Trabajo ha intervenido las mutuas General Agropecuaria, El Fenix Mutuo, El Porvenir, la Metalúrgica y la Ibérica

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha intervenido cinco mutuas patronales por irregularidades contables y de gestión. Las cinco entidades de previsión intervenidas son El Fénix Mutuo, General Agropecuaria, El Porvenir, la Metalúrgica y la Ibérica. Tras la inspección, parece muy difícil la supervivencia de algunas, mientras que en otras el Ministerio de Trabajo está estudiando levantar la intervención, al haberse logrado corregir las irregularidades detectadas. En este último caso se encuentra El Fénix Mutuo, tercera del país en volumen de cuotas recaudadas y cuyo presidente es Juan José Rosón. Luis García de Bias, secretario general de la Seguridad Social, se negó a confirmar el nombre de las mutuas intervenidas.

El Fénix Mutuo, una de las más importantes mutuas patronales del país, con un total de ingresos por cuotas que ronda los 2.000 millones de pesetas y más de 100.000 trabajadores asegurados, fue intervenida el 1 de julio de 1982. La entidad interpuso recurso, que fue estimado, contra la intervención. No obstante, la Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad Social, dadas las irregularidades detectadas, acordó la constitución de una comisión de estudio y seguimiento de la mutua patronal. Con fecha 21 de octubre de 1982, el interventor general de la Administración del Estado ordenó que El Fénix Mutuo adaptase sus estados financieros a los ajustados, que el Ministerio de Trabajo tomara las medidas necesarias y que la mutua remitiese mensualmente informe sobre sus actuaciones.El origen de la intervención arranca de la auditoría realizada en 1981. De ella se desprendía un grave déficit económico en la cuenta de gestión de El Fénix Mutuo que podría conducir al incumplimiento de sus obligaciones respecto al pago de las prestaciones derivadas de su colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo. El 20 de mayo de 1982 la Seguridad Social levantó actas de infracción por un total de 3.520.000 pesetas.

Las medidas adoptadas, según fuentes de la Administración, han dado como resultado una favorable evolución del estado financiero de la mutua, que con toda seguridad hará que la intervención se levante en fecha próxima. En la resolución de la crisis de El Fénix Mutuo, indicaron, ha intervenido activamente el nuevo presidente de la entidad, Juan José Rosón, que aceptó el plan de regularización propuesto por la Seguridad Social.

Apropiación indebida

La continuidad parece garantizada también para otra de las mutuas intervenidas, la Metalúrgica, con un total de ingresos por cuotas en torno a los 300 millones anuales y unos 10.000 trabajadores protegidos. La auditoría realizada sobre esta mutua puso en evidencia "una caótica situación contable", así como el descubrimiento de la posible apropiación indebida por parte de un antiguo directivo de unos 32 millones de pesetas. Las irregularidades detectadas -también se levantaron actas de infracción por un importe de más de cinco millones de pesetas- dieron lugar a la renovación de los órganos de gobierno de la entidad.En el caso de la Mutua General Agropecuaria -ingresos anuales por cuotas por importe de 1.300 millones de pesetas y más de 100.000 trabajadores protegidos-, las irregularidades -"algunas calificadas como muy graves por el ordenamiento jurídico"- se refieren a pago de fuertes comisiones, reducción indebida de cuotas, imputaciones contables defectuosas, constantes y excesivos gastos de administración, etcétera. La inspección de entidades de la Seguridad Social levantó actas de infracción por 3.400.000 pesetas y otra de liquidación de cuotas por 700.000 pesetas.

El Porvenir, con unos ingresos por cuotas que rondan los 100 millones de pesetas y poco más de 4.000 trabajadores protegidos, se encuentra en peor situación. Los gastos de administración y funcionamiento superan con creces los legalmente permitidos. En este caso se están estudiando posibilidades de absorción por otras entidades.

La Ibérica, creada en 1946 por represaliados políticos de izquierda que buscaron una cobertura para su actividad profesional, no ha sido excesivamente rigurosa en sus obligaciones con la Administración. En febrero de 1982 adeudaba a diversos organismos más de 76 millones de pesetas, y mediante un convenio establecido con la Seguridad Social se ha logrado reducir la deuda a 26 millones.