La secretaria de Seguridad de Trump advierte a los migrantes desde la megacárcel de Bukele: “Los vamos a cazar”

La famosa megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde los presos no pueden salir al exterior y nunca tienen visitas, ha recibido una de altísimo perfil este miércoles. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump, se ha paseado por las instalaciones de la cárcel y se ha reunido con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como parte de su visita al país centroamericano, en el inicio de una gira que también la llevará a Colombia y México. En esta primera etapa del tour latinoamericano, Noem ha exhibido su alianza con Bukele justamente en el lugar donde se encuentran los más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos a mediados de marzo por supuestamente pertenecer a la pandilla conocida como Tren de Aragua, desafiando la orden de un juez para detener el traslado.

Después de su recorrido junto al ministro de justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, por la prisión de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos, Noem se dio la vuelta para darle la espalda a una de las grandes celdas con literas de tres pisos desde donde decenas de hombres con las cabezas rapadas y cuerpos llenos de tatuajes la miraban fijamente. Con ese fondo, grabó un vídeo que luego subió a su cuenta de X: “En primer lugar, quiero agradecer a El Salvador y a su presidente su alianza con Estados Unidos para traer a nuestros terroristas aquí y encarcelarlos”, dijo, antes de lanzar una advertencia clara: “También quiero que todo el mundo sepa, si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias a las que se pueden enfrentar. Sepan que esta instalación es una de las herramientas a nuestra disposición que usaremos si cometen crímenes contra el pueblo estadounidense”. El vídeo iba acompañado de un texto para reforzar la idea, por si no quedaba clara: “Si no se van, los vamos a cazar, arrestar, y podrían terminar en esta cárcel salvadoreña”.

Un poco después, ya con blazer y sin la gorra de las excursiones, Noem firmó un memorando de cooperación para actualizar oficialmente su alianza en materia de seguridad. Según lo anunciado, el acuerdo asegura el intercambio de información y expedientes de fugitivos para que no se suelten por error criminales salvadoreños en Estados Unidos.

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Kristi Noem en el CECOT

La visita se ha producido 10 días después de la deportación de 238 venezolanos a El Salvador que ha desatado una guerra con los tribunales. Como tanto de lo que rodea a Donald Trump, todo comenzó con una amenaza consumada. La Administración del republicano probó las costuras jurídicas y los límites del poder ejecutivo e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros —que se remonta a 1798 y solo ha sido usada tres veces antes en la historia, siempre en tiempos de guerra— para acelerar las deportaciones de ciudadanos extranjeros bajo la justificación de que hacen parte de una fuerza invasora de otro país. Al poco tiempo, envió dos aviones llenos de ciudadanos venezolanos indocumentados y supuestamente pertenecientes al Tren de Aragua a El Salvador, a ser encarcelados junto a miles de pandilleros salvadoreños —y muchos inocentes, de acuerdo a familiares y defensores de derechos humanos— en el CECOT. Prácticamente al mismo tiempo, el juez federal James E. Boasberg, del Distrito de Columbia (Washington), dictó el bloqueo temporal de la aplicación de la norma; lo cual debería haber obligado a los aviones a permanecer en tierra o, si ya estaban en el aire, como argumenta la administración, a volver a territorio estadounidense.

Al final, los vuelos llegaron a su destino, donde fueron recibidos por el presidente Nayib Bukele, que publicó en sus redes sociales un vídeo digno de Hollywood de los deportados con grilletes y siendo rapados en su traslado a la cárcel. También contestó a una noticia que contaba cómo el Gobierno había desafiado las órdenes de un juez con un desafiante: “Oopsie…Too late” (ups, demasiado tarde).

Un poco más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, aportó más claridad con un mensaje propio acompañado de tres emoticonos: la bandera de El Salvador, la de Estados Unidos y dos manos estrechadas. El mensaje de Rubio dice: “Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13 [Mara Salvatrucha, la más importante pandilla salvadoreña] y a 21 de sus miembros más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió el presidente de Estados Unidos, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, a quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo [20.000 dólares anuales por preso o seis millones de dólares anuales, según diferentes estimaciones] que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. El presidente @nayibbukele no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de Estados Unidos. ¡Gracias!”.

El episodio desató numerosas controversias. La batalla legal en Estados Unidos, en la que dos jueces han sostenido la orden original de Boasberg y uno incluso ha dicho que a los nazis deportados bajo esa misma ley fueron tratados mejor, parece que va rumbo al Tribunal Supremo. Algunos familiares de los detenidos han asegurado haberlos reconocido en las imágenes divulgadas y han reclamado que no pertenecían a ninguna pandilla, lo cual apunta a que fueron incorrectamente identificados como pandilleros solo por estar tatuados. Además, el Gobierno venezolano anunció que volvería a recibir vuelos de deportados desde Estados Unidos y un bufete de abogados que dice haber sido contratado directamente por la Vicepresidencia de la República de Venezuela, presentó este lunes un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para exigir la liberación inmediata de los 238 venezolanos deportados.

Los venezolanos están en un limbo legal actualmente, pues ya no figuran en los registros del sistema migratorio estadounidense y tampoco han sido acusados de nada ni han visto un juez en El Salvador. El país centroamericano, además, no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, así que los migrantes deportados tampoco cuentan con representación consular.