Los vitivinicultores piden más de 40,000 millones de pesetas de ayudas

Los vitivinicultores españoles han solicitado a la Administración ayudas por un volumen superior a los 40.000 millones de pesetas para paliar los daños ocasionados por las plagas que han afectado este año al cultivo. Los productores pretenden también que la Comunidad exima a España de las destilaciones obligatorias en la próxima campaña.

Según los datos manejados por el presidente de la Unión de Bodegas Cooperativas, Manuel Grande, las enfermedades provocadas por las condiciones climatológicas de los últimos meses, como el mildiu o el oidium, han afectado aproximadamente al 50% de los 1,6 millones de hectáreas de viñedo que existen oficialmente en España. Las superficies más dañadas corresponden a las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Valenciano, Aragón y Galicia, zonas donde se calcula que la producción se reducirá en un 70%. En otras comunidades como La Rioja, Cataluña, Extremadura y Andalucía, los daños han sido escasos. La producción estimada se eleva a solamente 22 millones de hectolitros, frente a los 40 millones de hectolitros de la campaña anterior.Según las bodegas cooperativas, las enfermedades han dañado gravemente las plantas, lo que hace indispensable un trabajo de recuperación y mantenimiento que requiere tratamientos muy caros. El coste de esta operación se valora, como mínimo, en unas 50.000 pesetas por hectárea, dineros que se pretenden conseguir de la Administración. Con una superficie afectada de 700.000 hectáreas, estas ayudas deberían ascender a unos 35.000 millones de pesetas. Para el mantenimiento de las plantillas en las bodegas e industrias de esas zonas, de acuerdo con la orden del 3 de marzo de 1988 del Ministerio de Trabajo, se estiman necesarios unos recursos de unos 5.000 millones de pesetas. Igualmente, se ha solicitado el aplazamiento de las amortizaciones de los créditos pendientes durante un año. Los productores reclaman a la CE que se les exima de la entrega obligatoria para la próxima campaña. En 1987, este tipo de entrega supuso unos 3.500 millones de pesetas de penalización para los vitivinicultores.

Según el presidente de la Unión de Bodegas, es indispensable una decidida política de ayudas por parte de la Administración para recuperar las plantas en las 700.000 hectáreas afectadas. En medios del sector se teme que muchos productores de zonas donde el viñedo es casi la única alternativa ante la necesidad de fuertes inversiones para recuperar el cultivo, puedan optar por la política más fácil de arranques y percibir las subvenciones más elevadas dispuestas a partir de septiembre por la CE.