Una urbanización en un encinar crea un grave conflicto entre ecologistas y políticos en cantabria

Las obras están ya en fase de cimentación. 144 apartamentos de la urbanización El Encinar, vendidos bajo el lema: "Fruto de la naturaleza", han levantado ampollas en Cantabria por su ubicación: un encinar de alto valor ecológico junto a la ría de Ajo y la playa de la Arena, en Arnuero. La organización ecologista Arca se ha querellado contra la diputación por presunta falsificación de documento público, el alcalde de Arnuero denunció a Arca, la juez de Santoña ordenó encarcelar a 13 ecologistas por encadenarse a las excavadoras, y Arca denuncia a los "alcaldes-constructores".

Las acusaciones son graves, y la prensa regional lleva un mes publicando noticias casi diarias. La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), uno de los movimientos ecologistas regionales más activos, afirma: "Hasta mediados de la década pasada, el paisaje. litoral de Cantabria se caracterizaba por su excelente estado de conservación, a excepción de algunos enclaves, como Laredo, Somo o Suances. Desde 1987, a partir de la entrada de Juan Hormaechea como presidente regional, la costa de Cantabria está sufriendo de forma sistemática el mayor expolio paisajístico de su historia".De manera anacrónica, el Gobierno autónomo, según Arca, "está arruinando las enormes posibilidades que posee Cantabria para ofrecer una oferta turística orientada hacia el turismo de naturaleza, rural, cultural y deportivo, de progresivo auge y demanda en los países occidentales, para implantar los graves errores urbanísticos realizados en el la costa del Mediterráneo".

Los ánimos se han exacerbado con la urbanización que ha empezado a construirse en un encinar junto a la ría de Ajo. La asociación Arca y un grupo de biólogos y naturalistas consideran esta zona -ría, playa, duna y bosque costero- como una de las más interesantes de Cantabria por su diversidad de paisaje, fauna y flora.

Primer paso ya dado

Los ecologistas acusan de que, a pesar de ello, el Ayuntamiento de Amuero calificó el año pasado 160.000 metros cuadrados de esta zona como "suelo urbano de baja edificabilidad" (20% de la superficie) y el resto como "suelo apto para urbanizar".

Esta "nula protección" puede suponer para los ecologistas la construcción de hasta 2.500 viviendas. "El primer paso ya se ha dado", señala José María Aramburu, de Arca, "con la inmediata construcción de 144 apartamentos".

La asociación ecologista que ha llegado a interrumpir un pleno municipal y un pleno de la Asamblea Regional, se ha querellado además contra la diputación regional por falsificación de documento para que la constructora Cenavi pudiera llevar a cabo esta primera fase de urbanización. Arca no está sola en sus reivindicaciones proteccionistas. El Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley solicitando la declaración de protección preventiva de la ría de Ajo. Izquierda Unida también ha denunciado el proceso de degradación de los valores ambientales y paisajísticos de la zona.

El alcalde de Arnuero, José Luis Rey, del mismo partido que Juan Hormaechea (UPCA), no se ha quedado atrás en las críticas. Para toda explicación remite al periodista a una reciente nota oficial suya que decía: "El modelo de ordenación de Arca se limita a una protección a ultranza, sin tener en cuenta los derechos de la propiedad y los derechos de la sociedad y del municipio a un desarrollo ordenado", y explica que esa postura puede tener efectos muy negativos: "La inmediata consigna que podría abanderar la propiedad privada sería la de destruir todo aquello que pudiera tener un valor ecológico, histórico o artístico, antes de verse sometidos al rigor del proteccionismo a ultranza". "Por ello", continúa el edil, "no haríamos un favor al medio ambiente si protegiendo hoy una pequeña zona de encinas, diésemos pie a que muchas otras fueran taladas o incendiadas por sus propietarios, antes de verse amenazados por la solución del proteccionismo radical".

Al final del comunicado, el alcalde "no duda en apoyar las decisiones hasta ahora adoptadas por la titular del Juzgado de Santoña". La juez había ordenado el ingreso en prisión durante tres días de 13 ecologistas.

Desde el Gobierno regional, la descalificación es también absoluta: "Los de Arca generalmente mienten", señala José Ramón Sainz, jefe de protocolo de la Oficina de Presidencia.

Eduardo Arce, director gerente de la empresa constructora Cenavi, dice: "Nos está perjudicando esta campana en contra, porque la gente va a pensar que nosotros somos los propietarios de todo el encinar, y que lo vamos a destrozar". Aclara que la finca adquirida es de sólo 26.000 metros cuadrados, y matiza: "Sólo vamos a edificar en 2.700 metros cuadrados, de los cuales más del 70% son prados y matorrales".