas es uno de los documentos más carentes de valor cívico que han aparecido en nuestro país en los últimos años. Utilizando los eufemismos y tópicos más usados, este ilustre catedrático de Teoría del Estado, que se jacta de su decisiva contribución a la redacción del texto constitucional, transforma a las Fuerzas Armadas, de brazo defensivo de la nación, en «columna básica del Estado». Las gravísimas infracciones de la disciplina militar producidas durante la semana pasada son imputadas no a los culpables de esas acciones, sino a «la desastrosa política del Gobierno». Y, lo que es todavía más sorprendente, el ex ministro de la Gobernación del primer Gobierno de la Monarquía se permite criticar al ministro de Defensa sus contactos personales con las guarniciones. Todo ello para concluir, en una apoteosis de sinsentido, al dar a entender que es el teniente general Gutiérrez Mellado, y no los sediciosos, el responsable de esa división del Ejército.

El señor Fraga -que es ese mismo «teniente Fraga» que se ofreció a defender con su vida la plaza de Melilla después de propugnar la negociación con Marruecos para la solución pacífica de ese contencioso- no puede ignorar que esa absurda acusación implica, además de una incorrecta toma de postura en asuntos que conciernen a la estructura jerárquica de los Ejércitos y a la disciplina castrense, la negación del principio mismo sobre el que se basa un sistema democrático, pluralista y liberal: la subordinación del poder militar al poder civil, cuya legitimidad proviene de la soberanía popular. El teniente general Gutiérrez Mellado es, con independencia de su grado, el representante de ese poder civil ante las Fuerzas Armadas, que le deben acatamiento y disciplina como ministro de Defensa de un Gobierno, y no sólo como teniente general.

¿Y el Gobierno del presidente Suárez? La ofensiva contra el ministro de Defensa, que, cualesquiera que sean sus defectos o sus errores, ofrece una gestión pública globalmente elogiable, no tiene como único francotirador al señor Fraga. Otros muchos y muy poderosos intereses y ambiciones empiezan a ponerse en movimiento para derribar de la cúpula de las Fuerzas Armadas al hombre que ha demostrado, con los hechos, su compromiso de lealtad con las instituciones democráticas, y eso en un momento en el que es preciso reforzar al máximo la autoridad del ejecutivo frente a los ensoñamientos golpistas. Hasta ahora, la política,de tira y afloja, de cambalache y compadreo, de paños calientes y arreglos bajo cuerda han dado al señor Suárez indudables éxitos y buenos resultados. Nos tememos, sin embargo, que el tiempo en que todos podían ser complacidos y en que había globos para todos se está terminando. O el señor Suárez acaba con los enemigos del ministro de Defensa, que hoy por hoy son también los suyos y los de las instituciones democráticas, o esos implacables adversarios acabarán con él, con su Gobierno y con el sistema pluralista que la Constitución consagra. Tiempo habrá de relevar al señor Gutiérrez Mellado de su cartera ministerial, pero de ningún modo debe hacerse cuando un general vehemente le increpa en Cartagena por defender y explicar la Constitución que ha querido darse a sí mismo el pueblo español.

La más elevada magistratura de la nación, los partidos democráticos, la opinión pública nacional e internacional, millones de electores, las leyes, la decencia y la moral estarán detrás del Gobierno que ataque con decisión ese cáncer que amenaza con destruir nuestras libertades, nuestra paz y nuestro futuro. Los códigos están para ser aplicados y los tribunales para instrumentarlos. Los poderes discrecionales sirven para decretar ceses y nombramientos en los cargos de confianza. El Gobierno del señor Suárez se encuentra ante una grave responsabilidad histórica y política de la que depende no sólo su supervivencia, sino también la consolidación de la democracia en España. Puede afrontarla o renunciar a la tarea. Lo que no debe hacer, en ningún caso, es meter la cabeza debajo del ala, como el avestruz, y esperar a que pase la tormenta. Entre otras cosas, porque le va la cabeza en ello. Lo mismo que a la Oposición, que ya va siendo hora de que se pronuncie claramente sobre el tema.