El Gobierno intentará mantener el impuesto a las energéticas pese al nuevo golpe en el Congreso

El Gobierno salva su paquete fiscal —que incluye el impuesto a las multinacionales y a la banca— y asegura que mantendrá el impuesto energético vía decreto, aunque asume que será complicado encontrar los apoyos necesarios para tramitarlo posteriormente en las Cortes. Así lo han trasladado fuentes gubernamentales después de que Junts y PNV respaldaran este jueves una enmienda del PP que deroga el gravamen, añadiendo la enésima fisura al ya resquebrajado bloque de investidura, en una sesión de alto voltaje en el Congreso.

El gravamen a las energéticas se aprobó en 2022 con un carácter temporal de dos años junto al impuesto extraordinario a la banca. Ambos se diseñaron ante una coyuntura inédita: unos precios energéticos disparados por el conflicto en Ucrania, que llevaron la inflación a sus cotas más altas desde los años ochenta y desencadenaron una repentina subida de los tipos de interés para contrarrestarla. Estas figuras pretendían gravar los beneficios extra conseguidos por los dos sectores a raíz de la subida de los intereses y los importes disparados de la luz, el gas y los carburantes.

El Ejecutivo intentó que ambos impuestos se negociaran en el paquete fiscal que el Congreso votó a finales de noviembre y al que ha dado luz verde definitiva este jueves. Pero el gravamen a las energéticas terminó siendo excluido del bloque de medidas tributarias antes las presiones de Junts y el PNV. Podemos, partidario de mantener este gravamen, arrancó entonces un compromiso al Gobierno para que prorrogara esta figura antes del 31 de diciembre y posteriormente se tramitara en las Cortes.

ERC, EH Bildu y BNG también han dado su apoyo para que el gravamen a las energéticas no decaiga, y fuentes parlamentarias de estas formaciones aseguran que se garantizará por decreto ley “que a 1 de enero exista un gravamen según lo acordado”. “El real decreto ley que se aprobará el lunes con el gravamen a las energéticas es el resultado de un acuerdo conocido públicamente desde hace semanas”, añaden. El Ejecutivo ha confirmado su intención de llevar el asunto al Consejo de Ministros del próximo lunes, pese a que admite que la posibilidad de que ese decreto sea posteriormente convalidado en el Congreso, para lo que se necesitaría el apoyo de PNV y Junts, es remota.

Exigencia de la izquierda

“Podemos va a exigir que los acuerdos que se alcanzan con nosotros se cumplan”, ha dicho la líder de Podemos, Ione Belarra, este jueves en el Congreso, antes de amenazar al Gobierno con una posible negativa a las cuentas de 2025, que el Ejecutivo aún no ha presentado. “Si el PSOE tiene que negociar con Podemos los Presupuestos Generales del Estado, tienen que saber que todos los acuerdos previos que se hayan alcanzado se han cumplido”, ha sentenciado, poniendo como ejemplo el bono social eléctrico y el impuesto a energéticas.

El portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, también ha exigido que se apruebe el tributo a las energéticas. Su formación, junto a ERC y BNG, había anunciado el miércoles que había llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para que la figura vigente se prorrogara vía decreto antes de final de año, para después tramitar el nuevo impuesto. “El 1 de enero va a haber gravamen a las energéticas”, ha dicho Matute. El representante de EH Bildu también ha buscado en su discurso ablandar la postura del PNV, recordando que el gravamen supone 67 millones de euros “que se recaudan y se quedan en haciendas forales vascas”.

Paquete fiscal

Al margen de este revés en el impuesto a las energéticas, que el Ejecutivo ya daba por descontado, en la sesión de este jueves también se ha definido definitivamente el paquete fiscal que introdujo el Gobierno en el proyecto de ley que traspone la directiva europea sobre el tipo mínimo del 15% a las grandes multinacionales. Este se tendría que haber aprobado a inicios de año, según marcaba el calendario comunitario —de hecho, Bruselas amenazó con una multa por la demora—, pero su tramitación se alargó para vincularla a una batería de medidas fiscales adicionales que también le exigía la UE a cambio de desbloquear el quinto tramo de fondos europeos.

El primer sí del Congreso al bloque de medidas llegó el pasado 21 de noviembre, aunque el resultado fue más descafeinado de lo que deseaba el Gobierno: las agónicas negociaciones con sus socios parlamentarios se saldaron con la caída de varias iniciativas a cambio de salvar otras. En las últimas semanas se produjo otro giro, pues el PP y Junts empezaron a acercar posturas en el Senado para apoyarse mutuamente en algunas de las enmiendas introducidas al texto salido de la Cámara baja. Una de ellas es precisamente la que ha tumbado el impuesto energético.

La formación independentista y el principal partido de la oposición también han conseguido sacar una rebaja del IVA a los productos de leche fermentada, como el yogur, que ahora serán de tipo superreducido (4%). Y otra para exonerar del pago de cuotas de la Seguridad Social a los entrenadores de equipos deportivos no profesionales.

El resto de iniciativas que habían superado los primeros exámenes parlamentarios han sido respaldadas. La primera es la introducción de un suelo de tributación para los grupos corporativos más grandes, aquellos que facturan por encima de los 750 millones de euros al año, lo que brindará según el Ejecutivo unos 2.600 millones adicionales en recaudación. Otro asunto medular para Hacienda que ha prosperado es el impuesto extraordinario a la banca: durará tres años y gravará a las entidades de forma progresiva en función de su cifra de negocios. Irá del 1% para las empresas más pequeñas hasta el 7% para las que ingresan más de 5.000 millones.

El resto de medidas del paquete que han recibido el respaldo parlamentario son una subida en el tipo de la base del ahorro en el IRPF —la que grava rendimientos generados por dividendos en acciones o depósitos, entre otros activos—. También queda aprobado un impuesto a los cigarrillos electrónicos y un incremento fiscal a las labores del tabaco, con una recaudación adicional estimada de unos 500 millones al año, y una corrección técnica para combatir los fraudes en el ámbito de los hidrocarburos, una iniciativa presentada por el PNV.

Otra corrección aprobada, de mayor calado, es la que afecta la reforma del impuesto de sociedades que llevó a cabo el anterior Gobierno del PP, cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del Ministerio de Hacienda. El Constitucional había tumbado varios de los cambios introducidos a la figura porque estos se tramitaron vía decreto. Las modificaciones más relevantes hacían referencia a la fijación de topes más duros para la compensación de bases imponibles negativas de las empresas y el endurecimiento de la reversión automática por quintas partes de deterioros del valor de participaciones.