El CGPJ, tras las críticas a la absolución de Alves: “El apoyo a las víctimas no implica renunciar a la presunción de inocencia”

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido este martes al revuelo suscitado tras la absolución del futbolista Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado hace un año. El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha acordado por unanimidad una declaración institucional en la que advierte de que la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores “forma parte de la normalidad del Estado de derecho”, y muestra su apoyo a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que revocaron la condena previa del futbolista a cuatro años y medios de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona. “La protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental”, señala el texto aprobado por el CGPJ.

La declaración consensuada por la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, y los 20 vocales no cita expresamente a María Jesús Montero, quien el pasado fin de semana calificó de “vergüenza” la sentencia absolutoria de Alves y cuestionó que la presunción de inocencia prevalezca “sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas”. No obstante, fuentes del órgano señalan que el comunicado es una respuesta a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. El texto que ha salido adelante por unanimidad ha sido propuesto por Perelló, después de que los vocales conservadores presentaran una versión mucho más dura que la mayoría de los progresistas se negaron a apoyar. Entretanto, el Gobierno ha respaldado a la número dos del Ejecutivo y del PSOE, muy criticada por sus palabras en un acto de los socialistas andaluces, federación en la que ha relevado a Juan Espadas como secretaria general. “Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia, en este caso de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año”, ha salido en defensa de Montero la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. “El respeto [por las resoluciones judiciales] tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas”, ha remachado.

La versión definitiva es bastante genérica para evitar entrar en un choque con el Gobierno, como ocurrió con frecuencia durante el mandato del anterior CGPJ. El comunicado de este martes se centra en apoyar a los magistrados que han firmado la absolución de Alves y reivindicar la presunción de inocencia. “El sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales”, advierte el Consejo.

El pleno reivindica también “la profesionalidad y capacitación técnica” del los jueces que han intervenido en el caso, tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y solo envía un mensaje de prudencia para los políticos: “Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, afirma el Consejo, cuyo pronunciamiento llega un día después del suscrito por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que reaccionaron a las palabras de la ministra exigiendo “responsabilidad institucional”. Las críticas compartidas por la oposición y jueces y fiscales han forzado al Gobierno a salir por segundo día cerrando filas con la vicepresidenta primera. “Este Gobierno siempre ha manifestado su respeto a todas las resoluciones judiciales”, ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha observado que “no solo las autoridades que forman parte del poder ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial, deben explicar muy bien” sus declaraciones y resoluciones y más en el caso concreto de fallos como el del caso Alves “con la finalidad de una sensibilización máxima a la sociedad, hacia las víctimas de la lacra de la violencia contra la mujer”. El ministro, que fue vocal del CGPJ y presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha incidido en la atención que las administraciones tienen que dedicar a unas resoluciones “de una sensibilidad social máxima” como la del caso Alves para que las víctimas de violencia sexual “no se sientan desprotegidas” para que “no pierdan la confianza de las instituciones”.

Nuevo aplazamiento de las presidencias de sala clave del Supremo

Por otra parte, la presidenta del CGPJ ha vuelto a retirar del orden del día del pleno la presidencia de las dos salas clave del Tribunal Supremo, que ella misma había decidido incluir para sorpresa de la mayoría de los vocales, ya que los dos grupos, el conservador y el progresista, no han llegado a un acuerdo sobre quién quiere que ocupen esas plazas ni se atisbaba la posibilidad de un pacto a corto plazo porque no había una negociación formal en marcha. Es la segunda vez que Perelló incorpora al orden del día la votación de las presidencias de la Sala Segunda (Penal) y Tercera (Contencioso-Administrativo) para después sacarlas ante la ausencia de pacto. Fuentes del órgano señalan que la presidenta y los vocales han acordado que los dos bloques negociarán en las próximas semanas para que ambas presidencias puedan votarse en el mes de abril o, como tarde, en mayo.

Perelló ya retiró del orden del día la presidencia de la Sala Segunda y Tercera en febrero pasado, después de que los grupos progresista y conservador pactaran el nombramiento de casi 40 altos cargos judiciales, entre ellos las presidencias de la Sala Primera y Cuarta del Supremo, pero no lograran un acuerdo sobre las dos salas consideradas clave, cuyas presidencias también está vacante y que Perelló había incorporado al orden del día. En el caso del pleno de este martes, la decisión de Perelló ha sorprendido aún más si cabe a los vocales, ya que no ha habido en los últimos días ninguna negociación entre los grupos que pudiera desembocar en acuerdo para esas plazas. Fuentes del órgano interpretan ese movimiento de la presidenta como un intento de presión a los vocales para que aceleren la negociación, pero algunos miembros consultados temen también de que la reiteración de esta situación dañe la imagen del órgano.

Miembros del Consejo admiten su desconcierto por los movimientos de la presidenta e incluso algunos vocales progresistas advierten de cierto malestar porque Perelló se está desmarcando de la postura que mantiene la mayoría de vocales de este sector, que defiende la candidatura de Ana Ferrer para la Sala Segunda (Penal) y de Pilar Teso para la Tercera (Contencioso-Administrativo). Los progresistas defienden sus candidaturas por sus currículos, pero también por ser mujeres, una cuestión que ha centrado el debate de los nombramientos porque la ley de paridad que entró en vigor en agosto pasado establece que ningún sexo puede tener una representación inferior del 40% “en los puestos de representación y decisión”.

Perelló, sin embargo, según aseguran fuentes del órgano, no defiende ninguna de estas dos candidaturas y se muestra partidaria de nombrar a los dos candidatos de los conservadores, Andrés Martínez Arrieta en la Sala Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderado. La intención de la presidenta, según varias fuentes, es que el pleno vote a ambos, lo que supondría una cesión por parte de los progresistas que la mayoría de vocales de este grupo no está dispuesto a aceptar.

Estas designaciones necesitan un mínimo de 13 votos, una cifra que no reúne ninguno de los dos bloques, por lo que hace falta llegar a un pacto para cada plaza. Vocales consultados de ambos sectores coinciden en destacar su voluntad de negociación, pero mantienen posturas opuestas que, admiten, pueden hacer naufragar cualquier posibilidad de consenso.

La estrategia de los conservadores, a falta de acuerdo para que salgan adelante sus propuestas, es aparcar la designación de estas dos presidencias porque ambas salas están ya presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal. Este sector se niega a entrar en una negociación que implique aceptar a una de las dos candidatas propuestas por los progresistas, a quienes los conservadores ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno.

El pleno sí ha acordado por unanimidad el nombramiento de Jesús María Chamorro González como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Celso Rodríguez Padrón como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Manuel Luna Carbonell como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. En su sesión de hoy, el órgano de gobierno de los jueces ha realizado otros 18 nombramientos, todos ellos por unanimidad y correspondientes a 2 presidencias de salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de distintos Tribunales Superiores de Justicia, a las presidencias de las Audiencias Provinciales de Zamora y de Huelva y a cuatro cargos de la jurisdicción militar.

Con las designaciones realizadas hoy, el CGPJ ha realizado un total de 102 nombramientos -tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción militar- desde el comienzo de su mandato el pasado 25 de julio.